El miércoles pasado, en la tribuna del Fórum Europa, Bingen Zupiria deslizó unas palabras que llegaron de inmediato a los titulares de prensa. Dijo el consejero que algunos colectivos «justifican el uso de la violencia». A falta de credenciales exactas, apareció la consabida retahíla de adjetivos condenatorios: extremistas, comunistas, antisistema. Zupiria no perdió la ocasión de atribuir «comportamientos de carácter fascista» a los militantes antifascistas, o más bien, a «militantes que se llaman ellos mismos antifascistas». En definitiva, la vieja cancioncilla sobre «la autodenominada izquierda abertzale».

El autodenominado consejero de Seguridad se refirió en concreto a los disturbios del 12 de octubre en Gasteiz. No es de extrañar que el asunto regrese a la primera plana. El abogado de la asociación corporativa Euspel acaba de pedir más de cuatro años de prisión para los jóvenes que se enfrentaron a la Falange. Les imputa delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones. Euspel promocionó en 2024 una conferencia de Samuel Vázquez, portavoz de Vox en Inmigración, Asuntos de Interior y Seguridad. No creo que haga falta dibujar un croquis.

En el Juzgado de Instrucción número 4 de Gasteiz, el relato policial parecía salido de los tebeos de “Hazañas Bélicas”. Según el testimonio de la acusación, los diecinueve jóvenes investigados no solo están curtidos en tácticas militares sino que además acuden al campo de batalla con divisas en los uniformes de acuerdo con sus jerarquías. Han pasado 25 años desde que se suspendió el servicio militar obligatorio y ahora resulta que tenemos una milicia marxista-leninista instruida en la Academia de Artillería de Leningrado y adiestrada en los campamentos clandestinos del Viet Cong.

Zupiria habla de grupos «extremistas». Se supone que los falangistas representan un extremo y nuestros vietnamitas, nuestros charlies, se ubican en el extremo opuesto. La realidad, sin embargo, es que la Falange se marchó con apenas un expediente de sanción. En la vía penal han quedado cara a cara ertzainas y antifascistas. Uno de esos extremos usó la violencia de los proyectiles de foam para desguazarle la mandíbula al ilustrador Aritz Ibarra. En fin, el típico caso en que la Ertzaintza se investigará a sí misma y no encontrará nada.

¿Será que Zupiria tiene razón y hay «comportamientos de carácter fascista» en un extremo? Sí, y además impune. El pasado mes de junio, respondiendo a una pregunta parlamentaria, el Gobierno Vasco reconocía que no se han abierto expedientes contra agentes portadores de simbología ultra. Y eso que en los últimos tiempos han proliferado los parches con logotipos de la Ertzaintza tuneados al estilo Blue Lives Matter. No expedientaron, por ejemplo, al agente que apareció en ETB con una sudadera del movimiento y que celebró una carga de la Ertzaintza escribiendo en Twitter «ciervo a la cazuela».

Josu Erkoreka trató a Blue Lives Matter como si fuera una inocente red de fraternidad policial y afirmó que sus símbolos no vulneraban ningún código deontológico. El miércoles pasado, unas horas antes de que Zupiria participara en el Fórum Europa, voces de Blue Lives Matter se jactaron de haber distraído a los activistas sociales con redadas falsas para que los agentes del ICE pudieran sembrar el pánico sin obstáculos. Todo esto, dos semanas después de que los escuadristas de Donald Trump mataran a Renée Nicole Good en Mineápolis.

Nada más pertinente que viajar a Estados Unidos para plantear un debate teórico sobre el uso de la fuerza. El verano pasado, Bingen Zupiria explicaba que la Ertzaintza debe someterse a revisiones críticas «porque le hemos conferido la legitimidad para usar la violencia». La frase evoca a Max Weber, que definía el Estado sobre la base del legítimo monopolio de la fuerza. El problema es que el pueblo vasco subsiste como nación sin Estado. En 2017, la intervención de los Mossos en nombre del artículo 155 ilustró con elocuencia dónde reside la legalidad −que no legitimidad− del monopolio de la violencia.

Habrá que plantear además otro inconveniente. En su momento, la eclosión de Ertzainas en lucha demostró que la gestión de la violencia legal también está sujeta a negociaciones. De hecho, según Vocento, el «movimiento asindical» fue impulsado por sectores cercanos a Vox. Era la llamada «jusapolización» del cuerpo. Pongamos aquí el caso de la Ley Mordaza, aplicada a diestro y siniestro por agentes de la policía autonómica contra el mandato del Parlamento vasco. ¿Pueden ErNe, ESAN, SiPE o Euspel imponer su criterio sobre el de nuestras instituciones? ¿El consejero gobierna a la Ertzaintza o la Ertzaintza gobierna al consejero?

En el Fórum Europa, Zupiria mencionaba la literatura comunista para alertar sobre los extremismos. Pues bien, dice Engels que el poder no nace de la mera voluntad sino de las herramientas de la violencia. En última instancia, el sistema de producción suministra dinero para pagar las armas que consolidarán determinadas relaciones de dominación. ¿He dicho que Estados Unidos ofrece un ejemplo oportuno para teorizar? De puertas hacia adentro, las batidas del ICE corren paralelas a la criminalización del antifascismo. De puertas hacia afuera, la violencia imperial cae lo mismo sobre Venezuela que sobre Groenlandia.

En 2006, la Ertzaintza disparó en Gasteiz contra los manifestantes que conmemoraban el aniversario de la masacre del 3 de marzo. Los agentes trataron de encarcelar a Andoni Txasko, Josu Ormaetxea y Aitor Fernández de Ortega con acusaciones de atentado. Josu Jon Imaz, en nombre del PNV, culpó a Batasuna de haber promovido aquel enfrentamiento. Tres años después, un juzgado de Gasteiz determinó que la operación policial carecía de cobertura legal. Para entonces Imaz ya había fichado por Petronor. Ahora, tras el bombardeo de Caracas, el consejero delegado de Repsol agradece al presidente Trump que haya abierto la puerta «a una Venezuela mejor». Ahí los tenéis. Los extremistas.