Los últimos datos disponibles sobre el Índice de Precios al Consumo (IPC) muestran que, comparando con el año anterior, en mayo el precio de la cesta básica de las familias había aumentado un 8,4 % en Hego Euskal Herria. La previsión es que los datos de junio reflejen una subida anual del 10 %. Además, llevamos desde octubre de 2021 con subidas superiores al 5 %. Hay que remontarse hasta el año 1986 para encontrar unas subidas del IPC superiores al 10 % y la última vez que tuvimos datos por encima del 5 % fue hace 26 años.

​En este contexto conviene recordar que la inflación es considerada como el impuesto de los pobres, porque no afecta por igual a los diferentes niveles de renta. Así, una gran parte de las familias trabajadoras no pueden incrementar sus ingresos en la misma proporción que el aumento de los precios, por lo que se genera una pérdida de poder adquisitivo. El incremento salarial medio pactado en los convenios vigentes en la CAPV para 2021 fue del 1,23 %, algo lógico teniendo en cuenta que la inflación de 2019 y 2020 fue del 1,2 y -0,3 % respectivamente. La cuestión es que las cláusulas de revisión salarial, ante subidas del IPC por encima de lo estimado, tienen un efecto limitado por tres razones: se incluyen en algunos convenios, no en todos, y se calcula que puede servirse de ellas alrededor del 30 % de las personas asalariadas; las subidas de reajuste (en torno al 3,8 %) están lejos de las subidas de los precios a final de año; y cada vez más convenios condicionan esas cláusulas de revisión al cumplimiento de determinados objetivos empresariales.

​El artículo “La inflación si entiende de clases” publicado en marzo por CaixaBank Research indica que no es una cuestión tan solo de niveles y revisiones salariales, sino que las variaciones de precios no son iguales en los distintos bienes y servicios que engloban la cesta de consumo de referencia. Así, los componentes del IPC que engloban productos considerados de primera necesidad (alimentos, alquiler, agua, electricidad, gas y transporte) pasaron de una inflación de apenas un 0,5 % en enero a casi un 7,0 % en diciembre, tasa que asciende al 9,2 % si se incluye la gasolina. El peso de este tipo de productos en el consumo medio es mucho mayor entre los niveles de renta más bajos que en los niveles de renta más altos. Así, en el Estado se estima que el 20 % de la población con niveles de renta más bajos destina en torno a un 35 % de su consumo a productos de primera necesidad, mientras que el 20 % con rentas más altas, tan solo un 15 %. Combinando las distintas variaciones de precios por tipo de productos y el peso relativo que los productos de primera necesidad tienen en el consumo de diferentes niveles de renta, el estudio estima una desigualdad de inflación de 0,8 puntos mayor para los niveles de renta más bajos. Se trata de la mayor desigualdad de inflación de por lo menos la última década. No debe olvidarse que las familias con menores ingresos tienen un menor margen de ajuste de gastos y de ahorro; y se caracterizan por unas demandas muy rígidas por las necesidades. No es lo mismo decidir no irse de vacaciones o no cenar en un restaurante, que limitar el consumo de gas en invierno o el consumo de gasolina en los desplazamientos al trabajo.

​Y no tardaremos en escuchar voces culpando a los incrementos salariales de la subida de precios. Sobre el origen de este episodio inflacionario suelen argüirse diferentes razonamientos. Las teorías monetaristas establecen que los bancos centrales han incrementado el volumen de dinero, lo que provocaría el alza de los precios. A pesar de que la evidencia de las últimas seis décadas muestra que la política monetaria expansiva juega un papel secundario, los bancos centrales están incrementando los tipos de interés lo que a su vez puede generar un aumento de las cargas financieras en las familias y en las empresas, y la entrada en recesión. Las teorías neokeynesianas, por su lado, opinan que el gasto público excesivo para hacer frente a la crisis del covid, la presión salarial y el afloramiento de los ahorros acumulados durante el periodo de confinamiento estarían detrás del incremento de precios a causa de una demanda excesiva. En consecuencia, proponen la austeridad presupuestaria, la contención salarial y la no indexación de los salarios a la inflación.

​A diferencia de esas teorías, los análisis más rigurosos otorgan al debilitamiento de la oferta la causa principal de la inflación actual. Los cuellos de botella en el suministro generados después del confinamiento, las sanciones y las restricciones en los suministros de energía, alimentos y materias primas impuestas a Rusia, la reducción de las inversiones y la producción en el sector petrolífero desde antes de la pandemia y en otras actividades, hacen que la oferta sea incapaz de responder a la reactivación de la demanda, lo que empuja los precios al alza.

​La inflación acelerada de los últimos meses no está causada por una demanda excesiva o la presión de los costes salariales, o por el exceso de masa monetaria, sino por un crecimiento débil de la producción y una inversión insuficiente en activos productivos. No obstante, parece que el margen reducido de actuación y la miopía europea, tanto en el banco central como en lo referente a las sanciones y las relaciones con Rusia o con Argelia, empujarán a optar por las fórmulas clásicas de subidas de tipos de interés y recortes, lo que incrementará la probabilidad de una recesión. Y en ella los mayores damnificados, como siempre, serán las capas sociales con menores recursos. Además, se apremiará para que la subida del coste de la vida no se traslade a la subida salarial, para evitar un espiral inflacionaria, en lugar de plantear fórmulas que permitan la recuperación del poder adquisitivo sin que repercutan en los precios finales. Aunque todo dependerá de hasta qué punto este episodio inflacionario se perpetúe o sea temporal, lo que está sujeto al alto nivel de incertidumbre existente.