Gontzal Fontaneda

¿Euskadi en contra del euskera?

En el yacimiento de Iruña-Veleia aparecieron en 2005, entre otras cosas, unas piezas con inscripciones en euskera. Los arqueólogos las dataron en el siglo III.

A pesar de que quizá sea el hallazgo más importante del País Vasco, la Diputación Foral de Álava, con la colaboración de la Universidad del País Vasco, resolvió en 2008 que dichas inscripciones eran falsificadas y expulsó a los arqueólogos del yacimiento. Después, en 2009, presentó ante el Juzgado de Vitoria una querella en su contra.

¿Desde cuándo los políticos están capacitados para resolver un asunto científico, de qué siglo son unas inscripciones, en vez de hacerlo los laboratorios científicos?

El resultado salta a la vista: la Diputación Foral de Álava y el Juzgado de Vitoria llevan seis años sin aclarar la polémica, ya que nadie ha oído el euskera del siglo III. Sin embargo, ahora, oír no, pero existe la posibilidad de leer el euskera del siglo III, en el caso de que las inscripciones sean auténticas.

Para ello, un laboratorio científico tendría los resultados en el plazo de un mes; del mismo modo que, por ejemplo, resuelven de un día para otro los casos de dopping de los deportistas. Y una vez que ha hablado la ciencia, la Diputación, la Universidad, la juez y los lingüistas harán lo que tengan que hacer.

Este asunto no es solo un problema de los arqueólogos imputados, ni un problema de Álava, sino que es un problema de todo el País Vasco, puesto que están en peligro unas posibles pruebas de la historia del euskera.

Este hallazgo arqueológico, a pesar de estar en litigio, ha estado desde siempre en poder de la Diputación, en manos de la querellante, de la parte contraria a su veracidad.

De hecho, algunas piezas han sido manipuladas, ya que su apariencia actual es diferente de la que tenían en las fotografías que se hicieron al principio.

¡Ojalá no sufran ningún accidente!

    Los arqueólogos pidieron siempre que se les hicieran análisis científicos a las piezas. Por el contrario, la Diputación nunca ha querido que se hagan las pruebas que sirvan para datar las inscripciones, argumentando que no son necesarias, “porque las inscripciones son falsas”.

Se aportan solo opiniones para “probar las pruebas”:

Caso hipotético. Una mujer presenta una querella en el Juzgado contra un hombre, imputándole la paternidad del hijo de ella. El hombre niega su paternidad. El niño tiene un gran parecido con el hombre.

En la declaración ante la juez, el hombre pide que, para resolver el caso, se hagan análisis genéticos al niño y a él. La mujer se opone a dichos análisis, aduciendo que no son necesarios, que son una pérdida de tiempo y dinero, “ya que el niño es hijo del hombre”. ¿El niño es hijo del hombre o no?

Caso real. La Diputación presenta una querella ante el Juzgado contra el director de un yacimiento, imputándole que las inscripciones que han encontrado son falsificadas. El director niega la falsificación. Las inscripciones chocan con las opiniones de algunos expertos.

En la declaración ante la juez, el director pide que, para resolver el caso, se hagan análisis científicos a las inscripciones. La Diputación se niega a dichos análisis, aduciendo que no son necesarios, que son una pérdida de tiempo y dinero, “ya que las inscripciones son falsas”. ¿Las inscripciones son falsas o no?

Los arqueólogos hicieron también desde el principio otra petición: que se hiciesen catas controladas para seguir buscando más piezas. En cambio, la Diputación, tras expulsar a los arqueólogos, dio la dirección del yacimiento a un profesor de arqueología de la Universidad del País Vasco. Este nuevo director no ha hecho catas controladas, ni mucho menos.

Sorprende, por un lado, que un yacimiento que está en pleito, que, digamos, es el “escenario del crimen”, esté abierto y se esté trabajando; y por otra parte, que el nuevo director sea coautor en 2008 de dos informes que daban por falsas las inscripciones. Como anécdota, dichos informes los presentaron tarde, quince días después de que la Diputación hubiera tomado ya la decisión.

Este nuevo director, nada más de hacerse cargo del yacimiento, utilizó una máquina excavadora para retirar 6.000 m3 de tierra, ¡nada menos que una máquina excavadora! ¡toda una excavadora en un yacimiento arqueológico! ¡y encima en litigio! Si hubiera habido más pruebas, todas se habrían perdido para siempre.

