Patricia Perales
Concejal de Economía Local Sostenible del Ayuntamiento de Iruñea

Hay que derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria

La gravedad de esta ley y su repercusión en la vida de quien reside en Iruñea se ejemplifica muy claramente: el Ayuntamiento cuenta con 21 millones que no puede gastar.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria fue aprobada en 2012, su objetivo, en teoría, era poner control y sensatez por parte de Madrid a las gestiones económicas de los ayuntamientos para evitar derroches y gastos excesivos que dejaran a los municipios en números rojos. Aquí en Iruñea también fuimos testigos de esos derroches, proyectos faraónicos, recortes y políticas antisociales, práctica habitual en los gobiernos de UPN. Esa ley vino demasiado tarde para evitar aquella forma de gobernar y aún hoy seguimos pagando las consecuencias de aquella mala gestión y nos toca seguir pagando lo heredado y como ejemplo sangrante quisiera recordar los 6 millones que se tiró UPN a la basura en el proyecto fallido del museo de Sanfermines.

Pero la realidad de esta ley es mucho más compleja y tiene otros intereses que han sido ocultados y que perjudican y limitan la buena gestión responsable de las ciudades. Es una ley que ha limitado la autonomía de los ayuntamientos con un objetivo controlador y centralizador. Sus normas tan restrictivas impiden cualquier tipo de aumento de gasto, aunque sea para el beneficio de la ciudadanía, a los ayuntamientos que, como el de Iruñea, gozan de buena salud económica.

Hasta el 2016, la Ley de Estabilidad Presupuestaria no produjo efectos evidentes en las cuentas del Ayuntamiento de Pamplona, pero se debió a que el anterior alcalde, Enrique Maya, y su partido fueron incapaces de aprobar un solo presupuesto en toda la legislatura. Sin embargo sí provocó un descenso en el límite del gasto permitido de 20 millones de euros que ha condicionado enormemente la evolución de los presupuestos en los años posteriores.

El hartazgo de la gente debido al despilfarro de UPN, el cobro de dietas desmesuradas y su inacción municipal, entre otras cosas, hizo que hubiera un cambio de gobierno. En estos tres años, recogiendo el mandato de las personas que votaron por el cambio, hemos logrado aprobar tres presupuestos y empezar a responder a las demandas de la ciudadanía, además de que han desaparecido las obras faraónicas, las dietas, y no hay derroches económicos... Estamos gestionado con sensatez y responsabilidad sin dilapidar los recursos existentes y, a la vez, ampliando y recuperando servicios. Nuestro compromiso ha sido invertir en proyectos razonables, priorizando a las personas frente a proyectos especulativos. Este cambio, en la práctica, ha supuesto obras de mejora en escuelas infantiles, colegios, vivienda, mercado, mejoras en todos los barrios, locales para fomentar el asociacionismo, amabilizar la ciudad, ampliación en servicios sociales, poner en marcha planes estratégicos en distintos ámbitos y un largo etc.

Se están dando pasos, estamos respondiendo a las demandas más importantes de la ciudad, buscando mejorar el bienestar social y el interés común de los y las vecinas de Iruñea. Pero somos conscientes que todavía queda mucho camino por hacer, mucho por mejorar y sabemos que, pese a todo lo puesto en marcha, aún estamos lejos de que sea suficiente.

Es necesario saber que, hoy en día Iruñea tiene la capacidad política y económica para poder responder a las necesidades básicas, ahondar en sus políticas sociales y profundizar en el desarrollo de la ciudad. Por ejemplo ampliar el parque de viviendas para destinarlas a emergencia habitacional o alquiler social. Y dicho esto, lo más sangrante y denunciable es que no lo podamos hacer porque una ley estatal, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que se supone fue creada para impulsar el crecimiento y ofrecer una perspectiva de futuro más próspera, justa y solidaria, está coartando y limitando cualquier tipo de acción política municipal que pudiera promover el bienestar de la ciudadanía. La gravedad de esta ley y su repercusión en la vida de quien reside en Iruñea se ejemplifica muy claramente: en estos momentos el Ayuntamiento cuenta con 21 millones que no puede gastar.

El sinsentido de esta ley es que da el mismo tratamiento y delimita de igual forma a todos los ayuntamientos independientemente de la capacidad económica que se tenga. ¿Cómo es posible que se prohíba usar remanente para responder a necesidades de la ciudad? ¡Iruñea tiene dinero!, ¡millones!, dinero que debiera destinarse a paliar las necesidades mas acuciantes, más básicas e incluso actuar en mejoras de la ciudad, a fomentar la creación de empleo y a facilitar la renovación de la plantilla municipal. Sin embargo, la ley nos lo prohíbe. Teniendo en cuenta el dinero ahorrado del consistorio es totalmente injusto que las normas restrictivas se apliquen en el mismo sentido a las administraciones que gozan de buena salud económica que a las que no la tienen.

Es una falacia decir que la Ley de Estabilidad Presupuestaria promueve la eficacia y el desarrollo económico en su aplicación, ¡nada mas lejos que la realidad!

Estos límites coartan la competencia y capacidad que tiene la ciudad para poner en marcha proyectos, que, sin duda, contribuirían al aumento del desarrollo económico de la ciudad y del bienestar de la ciudadanía. Por el bien de la ciudad y sus ciudadanos es necesario, sin más dilación, derogar esta ley.

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