En este sentido, la tramitación del pozo de exploración de gas Armentia-2, descrito como «pozo sin fracking», constituye un buen ejemplo. Analizando la tramitación del pozo y las declaraciones y comparecencias de personas con responsabilidad de gobierno, se infieren tres cuestiones fundamentales: la primera, que la tramitación ha sido opaca; la segunda, que la justificación para perforar es débil; y la tercera, que el Gobierno Vasco no tiene interés en cambiar el modelo energético ni posee un plan creíble en la lucha contra el cambio climático.  Vayamos por partes.

Cabría esperar que tras la intensidad y la firmeza con la que se ha expresado la CAPV frente al fracking, los impulsores de la extracción de gas estuvieran interesados en buscar la aprobación social antes de presentar nuevos proyectos –con o sin fracking–, ya que hablamos del mismo lugar, la misma formación geológica y, muy probablemente, de la misma cantidad de pozos a realizar sobre el terreno, si no mayor. Sin embargo, en lugar de propiciar el debate, enviaron el proyecto al Ministerio de Industria en junio, con la legislatura del Parlamento de Gasteiz echando la persiana, e Industria derivó el proyecto a Medio Ambiente el 1 de agosto (hermoso mes para descansar). El 19 de septiembre, con la CAPV en campaña electoral, el proyecto llega a una serie de administraciones y grupos interesados en fase de consultas previas. Cuentan con 30 días hábiles para señalar el camino al estudio de impacto ambiental, bajo el supuesto de un procedimiento ordinario que incluiría después una fase de información pública y consultas, como explicó convencido el diputado José Antonio Galera en la comisión de Medio Ambiente de las Juntas Generales de Araba el pasado 27 de octubre. Todo ello con el Parlamento Vasco en proceso de conformación, sin Lehendakari y con el gobierno en funciones, ideal para no dar explicaciones.

Para entonces, Fracking EZ había pulsado la alarma y, ante el interés generado, el director de energía del Gobierno Vasco, Aitor Oregi, es entrevistado en la cadena Ser, donde afirma que, tras las consultas previas, el ministerio emitirá el informe de impacto ambiental que dé luz verde al proyecto... ¡sin fase de información pública ni consultas! De la noche a la mañana, la extracción de gas en Álava, que el Lehendakari López anunció como estratégico, pasa a ser posible con un trámite simplificado sin consulta pública (el Ministerio lo confirma por carta a instituciones y organizaciones afectadas), cuando la ley permite realizar evaluaciones ordinarias o incluso estratégicas, como sería lógico si nos quieren embarcar en semejante aventura. Esto es especialmente grave, ya que el Gobierno de Urkullu ha defendido a SHESA como garantía de control público y transparencia. Perdonen si nos da la tos cuando nos hablen de transparencia, participación, control o rigurosidad.

La nocturnidad, falta de transparencia y repulsión a la participación pública no es lo único que llama la atención. De pronto, el yacimiento de gas en Álava pasa de ser indiscutiblemente «no convencional», a ser un yacimiento explorable convencionalmente. Si bien los técnicos de SHESA han pasado años convenciéndonos de que había que hacer fracking sí o sí porque el gas está disperso, ahora hay una misteriosa reinterpretación de los datos, a la cual nadie ha tenido acceso, que lo cambia todo. Dicen que las técnicas convencionales han mejorado mucho, pero, preguntado por ello, Aitor Oregi se limita a explicar que el pozo Armentia-2 contactará con la veta rocosa de interés unos 7 km en lugar de los 300 m del pozo Armentia-1. La diferencia, 19 años después, parece más cuantitativa que cualitativa, lo que nos lleva a concluir que para extraer gas de los cientos de km3 de la formación Valmaseda  habrá que realizar una gran cantidad de pozos y multiplicarlos a base de perforaciones horizontales para «extraer todo el jugo», con lo cual gran parte de los problemas que se previeron permanecen. Muchos pozos, porque la falta de acumulaciones o bolsas que obligaban a hacer fracking sigue igual y la intensidad perforadora tendrá que ser la misma.

