Maitena Monroy
Profesora de autodefensa feminista

Garantía de derechos

Los dos cambios legales que se han promovido no hubieran sido posibles sin la capacidad de movilización y de generar debates político-sociales del feminismo.

Agosto ha sido un importantísimo mes en la lucha contra la violencia sexual. La Ley Integral de Garantía de la Libertad Sexual no lo es todo, pero es un cambio en el ámbito jurídico y una respuesta política para garantizar la libertad sexual. Se han quedado elementos importantes fuera de ella, como son cuestiones relacionadas con la prostitución, el proxenetismo y/o la tercera locativa y ha sido una decisión política diferenciar violencia sexual y prostitución. Es difícil que una ley recoja todas las posturas políticas cuando las mismas están en debate interno en el feminismo. Siendo una ley con una amplia aceptación social y con pasos en positivo, también es importante atender a las resistencias. Cada vez que mostramos un ejemplo de los retrocesos siempre hay alguien que dice que esos son unos pocos, que eso son cosas del pasado. Me gustaría creer en ello, pero el avance mundial de la ultraderecha o el hecho de que 21 millones de mujeres estadounidenses hayan perdido su derecho a una maternidad libre y elegida o que el 20% de los hombres jóvenes de entre 15 a 29 años, con los que convivimos, consideren la violencia de género un invento ideológico desdicen esa creencia extendida de que son cosas del pasado o que son cuatro cavernícolas. Y mientras seguimos diversificándonos hasta la individualidad máxima.

La ley recién aprobada es un avance hacia lo que debería de ser una «ley integral para una vida libre de violencias machistas», porque separar, como ocurre en nuestra legislación, violencia de género de la violencia sexual es un error conceptual que perpetúa mitos sobre quién, por qué, cómo y dónde se ejerce esta violencia. Refuerza mitos que reproducen estereotipos sobre victimario y víctima que impiden a muchas mujeres reconocer esta violencia «sexual» como parte de la violencia que atraviesan sus cuerpos, sus emociones y la cognición sobre sí mismas, sobre qué es la sexualidad, o en su defecto, sobre la falta de libertad sexual. Se estima que solo se denuncian el 8% de las agresiones sexuales y que más del 60% de los agresores son hombres del entorno íntimo de la víctima. Esto son solo estimaciones porque para poder reconocerte como víctima primero tienes que definir la violencia y, la llamada ley del «solo sí es sí», es una aportación jurídica que ahora, también, debemos traducir en políticas educativas, sociales y culturales de cambio de paradigma sexual que es lo que está detrás de la necesidad de esta ley. Como reconocía la ministra Irene Montero, casi el 70% del alumnado de secundaria señala que son sus amistades y las redes sociales sus fuentes de (des)información sexual. La elección de las redes como forma de informarse es una realidad sobre todo para muchas personas que han nacido en la era digital, donde san Google es la nueva biblia. Si en los 80 era «que lo había dicho la tele», ahora, es porque «Google o las redes lo han dicho».

A pesar de que en el paradigma cultural se hayan colado ejercicios y prácticas disruptivas de la normatividad, el que sigue imperando, en las redes y en la vida, es el sexismo, muchas veces, adornado de libertad o de libre elección, y «ahí todo el mundo a callar» porque en las decisiones personales no nos podemos meter. La necesidad de educación sexual, como herramienta para trabajar a favor de la igualdad, es una demanda feminista histórica, no solo para combatir la violencia sino para garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

Una de las violencias de dominación, definidas por Galtung, es la violencia estructural que no tiene en cuenta las necesidades específicas de una parte de la población. Negar el derecho, así como el acceso público y gratuito, al aborto es una de ellas. Esta semana se ha aprobado en el Consejo de Ministras y Ministros el blindaje del derecho al aborto en la sanidad pública, para garantizar el ejercicio efectivo. También se reconoce la llamada «gestación subrogada» como una forma de violencia, aunque no se específique medidas para combatirla, habrá que exigirlas.

Actualmente, pareciera que el eslogan «si nos tocan a una nos tocan a todas» ha pasado a ser «entre todas tocamos a todas» desde un discurso agresivo e incluso con prácticas directamente violentas. En los debates, cuando los mismos no se quieren facilitar, se suele hacer alusión a la edad de quien argumenta, bien por mayor o por joven, o a la comparación con determinadas posturas políticas, a priori opuestas a la posición política de a quien se quiere desacreditar. La definición de «adversario» como si definir fuera la máxima argumentación o el debate mismo. Sin embargo, saber que lo que piensa otra compañera feminista parte de su posición política como feminista y que está convencida de que esa es la estrategia política es la base para el debate. En el modelo clásico, darwiniano de la supervivencia, se ha sostenido que ante una amenaza las dos únicas formas de actuación eran la huida/lucha. Cada vez más estudios hablan del sometimiento como una manera de supervivencia cuando la amenaza no es puntual sino sostenida en el tiempo o está en relación con estructuras de poder. Sin embargo, a estas tres actuaciones se sumaría la búsqueda de cooperación, algo enraizado en la construcción de los movimientos sociales, ante amenazas que superan nuestros recursos o nos afectan colectivamente. No sé si hemos perdido ese espíritu de cooperación, creo que es imposible, pero considero que debemos, desde la argumentación, contrastar con datos y buscar consensos, que los hay, y muchos, para cooperar conjuntamente frente a una amenaza global de ataque a los derechos.

Los dos cambios legales que se han promovido, la ley sobre libertad sexual ya aprobado, y el otro, sobre los derechos sexuales y reproductivos, pendiente de pasar por el Congreso, no hubieran sido posibles sin la capacidad de movilización y de generar debates político-sociales del feminismo. Por eso, creo que es importante, pese a que no estemos de acuerdo con todo, poner en valor los avances legislativos en políticas de igualdad porque sabemos lo difícil que es avanzar y lo fácil que es retroceder.

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