En los últimos cuatro años acumulamos ya más de cien sentencias –empleo público, criterios lingüísticos, Ley Municipal– que han erosionado y lastrado estratégicamente el estatus jurídico del euskara. Los discursos y las prácticas que siguen minorizando nuestra lengua y naturalizan su desigualdad estructural aparecen con nuevas formas y relatos renovados, pero la ideología lingüística subyacente es la misma: la supremacía de unas lenguas sobre otras. Nos encontramos, por tanto, en medio de una ofensiva desoficializadora y regresiva que quiere poner freno a los avances que se han dado, y coto a las nuevas políticas lingüísticas que puedan ponerse en marcha en un momento sociolingüísticamente muy complejo. 

En este contexto es importante interpretar correctamente lo que está ocurriendo. Después de cuarenta y cuatro años de política lingüística en la CAV –con aciertos, pero con un más que deficiente desarrollo normativo, poco ambiciosa en políticas públicas, y de sentido neoliberal– esta ya ha dado todo lo que tenía que dar. Hacen falta nuevas visiones, nuevas ambiciones, nuevas estrategias. Tenemos, por tanto, el deber y la responsabilidad de construir nuevos cimientos para dotar a nuestra lengua nacional de los instrumentos políticos y de la arquitectura jurídica que necesita en este nuevo siglo. Este es el verdadero debate de fondo: qué espacio y qué poder otorgamos al euskara en el siglo XXI. 

Hay quienes consideran que se ha ido demasiado lejos. Que es, por ejemplo, razonable garantizar algunos derechos lingüísticos, poder elegir líneas educativas en euskara y avanzar  tímidamente en la euskaldunización de la administración, pero sin que nunca se ponga en cuestión la supremacía del castellano. El progreso del euskara no inquieta mientras permanece estructuralmente minorizado; sin embargo, saltan las costuras cuando la sociedad vasca trata de avanzar hacia paradigmas más igualitarios y cuando se consiguen ganar espacios para la lengua, se proponen medidas para la universalización del conocimiento y se acumulan adhesiones para dar un salto cualitativo. 

Los impulsos reaccionarios y regresivos aparecen cuando cobra fuerza el anhelo de transitar hacia un nuevo paradigma en el que el euskara se convierta en lengua de cohesión y en eje vertebrador de una comunidad nacional multilingüe, diversa, urbana, digitalizada y cada vez más compleja; cuando gana peso el deseo de ampliar los derechos lingüísticos y se lucha para que se garanticen de manera efectiva. Entonces afloran los miedos y las visiones supremacistas como reacción, porque hay quienes no imaginaban que el ímpetu comunitario de la sociedad civil llevaría a aspirar a estadios más igualitaristas para la lengua.

No debemos temer el conflicto ni el disenso en materia lingüística. Al contrario, forman parte de la realidad de toda sociedad plural. ¿Qué es la democracia, sino la capacidad de gestionar el conflicto y articular el disenso entre intereses, valores y formas de ver el mundo diferentes que conviven en una misma comunidad?  Entiendo que hay espacios políticos que necesitan tiempo para adaptarse a una sociedad cambiante que no es la de hace 44 años, pero nos corresponde decidir si queremos construir el futuro del euskara sobre valores de igualdad, equidad y justicia, o no. Porque la lucha por la normalización lingüística es un proceso democratizador y de justicia social en el que, al igual que ocurre con las políticas feministas y socialmente avanzadas, debemos construir marcos compensatorios de acciones positivas y destinar más recursos a quien más lo necesita.

Debemos transitar desde un diseño que fue pensado en clave de derechos individuales para una minoría hacia un sistema de conjunción lingüística; transitar de un sistema pensado en garantizar elecciones individuales hacia un sistema donde también se asegure el uso normal del euskara en espacios sociales y donde se pueda convertir en lengua de cohesión y vertebración de una comunidad cada vez más multilingüe, compleja y diversa. Universalizar el conocimiento del euskara crea las condiciones reales para su uso y hacemos nuestro el reto de país propuesto por Kontseilua para ganar 300.000 hablantes en 10 años. Construir espacios hegemónicos proporciona al euskara el sustrato material que necesita para su reproducción social. Acelerar su digitalización con ambición hará que gane espacios socialmente avanzados. Creemos que el principio jurídico de “no regresión” y que la traducción de la oficialidad en «lengua de uso normal» deben guiar nuestras actuaciones para no retroceder en lo conseguido y avanzar hacia una administración que trabaje en euskara con normalidad. 

Debemos acometer, al mismo tiempo, el imprescindible salto cualitativo en su estatus que nos permitirá dotarnos del poder y de los mecanismos jurídico-políticos de los que disponen también las lenguas nacionales con estado para poder acometer una nueva política lingüística sin injerencias y con todas las garantías.

Comparto la importancia de la empatía y las emociones positivas a las que a menudo se hace alusión desde espacios institucionales, pero seamos serios: sin infantilizar, sin cargar toda la responsabilidad en el hablante y sin pensamientos mágicos. Como dicen en Catalunya: una lengua se normaliza cuando es útil i necessari. Es útil cuando existen espacios preferentes y hegemónicos que facilitan su uso normal; es necesaria cuando la ciudadanía reconoce e interioriza su valor instrumental y simbólico mediante normas y políticas públicas que garantizan derechos y establecen obligaciones. Y, al mismo tiempo, debe ser plenamente accesible mediante políticas ambiciosas que garanticen el acceso universal a su aprendizaje. Útil y necesaria, y universalmente accesible. 

Debemos trabajar en cooperación, con inteligencia, con esperanza activa y con mucha ambición. La infraestructura comunitaria e institucional que hemos creado entre todas, los saberes acumulados, las experiencias vividas, la potencia emocional e irradiadora de iniciativas únicas como la Korrika y nuestra fuerza militante deben servirnos de impulso para construir un futuro en el que nuestra lengua nacional sea plenamente accesible y viva en condiciones de justicia y verdadera igualdad.