Así, llama la atención cómo se repiten los mismos argumentos que se utilizaron para apoyar el fracking, con las consabidas frases de «solo es exploración», «el riesgo medioambiental es mínimo», «el acúifero estará salvaguardado al 100% por varias capas de tubos y cemento» etc. Más aún, en la memoria ambiental que SHESA entregó al ministerio, cuando hablan de las diferentes opciones técnicas para este nuevo proyecto, se menciona el fracking, para descartarlo, pero no precisamente por su peligrosidad. En el informe ambiental del pozo Armentia-2, SHESA dice que «la fractura hidráulica se está utilizado masivamente, con éxito en yacimientos de Estados Unidos (…). Debido a la repercusión social que hay en estos momentos sobre el sistema de fracturación hidráulica (fracking) se descarta su utilización en el sondeo ARMENTIA-2». Dicho de otro modo: no ven problema en utilizar el fracking cuando la repercusión social disminuya. Para rematar, sigue sorprendiendo que en un contexto en el que todas las empresas extranjeras que se arrimaron a la cuenca vasco-cantábrica al calor de la especulación del fracking están marchándose, los socios de Hidrocarburos de Euskadi siguen en el barco, probablemente porque son las únicas que van a contar con capital público que impulse unas operaciones demasiado arriesgadas para ir en solitario. Una última duda en este apartado: si cuando se presentó el proyecto de fracking Enara se justificó su presencia por tener el know-how (el saber hacer), ¿qué aportan ahora que no se va a hacer fracking?

Por último, es bueno recordar que el ruido alrededor del gas de Araba nos desvía de las discusiones energéticas y medioambientales fundamentales, especialmente estos días en los tanto se ha hablado del tema en la Cumbre del Clima de Marrakech (COP22). Estamos en un momento crítico respecto al cambio climático y la comunidad científica insiste en poner las políticas públicas, y sus presupuestos, al servicio de las importantes reducciones de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que se deben conseguir con urgencia (80-95% de reducción respecto a las emisiones de 1990 antes del 2050 en Europa).

Desde este punto de vista, el debate no es fracking sí o fracking no. El debate es cómo hacer una transición urgente a una economía baja en carbono, que pasa inevitablemente por dejar de incentivar los hidrocarburos con dinero público y enfocar el esfuerzo en la reducción del consumo energético y en la potenciación de la energía de origen renovable. Esto pasa, obviamente, por dejar de financiar pozos de gas. Greenpeace, lejos de justificar estos proyectos como malintencionadamente se ha afirmado, escribe, al hilo del COP22, que «las medidas de adaptación y resiliencia han de ir acordes con el calentamiento y todos los flujos de financiación han de ser consistentes con un modelo de desarrollo de bajo nivel de emisiones y resistente al clima. Esto, en realidad, se traduce en un rápido cambio de los combustibles fósiles hacia las energías limpias y renovables a nivel mundial». Muy claro.

En lugar de lo anterior, el Gobierno Vasco financia nuevas aventuras gasistas y aprueba «estrategias climáticas» de dudoso seguimiento y cumplimiento en lugar de buscar objetivos ambiciosos por ley. Se hace trampas al solitario midiendo las reducciones de GEI partiendo del año 2005 (pico de emisiones) en lugar de partir de 1990.  Y se auto engaña y pretende engañarnos cuando, al ver que no se va a cumplir el objetivo europeo 20 20 20 (20% eficiencia-ahorro, 20% reducción de GEI, 20% energía renovable para el año 2020), da una patada hacia adelante y nos presenta nuevas estrategias energéticas con horizontes temporales más alejados. La última estrategia, presentada con el parlamento disuelto, plantea objetivos para 2030. Es triste comprobar que el 20% de generación renovable exigido desde Europa para 2020 no se va a cumplir ni en el año 2030 (para el que se espera un modesto 17%).

Seguir utilizando el dinero público en la apuesta gasista empeorará las cosas, sin ninguna duda. Es tiempo de dejar de auto engañarse y poner sobre la mesa los datos reales (95% de dependencia energética y 6% de aportación renovable al mix). Los problemas relacionados con el clima y la energía ganarán peso según avancen los años y pronto nos estallará en la cara si no lo abordamos con un poco más de rigor, aunque duela.