El 25 de junio de 2004, el entonces Gobierno del PSOE, considerando que entre 1996 y 2004 los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), habían estado un 6,6% por debajo de las subidas del IPC, incrementaba el citado SMI en ese mismo porcentaje, con efectos desde el día 1 de julio de dicho año, quedando por tanto establecida la nueva cuantía en 490,80 euros al mes o 6.871,20 euros al año, en cómputo anual (14 mensualidades). Pero hasta dicho momento las variaciones en el SMI, incidían en otras prestaciones no salariales referidas al mismo, con lo cual la incidencia de la subida salarial provocaba un aumento del gasto fuera del ámbito estrictamente salarial.

Para evitar el efecto expansivo del gasto el Gobierno creaba una nueva figura, el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), que también entraba en vigor en la misma fecha del 1 de julio de 2004 y cuya cuantía hasta el 31 de Diciembre de dicho año se establecía en 460,50 euros mensuales, 5.526 euros en cómputo anual (12 mensualidades), importe coincidente con lo que había sido el SMI hasta el 30/06/2004.

La nueva figura de referencia servía a partir de la fecha citada en la normativa educativa, para la percepción de becas y el pago de tasas; en el ámbito procesal, para el acceso a los beneficios de la justicia gratuita o la determinación de los anticipos reintegrables; en la normativa de la vivienda, para el acceso a las viviendas de protección oficial y la revisión de alquileres, en la normativa fiscal, para la determinación de los mínimos exentos fiscales, ingresos de hijos con derecho a deducción, tasas, impuesto de transmisiones o determinados tributos locales, entre otros, no afectando de la misma forma en todas las comunidades autónomas, ya que en determinados supuestos de estos, las comunidades autónomas disponen de capacidad de regulación propia. Pero sí en algo la regulación es común en todo el Estado, es en las prestaciones de desempleo, tanto en el nivel contributivo como en el asistencial, así como en la renta activa de inserción, prestaciones cuyo importe se pasó también a actualizar en función del IPREM. Vamos a poner la mirada solo en estas últimas.

Aquí es donde nos encontramos con un grave perjuicio que incide precisamente en los sectores más vulnerables de la sociedad, ya que entre el 1 de julio del 2004 y el 31 de diciembre del 2017, y en el 2018 no se ha alterado, su importe ha pasado de 460,50 a 537,84 euros mensuales, lo que supone un incremento del 16,79%, en tanto que el IPC, se ha incrementado en el mismo período en un 26,70% a nivel estatal, o en un 28,41% en Euskadi. Claro que la afectación habrá sido distinta en función del período, más extenso o más corto, en que los distintos perceptores hayan figurado como beneficiarios de esa prestación. Pensemos por ejemplo que entre 2010 y 2016, ambos inclusive, su importe mensual permaneció inalterado en 532,51 euros mensuales.

¿Cuantas personas se han visto afectadas por esta situación? Pensemos que a 31 de diciembre de 2017, las personas perceptoras de alguna de las prestaciones citadas alcanzaba la cifra de 1.894.209 personas.

Y por favor, que no sirva de consuelo que estas al menos siguen cobrando, ya que hay otro 1.580.000 ciudadanos desempleados que no perciben nada por la misma circunstancia.