Al cumplirse 40 años del referéndum en el que Euskal Herria dijo no a la OTAN, el mundo vive una situación dramática que confirma lo acertado de aquel rechazo. Por un lado, hoy es evidente que la Alianza Atlántica no garantiza la paz; al contrario, es un factor de inestabilidad que nos empuja hacia el enfrentamiento y la guerra. Y, por otro, se constata que es una organización controlada por Washington para su propio beneficio, en la cual Europa no es su socio, sino su lacayo.

Así, tras el genocidio de Gaza, la agresión a Venezuela y el bloqueo total de Cuba, Estados Unidos, líder de la Alianza Atlántica, con el apoyo de Israel, ha bombardeado Irán y asesinado a sus dirigentes, violando gravemente el derecho internacional. Este ataque militar ha provocado una guerra regional que podría terminar implicando a todos los miembros de la OTAN.

El incremento de las tensiones internacionales que vivimos tiene su origen en la crisis de un sistema capitalista inmerso en una guerra comercial, tecnológica, financiera y en la disputa por el control de materias primas y recursos naturales. En la reciente Conferencia de Seguridad de Múnich, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, explicó que la administración Trump cree necesario recuperar la vieja política colonial para asegurar «la creación de una cadena de suministro occidental para minerales críticos que no sea vulnerable a la extorsión de otras potencias; y un esfuerzo unificado para competir por la cuota de mercado en las economías del sur global». Invitando a los gobernantes europeos a unirse a su proyecto para «recuperar el control de nuestras propias industrias y cadenas de suministro».

La dinámica belicista, la economía de guerra y la militarización se refuerzan como tendencias estructurales del sistema, generando un modelo incapaz de garantizar vidas dignas. El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo estima que esta deriva belicista elevará el gasto europeo de defensa en el 2035 hasta los 1,2 billones de euros anuales, priorizando el gasto militar frente al social y provocando tanto el deterioro de los servicios públicos como el abandono de la lucha contra el cambio climático y el fomento de una transición ecosocial justa.

Además, el armamentismo proporciona al capital la oportunidad para obtener excelentes beneficios. Y la patronal vasca no se queda atrás: Jainaga ha sido imputada por exportaciones ilegales a Israel y Josu Jon Imaz dice que Repsol triplicará su inversión en Venezuela tras la injerencia de EEUU. En los últimos 20 años, la industria militar en Euskal Herria se ha triplicado, algo que no habría sido posible sin la aquiescencia tanto de los gobiernos vasco y navarro, y los Estados español y francés, como de la propia Unión Europea. Por eso afirmamos que la guerra empieza aquí.

Las consecuencias del belicismo son dramáticas para quienes sufren directamente la muerte, las migraciones forzadas o la destrucción de territorios, comunidades e infraestructuras; pero también perjudican al conjunto de la clase trabajadora los recortes de derechos sociales, civiles y políticos derivados de la subida del gasto militar.

Euskal Herria tiene una tradición antimilitarista, le dijimos no a la OTAN y desarrollamos un amplio movimiento de insumisos. Y hoy, seguimos siendo muchas las personas que demandamos a los gobiernos de la CAPV y Navarra, así como a los partidos políticos vascos con representación en las diferentes instituciones de Euskal Herria, Madrid, París y Europa, que asuman e impulsen compromisos concretos para conseguir un territorio pacífico y desmilitarizado, impidiendo que nuestras infraestructuras se utilicen para el envío de armas o el entrenamiento militar y dando pasos hacia la disolución de la OTAN, mediante la adopción, por ejemplo, de estatutos de neutralidad en los parlamentos vasco y navarro.

Expresamente, pedimos a los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea que retiren las subvenciones directas o indirectas a la industria militar, destinando esos recursos públicos a la promoción de una transición ecosocial justa y una reconversión de la industria que apunte a sectores sostenibles, poniendo en el centro los intereses de los y las trabajadoras. En suma, queremos que los recursos públicos se destinen a garantizar vidas dignas, no al gasto militar; defendemos los derechos sociales y políticos para todas las personas, las pensiones y servicios públicos, exigimos medidas reales para afrontar la crisis climática, así como la eliminación de todas las políticas migratorias racistas y una acogida digna a las personas migradas.

Por último, llamamos a la sociedad a rechazar los discursos militaristas, machistas, racistas y de control social que solo generan enfrentamiento y miedos irracionales, creando el caldo de cultivo ideal para el auge de ideologías reaccionarias. Alternativamente, queremos promover la solidaridad, la justicia y el debate democrático de nuestros problemas, trasladando a la ciudadanía información veraz para la toma de decisiones.


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