Joseba Mikel Garmendia Albarracin

¿Importar electricidad o producirla aquí?

Además de aumentar las capacidades de la red de distribución, es importante no relegar en el tiempo y en la responsabilidad la urgente necesidad de incrementar significativamente nuestra capacidad de generar energía eléctrica renovable. Nuestro tejido productivo lo va a necesitar

La transición energética suele discutirse en clave de cambio climático, emisiones de gases de efecto invernadero y compromisos globales. Menos visible es la dimensión que liga política energética con política industrial, y cómo la descarbonización afecta al tejido productivo y a la competitividad territorial.

Cumplir los objetivos de temperatura global y de emisiones exige, por un lado, más generación renovable y, por otro lado, redes de transporte y distribución capaces de absorber, transportar y entregar esa energía en la forma adecuada. Conviene desarrollar ambas vertientes de manera equilibrada. Porque cabe la tentación de incidir en la vertiente de la infraestructura, para asegurar que haya capacidad de acceso para los proyectos de electrificación en la industria vasca o la atracción de nuevas inversiones, y prestar menos empeño a la generación autóctona apostando por la importación de energía renovable de otras autonomías. Resulta erróneo pensar que, si las tarifas, peajes y cargos son más o menos homogéneos en el mercado ibérico, ¿qué más da producir la electricidad aquí o comprarla fuera, siempre que se pueda asegurar capacidad y calidad de conexión?


El bajo coste marginal de las tecnologías renovables contribuye a reducir el precio medio de la electricidad. El gasto en suministro de electricidad para nuestro tejido productivo ronda el 4’2 % del PIB. Una tarifa más barata, junto con la estabilidad del coste unitario de la red –caso de que los costes fijos de infraestructura aumenten relativamente por debajo del volumen de consumo– y el ahorro en la compra de derechos de emisión de carbono, reducen de forma directa la factura energética de la industria, ampliando sus márgenes operativos y reforzando su posicionamiento internacional.


Por otra parte, los precios eléctricos competitivos y la garantía de acceso a la potencia requerida son factores decisivos para atraer inversiones en sectores de consumo intensivo y para evitar la deslocalización del tejido industrial existente hacia regiones con mejor acceso energético.


Estos vectores de ventajas comparativas parecen operar de manera homogénea en todo el mercado español peninsular, ya que el precio mayorista del megavatio-hora, los peajes y los cargos son (casi) iguales aquí, en Teruel o en Madrid. Corresponden a regulaciones centralizadas. Por tanto, aunque tengamos una gran debilidad en cuanto a generación renovable, sobre todo en la Comunidad Autónoma Vasca, parece que no hay problema con adquirir la electricidad de otros lugares, como Aragón o Castilla, si reforzamos la red de distribución y de transporte. (Y de paso nos ahorramos debates y tensiones sociales y políticas, a la vez que encubrimos la contradicción de tener que sustituir las afecciones de parques eólicos o fotovoltaicos por autopistas de alta tensión).


No obstante, más allá de la cuestión de la soberanía energética, el sentido común apunta a que debe haber una correspondencia territorial entre la capacidad de generación y la capacidad de abastecer la demanda, para que los desequilibrios no generen tensiones a medio y largo plazo. En realidad, ya existen señales y elementos que confirman que la correspondencia territorial señalada puede ser fundamental para el mantenimiento y fortalecimiento de nuestro tejido industrial.


En Europa ya hay países como Noruega y Suecia que aplican distintos precios por regiones, debido a restricciones físicas del sistema eléctrico. Así, zonas con alta generación renovable registran precios más bajos, lo que se aprovecha como elemento de política industrial para la atracción de empresas electrointensivas. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) evalúa escenarios donde algunos Estados (como Alemania, Francia o Países Bajos) zonifiquen el mercado estatal con precios mayoristas diferenciados de la electricidad. En el Estado español han surgido propuestas en regiones con alta densidad de generación renovable a favor de que su esfuerzo repercuta en su territorio con tarifas más baratas. La zonificación podría resultar especialmente perjudicial para nuestro tejido productivo, debido al gran déficit de generación y la saturación de la red que arrastramos.


Sin esperar a esa hipótesis extrema, ya se están produciendo pérdidas de ventajas comparativas a causa de otros mecanismos. Las decisiones de inversión en nodos y redes de transporte, tomadas en Madrid, dependen de evaluaciones técnicas, pero también de criterios o presiones políticas. Asimismo, la ubicación de plantas generadoras refuerza las decisiones de inversiones en red y en subestaciones de distribución para poder inyectar la energía en la red, lo que puede reforzar las infraestructuras de conexión.
En otro orden, las medianas y grandes empresas gestionan el suministro a través de tres vías: autoconsumo; contratos PPA a largo plazo directamente con empresas generadoras; y comercialización convencional. En teoría una empresa de Bizkaia puede hacer un contrato PPA con una empresa eólica de Zaragoza, consiguiendo mejores precios; pero hay una serie de límites a ese planteamiento.

Por una parte, un PPA remoto puede estabilizar el precio de la energía, pero no elimina los peajes, cargos y demás componentes asociados al suministro a través de la red; mientras que los contratos PPA en régimen de autoconsumo, que requieren proximidad a pocos kilómetros entre consumidor y generador, pueden quedar exentos de determinados peajes y cargos. Por otra parte, los Gobiernos autonómicos pueden facilitar o impulsar acuerdos industriales, proyectos de autoconsumo compartido o marcos de colaboración entre generadores y consumidores locales, que desplacen a compradores foráneos.

Por todo lo dicho, además de solventar las limitaciones y aumentar las capacidades de la red de distribución en nuestro país, es importante no relegar en el tiempo y en la responsabilidad la urgente necesidad de incrementar significativamente nuestra capacidad de generar energía eléctrica renovable. Nuestro tejido productivo lo va a necesitar.

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