Por otro lado… ¿y si ahora aparecieran más piezas?

¡Por fin! En 2012 surgió la esperanza de que llegaban los analisis científicos: la juez ordenó investigar unas piezas al Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). Pero el informe ha resultado un fiasco.

Unas piezas cerámicas del siglo III quedaron sepultadas al derrumbarse un edificio. Más tarde toda la ciudad de Iruña-Veleia abandonada fue devastándose y poco a poco cubriéndose de tierra y al final la ciudad quedó enterrada. Con el paso de los siglos, por efecto de los componentes de la tierra, a la superficie de aquellas piezas sepultadas se les fue adhiriendo una costra.

1.800 años más tarde, en 2005 los arqueólogos descubrieron aquellas piezas. Y cuando presentaron públicamente el hallazgo, las inscripciones de aquellas piezas, algunas en euskera, se vieron envueltas en una polémica tal, que terminaron en el Juzgado de Vitoria en 2009.

Tres años más tarde (¡tres años después de que lo pidieran los arqueólogos imputados!), por fin la juez ordenó al IPCE que hiciera un análisis científico de algunas piezas. El informe del IPCE, en cambio, ha sido inútil: dice que ha encontrado metales modernos en la superficie de algunas piezas. (!?)

Si se hubiera encontrado un metal moderno bajo la costra, la costra habría sido posterior al metal; por lo tanto, el metal y la costra habrían sido hechos en la actualidad: habrían sido falsos.

Pero, como las huellas de los metales se han encontrado en la superficie de la cerámica o en la superficie de la inscripción o en la superficie de la costra, la cerámica, la inscripción y la costra son anteriores al metal: no hay ninguna prueba de falsedad.

Todos los metales y otras huellas quedan en la superficie de las piezas por labores de muchos tipos: antes, desde que se desenterraron, al lavar las piezas, al medirlas, al quitar trozos de costra para poder leer mejor una inscripción semioculta, al fotografiarlas, al transportarlas; posteriormente, al hacer las pruebas que haya mandado la Diputación, etc.

De todos modos, en este caso tampoco se pueden datar las piezas; para ello el IPCE tendría que haber hecho lo que le ordenó la juez: la analítica científica a la cerámica, a las inscripciones y a la costra encima de las inscripciones. Pero el IPCE no ha obedecido a la juez, sino que solo ha hecho una exploración de la superficie.

    En este tema lo más grave es la situación de los arqueólogos imputados: siguen en paro (¡claro!) tras ser durante estos seis años criminalizados por la Diputación de Álava, por la Universidad del País Vasco y por la mayoría de los medios de comunicación vascos, aunque ni el fiscal ni la juez hayan presentado acusación alguna. Antes o después puede que aparezca en algún lugar algo que acredite las inscripciones actuales, pero mientras tanto es una injusticia hacerles soportar esta situación, sin haber sido acusados. Como en otros casos, cuando un político no tiene capacidad para resolver un problema (¿problema de quién?), en vez de dejar trabajar a la ciencia, lo manda al Juzgado… y échale un montón de años. Parece que el caso está estancado después de seis años, a la espera de que la juez decida si hay o no hay causa, si acusa o lo archiva. Esto sería lo más justo, porque no hay caso.

1.-Para decidir que las inscripciones eran falsas, La Diputación Foral de Álava no se basó en las pruebas físicas que tenía, las piezas arqueológicas, sino en teorías. La Diputación no quería que se hicieran los análisis para resolver de qué época eran, tal y como pedían los arqueólogos, sino que se basó en informes con teorías de algunos expertos.

Además, no es cierto que se basara en esas teorías, porque el día que tomó la decisión, a la Diputación solamente había entrado el informe de un lingüista; todos los demás, a favor y en contra, le llegaron después de tomar la resolución.

2.-Las piezas no tienen validez jurídica porque, en vez de permanecer bajo la custodia del Juzgado, han estado siempre en poder de la Diputación, y han sido manipuladas.

3.-El informe del IPCE no resuelve la veracidad o falsedad, ya que, en lugar de cumplir la orden expresa de la juez, no ha hecho más que explorar la superficie.

Para reivindicar el fin de este cúmulo de sinsentidos, la plataforma SOS Iruña-Veleia convoca una concentración silenciosa todos los jueves a las 20:00 horas delante del palacio de la Diputación Foral de Álava.

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