Hace cuarenta, cincuenta o sesenta años, decenas de miles de personas estuvimos expuestas a fibras cancerígenas del amianto desconociendo el riesgo, como causa del incumplimiento empresarial de la normativa de seguridad e higiene vigente, unido a la pasividad de la Inspección de Trabajo y los respectivos gobiernos frente a la fibra asesina. Conocían el riesgo, prefirieron ignorar las alertas que desde el Reino Unido llegaban a principios del siglo pasado. La avaricia y el beneficio inmediato primó frente a la protección de nuestra salud. Tristemente, la exposición al amianto no se redujo al ámbito laboral, otras personas inhalaron la fibra derivada de los vertidos incontrolados, el deterioro de los materiales y la dispersión realizada por la industria. Tampoco podemos ignorar a las mujeres que inhalaron la fibra al limpiar la ropa de trabajo de sus familiares. Estas mujeres, al enfermar, son doblemente víctimas, sin derecho a prestación alguna de la Seguridad Social ni reparación por el daño causado.

Consecuencia de dicha exposición aumenta la epidemia de afectados por fibrosis o asbestosis pulmonar, cáncer pulmonar, de laringe o pleura y causa de 88.000 muertes anuales en Europa (datos del Consejo Económico y Social Europeo). Numerosas enfermedades del amianto quedan ocultas, por la ausencia de un diagnóstico adecuado o culpar exclusivamente al hábito tabáquico ignorando otras exposiciones cancerígenas. Algunos profesionales sanitarios, incluido el Juez Ricardo Bandrés, reducen las enfermedades del amianto al mesotelioma pleural, negando su relación con el cáncer pulmonar, pese a estar reconocido legalmente desde el año 1978.

La ciudadanía conoce por la prensa y redes sociales que Asviamie viene logrando sentencias que condenan a grandes empresas a pagar indemnizaciones por daños y recargos de prestaciones por falta de medidas de seguridad. Pero estas noticias, siendo ciertas, ocultan una dramática realidad. En tanto, son muchas las víctimas del amianto sin reparación al haber desaparecido la empresa causante, mientras a otras se las indemniza con fondos públicos, como en el caso de Cofivacasa, dependiente del Ministerio de Industria y sucesora de grandes empresas siderúrgicas afectadas por la reestructuración industrial de los años 80.

Las víctimas del amianto son inocentes de la causa del deterioro de su salud o condena a muerte prematura, dado que algunos priorizaron sin ningún escrúpulo el enriquecimiento acelerado con la permisividad de las autoridades sin valorar las consecuencias en la salud de sus trabajadores o del conjunto de la ciudadanía. ¿Cómo definirías la condena a la muerte prematura de miles de personas indefensas? ¿Es injusta la exigencia de un fondo de compensación para las víctimas del amianto?

El Parlamento Vasco apoyó en 2017 de forma unánime y trasladó al Congreso de Diputados y, en abril de 2021, admitida a trámite con el apoyo de todos los grupos del Congreso de Diputados con la excepción de Vox. ¿A qué debe tanta dilación en su trámite? Si los próximos PGE no incluyen una partida económica destinada al fondo, parece evidente que el Gobierno de Sánchez pretende olvidarse de las víctimas del amianto y la creación del fondo de compensación.

Animo a la ciudadanía a participar en las concentraciones convocadas el próximo día 4, a las 12 horas, por Asviamie, Adavan y otras asociaciones de víctimas, incluidos los comités de empresa del Metro de Madrid, Barcelona, CAF..., y otras empresas, reclamando la creación del fondo de compensación ya. Tu apoyo es importante, tenemos que evitar que las víctimas de amianto queden olvidadas sin la justa reparación del daño causado.