Durante décadas se nos ha dicho que todo se puede conseguir por medios pacíficos, democráticos, legales. Que basta con votar, con dialogar, con convencer. Que si somos muchos, si el pueblo se expresa, el Estado escuchará. Pero tras años de represión, negación y cinismo, ha llegado el momento de hacernos una pregunta incómoda, pero inevitable:

¿Sirve de algo la vía pacífica frente a un régimen nacido y sostenido por la violencia?

Una monarquía impuesta por la fuerza

La actual estructura del Estado español es heredera directa de la dictadura franquista. El rey fue designado por Franco. La Constitución de 1978, redactada bajo vigilancia militar, no permitió nunca un debate real sobre la forma del Estado. Fue impuesta bajo el chantaje del «o esto o el caos».

Desde entonces, el aparato de poder se ha mantenido intacto:

La monarquía como eje intocable.

El Ejército como garante de la «unidad de España».

La Guardia Civil y Policía Nacional como instrumentos de represión política.

Y una judicatura contaminada, donde franquistas reciclados siguen sentando doctrina en nombre de la «democracia».

Este no es un Estado democrático. Es un Estado autoritario con forma parlamentaria, donde la soberanía no reside en los pueblos, sino en una ficción legal blindada a golpe de tribunal y porra.

La vía pacífica: la gran trampa

Se nos insiste en que «la solución debe ser pacífica y dialogada». ¿Pero quién dialoga con quién?

Cataluña organizó un referéndum en 2017. ¿Respuesta? Porrazos, cárcel, exilio y el 155.

Nabarra es ninguneada, el sujeto político de Euskal Herria ni siquiera tiene voz, y para colmo, en ese entorno cultural autodenominado Euskal Herria por el nacionalismo vasco, cualquier planteamiento de autodeterminación es perseguido, criminalizado o ninguneado.

Los tribunales están al servicio de una lectura unitaria, dogmática e intocable de la Constitución.

Y la autodenominada izquierda española, cuando gobierna, se comporta igual o peor que la derecha.

¿Dónde está entonces esa vía pacífica y democrática? ¿En qué momento el Estado ha aceptado siquiera debatir la soberanía de sus pueblos? La verdad es que nunca lo ha hecho y nunca lo hará, porque sabe que su propia existencia está en juego.

¿Y la vía diplomática o internacional?

Muchos depositan su esperanza en Europa o en organismos internacionales como la ONU o el Tribunal de La Haya. Pero esa vía, hoy por hoy, no es realista, y quien la propone como solución inmediata está vendiendo humo.

La Unión Europea no defiende pueblos, sino Estados. Apoyó al Estado español en 2017 sin matices.

La UE: No condenó la violencia policial

Pese a las imágenes internacionales de cargas brutales de la Policía Nacional y Guardia Civil contra votantes pacíficos, la Comisión Europea (entonces presidida por Jean-Claude Juncker) dijo que era un asunto interno de España y que «confiaba en Rajoy para manejarlo dentro del marco constitucional».

Es decir, ni una crítica, ni un matiz, ni una llamada a la mediación o contención.

Reafirmó la soberanía del Estado español

Dijo que Cataluña no tenía derecho a la autodeterminación, y que incluso si se independizara, quedaría fuera de la UE.

Defendió que solo el Estado español podía autorizar un referéndum, alineándose así totalmente con la posición del gobierno central.

Blindó políticamente a Rajoy

Mientras la prensa europea debatía y los ciudadanos protestaban en apoyo a Cataluña, las instituciones europeas cerraron filas con Madrid: no hubo presión política real, ni ofrecimiento de mediación, ni apertura institucional.

De hecho, en el Parlamento Europeo, cuando se pidió debatir sobre la represión del 1-O, la mayoría de los eurodiputados lo evitó o lo minimizó.

Toleró la judicialización

La UE no reaccionó ante las detenciones de cargos públicos, el exilio político (Puigdemont, Ponsatí, etc.) o la vulneración de derechos civiles, como la inhabilitación de diputados electos.

En la práctica, validó el uso del Código Penal contra el independentismo, sin exigir diálogo político ni reformas democráticas.

La vía internacional no sustituye la ruptura interna. Solo puede ser una herramienta complementaria si ya se ha generado un conflicto político interno con capacidad real de presión.

Los tribunales internacionales no actúan de oficio. Solo intervienen si hay un conflicto armado o si las partes lo aceptan voluntariamente.

Y para ser escuchados, primero hay que demostrar que dentro del Estado no hay salida, y que el pueblo mantiene su desobediencia de forma sostenida.

¿Qué queda entonces? La insumisión organizada

Si el Estado no cede, y Europa no ayuda, ¿qué camino queda?

La respuesta no está en las armas, ni en reproducir la violencia del opresor, ¿o sí? ¿Dónde está? ¿Está en la construcción de una desobediencia colectiva y sostenida? Una ruptura desde abajo. Con organización, con legitimidad propia, con instituciones paralelas.

Crear poder Nabarro o catalán real en el territorio.

Romper con el relato de que «la ley es incuestionable».

Dejar de pedir permiso al Estado que nos niega.

Y no retroceder, aunque venga la represión.

Esto no es pacifismo ingenuo. Es una forma de lucha radical, consciente y digna, que busca deslegitimar al Estado y obligarle a reaccionar, no para convencerlo, sino para superarlo.

La vía pacífica no funciona. Pero no porque el pueblo no quiera, sino porque el Estado Español no lo permite

Los pueblos del Estado español que desean su libertad no fallan por falta de voluntad, ni por falta de mayoría. Fallan porque siguen atrapados en una estructura que no permite cambios reales por medios democráticos.

Y eso significa que el proceso no puede basarse en la esperanza de que «algún día nos dejarán votar», sino en la fuerza organizada de un pueblo que decide dejar de obedecer.

La libertad no se pide.
No se vota si te la conceden o no.
La libertad se ejerce. Se toma. Y se defiende.