Quienes trabajamos en emergencias nos hemos planteado en más de una ocasión si seríamos capaces de responder a una situación con múltiples víctimas: accidentes ferroviarios como el de Adamuz, fenómenos naturales como una dana o atentados terroristas como el 11-M. Durante años, esta reflexión se hacía desde una óptica individual, preguntándonos si estaríamos preparados profesional y emocionalmente para una intervención de tal magnitud. Hoy, sin embargo, la pregunta ha cambiado de sujeto: ¿está preparado el sistema de emergencias de Osakidetza para afrontar un incidente de estas características?

Según los propios protocolos de Osakidetza, un accidente como el de Adamuz está catalogado como incidente de Grado IV, lo que implica la movilización inmediata de cinco ambulancias avanzadas medicalizadas, cinco ambulancias avanzadas enfermerizadas y siete ambulancias básicas. La realidad, sin embargo, dista mucho de ese escenario teórico. A las 19.45 del 18 de enero de 2026, el 60% de todas las ambulancias de Bizkaia se encontraban ocupadas y, durante los primeros treinta minutos del incidente, solo siete ambulancias permanecieron totalmente disponibles en todo el territorio: cuatro básicas (Bermeo, Lekeitio, Gernika y Zalla), dos avanzadas enfermerizadas (Markina y Karrantza) y una medicalizada (Artaza). Siete recursos disponibles frente a los diecisiete que marca el protocolo.

En términos porcentuales, la fotografía es todavía más alarmante. Un accidente como el ocurrido en Andalucía supondría en Bizkaia la movilización del 27% de las ambulancias básicas, el 71% de las ambulancias enfermerizadas y el 125% de las ambulancias medicalizadas disponibles en todo el territorio histórico. Sí: Bizkaia cuenta únicamente con cuatro ambulancias medicalizadas para más de un millón de habitantes. En conjunto, un solo incidente de este tipo necesitaría cerca del 45% de todos los recursos de emergencias sanitarias. Y esta situación se da en un contexto en el que, durante la mayor parte del día, la ocupación de ambulancias oscila entre el 60% y el 80%, alcanzando con frecuencia el 100% en comarcas enteras.

El sistema funciona permanentemente al límite. En los últimos años, la actividad asistencial en emergencias ha aumentado en torno a un 30%, lo que se traduce en ambulancias que encadenan servicios durante horas por lo que otras muchas emergencias quedan en espera hasta que algún recurso se libera. En la práctica, hemos perdido cualquier margen de respuesta ante situaciones extraordinarias.

Y es que el tipo de trabajo que se realiza hoy en día ha cambiado sustancialmente en los últimos años. El envejecimiento de la población, el aumento de pacientes crónicos y el incremento de las urgencias psiquiátricas han multiplicado la carga de trabajo. A ello se suma una ciudadanía cada vez más demandante, alentada por políticas sanitarias complacientes, que reclama atención inmediata para patologías que no son urgentes o que exige traslados hospitalarios para evitar el uso de transporte público o privado. Además, la falta de inversión sostenida en servicios de proximidad −Atención Primaria, hospitalización a domicilio o cuidados paliativos− ha convertido a las emergencias sanitarias y a las urgencias hospitalarias en la nueva puerta de entrada al sistema sanitario.
El resultado es un desgaste silencioso pero constante, invisible hasta que ocurra una tragedia. Nadie aceptaría que, al incendiarse su vivienda y llamar al 112, se le respondiera que todos los bomberos están ocupados y debe esperar. Sin embargo, esa es hoy la realidad cotidiana de las emergencias sanitarias en Euskadi, especialmente en Bizkaia.

Invertir es urgente, pero no de cualquier manera. Es necesario hacerlo con una verdadera perspectiva sanitaria, alejándose de titulares complacientes. Reorientar el sistema hacia una atención eficaz de proximidad para pacientes crónicos y de alta demanda asistencial es imprescindible para evitar el colapso tanto de las urgencias hospitalarias como de la emergencia sanitaria. Del mismo modo, es imprescindible dimensionar adecuadamente los servicios de emergencia, garantizando que estén disponibles y preparados para responder ante cualquier catástrofe, y no utilizarlos como el coche escoba que suple las carencias estructurales de Osakidetza en otros ámbitos asistenciales y de los servicios sociales.

No rectificar esta dinámica de falta de recursos de emergencias disponible no es solo mala gestión, es una decisión política deliberada. Es la aceptación implícita del Gobierno Vasco que asume el riesgo de que quizá mañana no lleguemos a tiempo porque, cuando un sistema de emergencias funciona permanentemente al límite, la catástrofe deja de ser una posibilidad y pasa a ser una cuestión de tiempo.

Así, la pregunta que se hace hoy toda la plantilla de emergencias no es si estamos preparados para una catástrofe; es cuantas advertencias más serán necesarias antes de que suceda.