En el preámbulo del proyecto de la Ley Vasca de Educación se habla de la necesidad de adaptar el sistema educativo a las nuevas circunstancias y necesidades de la actual sociedad vasca. De un modo complaciente con lo que hasta ahora se ha hecho en materia de educación a lo largo de las diferentes legislaturas, se nos dice que gracias a las anteriores leyes se ha logrado la inclusión plena del alumnado. No se entiende muy bien cómo se concilia esa idea con las prevenciones que en este nuevo proyecto de ley se hacen para evitar situaciones de exclusión, marginalidad y guetización de una parte del alumnado con dificultades sociales, personales y culturales especiales. No habrá sido tan inclusiva la escuela si ahora hay que armarla para evitar precisamente una falta de inclusión real.

Se plantean en el actual proyecto tres objetivos fundamentales: el uso de las dos lenguas oficiales como lenguas vehiculares de la educación; la no exclusión de colectivos especialmente vulnerables del derecho universal a una educación de calidad en igualdad de oportunidades; y la laicización de la educación que, financiada con recursos públicos, se haga desde la comunidad autónoma vasca. Al margen de la terminología empleada en el proyecto, como eso de la gobernanza, el liderazgo, el emprendimiento, las competencias o la igualdad de oportunidades –que está muy en la línea con la que se emplea desde círculos liberales de poder–, lo cierto es que el logro de los objetivos señalados presenta ciertas dudas, en la medida en la que los aspectos contradictorios del sistema educativo no se pretenden subsanar o superar.

La cuestión del uso vehicular del euskera, en tanto que lengua especialmente vulnerable, no está garantizado en las zonas no-euskaldunes, puesto que la competencia lingüística de todo el alumnado no está asegurada en esas zonas ni en el modelo B, ni en el D, y mucho menos en el A. La inmersión lingüística necesaria para hacer del euskera una lengua de uso habitual, y no tan solo escolar, está reñida con el hecho de que el aprendizaje del euskera no es visto por parte del alumnado como el aprendizaje de la forma de expresión más fundamental de un pueblo, sino como un inconveniente soportable con el fin de lograr unas habilidades que capacitan para introducirse en el mercado laboral. Si el saber y el conocimiento se supeditan tan solo a las competencias o a las habilidades para hacer determinadas tareas, el articular el sistema educativo, en primaria, en secundaria y en la universidad, sobre la base de un conjunto de competencias que serán las que han de demostrarse con posterioridad en la vida laboral, convierte al euskara en instrumento de esos meros objetivos competenciales.

La inclusión de todo el alumnado en el sistema escolar tiene visos de convertirse, nuevamente, en una mera proclamación de principios, dado que todavía se sigue insistiendo en la libertad de los progenitores para elegir modelo y centro educativo. Si los valores universales que se persiguen son el «ser», el «conocer» y el «convivir» no se entiende muy bien por qué han se verse reflejados en modelos educativos particulares, salvo, claro está, que la universalidad de dichos valores viene marcada por la particular diferenciación de centros educativos diversos con modelos educativos distintos. Si la universalidad es lo que se pretende, esta no puede sustentarse en lo particular del modelo y en la especificidad de centros educativos diversos. Sabiendo como se sabe que la anomalía que supone la existencia de centros educativos concertados en un sistema de enseñanza universal no se ha corregido en más de cuarenta años, por qué debemos pensar que será corregido con la nueva ley, y más si se tiene en cuenta que no hay ninguna mención a la progresiva y necesaria sustitución de estos centros privados financiados públicamente por centros exclusivamente públicos. Estos centros se han convertido en auténticos refugios para la diferenciación del alumnado, y para que muchos progenitores, con una peligrosa actitud xenófoba y clasista, traten de salvaguardar los progresos educativos de sus descendientes, alejándolos de un alumnado que, por su condición social o por su origen cultural, no disponen de las mismas facilidades para formarse académicamente.

Los centros concertados, sabedores de las demandas de los padres, no dudaron en el pasado en articular todos los mecanismos que les permitían las anteriores leyes para hacer frente a dichas demandas. La connivencia de las autoridades educativas es incuestionable, y ahora que el problema ha alcanzado una dimensión tal que resulta imposible ocultarlo por más tiempo, se articula un proyecto de ley en el que, supuestamente, se pretenden corregir dichas desviaciones y los flagrantes incumplimientos de las anteriores leyes y conciertos. Lo cierto es que, mientras persista la diferenciación entre centros concertados y centros públicos, y mientras los demandantes de una enseñanza en centros concertados estén imbuidos por ese no declarado espíritu segregacionista, ninguna disposición legal que trate de evitar el que los centros concertados logren salvar la ley sin incumplirla, ni ningún dudoso decreto que trate de evitar la segregación en los colegios, va a ser suficiente para que estos no busquen resquicios legales para no cumplir la ley en su totalidad, volviendo a discriminar a un alumnado no deseado.

La supuesta laicidad del sistema educativo vasco se resuelve rápidamente. Solamente hay dos comunidades autónomas donde la mitad del alumnado adquiere su formación en centros públicos: Madrid y Euskadi. Dos comunidades autónomas regidas por partidos conservadores y democratacristianos. Cuando se habla de laicidad se olvida que esta se traduce en reducir la presencia de la religión al ámbito de lo privado. ¿Cómo es posible esto en Euskadi, donde la mayor parte de los centros privados concertados y financiados por las haciendas vascas pertenecen a eso que se llama la Kristau Eskola? ¿Cómo es posible hacer una educación laica en unos centros que anuncian desde las entradas a sus centros, con sus símbolos identitarios, las creencias de una determinada confesión religiosa? ¿Es posible reducir la manifestación religiosa al ámbito de lo privado en esos centros concertados cristianos cuando desde el acceso a los mismos se hace notar que en su interior se expondrá públicamente los valores propios de esa particular fe? No es propio de un sistema educativo laico y universal el sostenimiento con dinero público de las particulares creencias religiosas, y si, en cambio, de un sistema que, o bien es confesional, o bien aconfesional, con privilegios para determinadas confesiones religiosas. Tampoco es muy laico eso de mantener la materia de religión –fundamentalmente, católica– en los centros educativos públicos, y más si tenemos en cuenta de que cada vez hay un mayor porcentaje de población que se declara agnóstica o atea –superando el 30%– o que abiertamente se dice no ser, a pesar de haber sido bautizado, católico practicante. La exclusión de la religión del sistema público y universal de enseñanza sí que constituiría una verdadera señal de que se está construyendo un auténtico sistema educativo propio, al margen de las obligaciones impulsadas desde la muy católica y confesional capital del Reino. Ya puestos a señalar posibles aspectos para una auténtica ley vasca de educación, por qué no incorporar, junto con la enseñanza de la religión, la alternativa de «Ateología», que sin duda un buen número de alumnos, animados o no por sus progenitores, estaría dispuesto/a a cursar, y que daría para cumplimentar de manera diferenciada todos y cada uno de los currículos de todas y cada una de las etapas educativas. Tal vez se consiguiese así recuperar el pensamiento y las ideas, rescatándolo y rescatándolas de la atrofiante ¿libertad? de creencias.