Es justo y social pagar peajes? Es este un debate con solera en los movimientos sociales y políticos, especialmente en el seno del ecologismo. Muchos y durante tiempo hemos denunciado los problemas asociados a los peajes asimétricos, los que se aplican solo a una determinada vía: gravan sobremanera a los habitantes de algunas zonas, desvertebran el territorio al primar unos desplazamientos sobre otros (la A-8 sentido Cantabria, por ejemplo), colapsa las vías alternativas, que en muchos casos poseen tramos urbanos o peligrosos, con consiguientes problemas de seguridad vial o confort... El caso emblemático en Euskal Herria sería el de la A-8; en su tramo en Bizkaia, por ejemplo, el peaje afecta sobremanera a los habitantes de Durangaldea. Ante ello, en muchos casos hemos llegado a reivindicar la gratuidad como mal menor.

Como mal menor, porque el debate tiene más fondo y profundidad. En el curso del mismo se ha desarrollado el concepto de peaje social. ¿Y qué hostias es eso del peaje social? Pues la deducción resulta sencilla a partir de la reflexión anterior: el que corrige, al menos en parte, los problemas anteriores. Especialmente la cuestión de la equidad: esto es, el que se aplica al conjunto de las vías de alta capacidad del territorio, o todos o ninguno. La referencia ha venido siendo el canon por circulación vigente en algunos países europeos. Y a partir de ahí, pueden aplicarse sistemas y deducciones compensatorias, en función de la accesibilidad al transporte público del lugar de residencia o de las condiciones económicas particulares, por ejemplo. Los sistemas más avanzados permitirían, incluso, una gestión del tráfico, estableciendo sistemas de peaje dinámicos en función de las condiciones de ocupación o de seguridad de la vía, estimulando o disuadiendo de la utilización de unas sobre otras.

El peaje social es más justo que la gratuidad? Este es, sin duda, el debate de fondo. Las carreteras, ademas del considerable impacto económico y ecológico de su construcción, tienen un coste de mantenimiento. ¿Cómo debe pagarse todo ello? ¿Desde las arcas públicas, manteniendo la gratuidad de su uso? Dicho de otro modo, más crudamente, ¿los impuestos de todos deben sufragar la movilidad en vehículo privado? Porque esta es la cuestión, la movilidad debe asegurarse mediante un servicio universal, al que todo el mundo pueda acceder, como es el transporte público. Y aún así, tiene un impacto ecológico y económico, por lo que debe tener precios populares, bonificaciones, pero no gratuidad. Pero lo que no resulta justo y equitativo es que con dinero público, de todos, se sufrague el transporte en vehículo privado, del que no dispone todo el mundo; especialmente jóvenes, ancianos, mujeres o sectores económicamente más desfavorecidos.

Durante años aquí se ha incentivado sobremanera el uso del vehículo privado, hasta el punto que hemos llegado a considerarlo un «derecho», aunque decir esto puede resultar impopular. Pero es hora de empezar a invertir la situación, porque no es sostenible ni económica ni medioambientalmente. La prioridad y responsabilidad de las instituciones públicas debe ser impulsar el transporte público, universal, para todas y todos; el transporte en vehículo privado, no universal, con impacto económico y ecológico, debe pagarse en función de su uso. Un sistema de peaje social, debidamente planificado, equitativo y compensado es, indudablemente, más justo y sostenible. Los agujeros que la locura constructora ha dejado en las sociedades públicas gestoras de las infraestructuras no hacen sino apremiar la toma de medidas. Pero el debate de fondo es el anterior, y en función del mismo deben construirse la reflexión y las medidas a tomar.

Autovías, trenes de alta velocidad (sin sistemas de seguridad a la altura), aeropuertos, palacios de congresos, museos... Sobre el mapa que proyectaba unir todas las capitales del Estado mediante alta velocidad un ministro español afirmaba la insostenibilidad del mismo; probablemente era el mismo mapa con el que meses y años antes se pavoneaba de ser el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad, ¡después de China! Sabíamos de la insostenibilidad económica, ambiental y social. Sospechábamos y denunciábamos la razón de fondo que ahora empieza a aflorar: corresponder a las constructoras que previamente habían pasado por caja (B). Incluso ni llegábamos a imaginar que el mecanismo fuera tan burdo, tan spanish; a la vista estaban otros más sutiles y legales, como la famosa «puerta giratoria» por la que se pasa de la política a sueldos millonarios en los consejos de administración o dirección de de grandes empresas, y viceversa, que para eso es giratoria.

Pero por aquí no nos hemos quedado cortos en la locura constructora. Autopistas fantasma por las que no circula nadie pero acumulan deuda (SuperZor), macroincineradoras que requieren no reciclar en exceso o incluso importar basura, derruir un estadio para construir uno nuevo prácticamente en el mismo lugar, una deuda millonaria acumulada en Bidegi que ha precipitado el debate sobre los peajes en Gipuzkoa. O el seguir empecinados en sembrar la geografía vasca de pilares de un tren de alta velocidad que lleva camino de convertirse en un nuevo Lemoiz. La conexión hacia el sur, pues por ahí abajo las cosas están como están; por el norte, el estado francés ya ha dicho que si eso en el 2030 hablamos. Su utilidad social siempre ha sido escasa, y su impacto económico y ecológico enorme, absolutamente desproporcionado. Pero es que ahora cada vez se parece más al monorrail que rodea Springfield en un episodio de Los Simpson: de ningún sitio a ninguna parte, pero muy rápido y «moderno»; servicios sociales, sanidad o educación para qué.. En las perspectivas actuales hay pocas probabilidades de que pueda incluso ponerse en funcionamiento: una demanda potencial residual y unos costes e mantenimiento elevados, inasumibles. No se puede seguir empecinado en priorizarlo, cual alumno pelota de la delirante burbuja española.

Esto es lo que está en el fondo de todos estos debates, sobre el Puerta a Puerta y la incineración, los peajes, el TAV, la fiscalidad... Poner en marcha una transición hacia un cambio de modelo de desarrollo, más sostenible, más justo, de futuro. Sí, puede que muchas veces no se enmarquen adecuadamente en esta perspectiva, que se presenten o justifiquen fragmentariamente, o incluso se apele a razones economicistas o se caiga en el pin pan pum y el «tú más». Pero todas estas iniciativas son pasos que rompen esa locura desarrollista española y vasca que nos ha traído a donde nos ha traído, y caminan en la puesta en marcha de las bases de un nuevo modelo de futuro, equilibrado, justo, sostenible. Y en esa perspectiva han de situarse, y como tales justificarse, como pequeños pasos en muchos casos, que distan de ser el objetivo final; y harán falta más. Ese es el debate de fondo, construir un proyecto de cambio, de salida, de transición, construyendo hoy el futuro. Cuídate.