Desde EH Kapitalari Planto tenemos claro que el profundo deterioro de Osakidetza es evidente y que no se trata únicamente de una percepción. La desinversión –especialmente en atención primaria y servicios de salud pública–, las listas de espera, la precarización y temporalidad laboral, especialmente en los sectores feminizados relacionados con los trabajos de cuidados de la vida, la lesión sobre el derecho a la salud, y las crecientes asimetrías de clase, raza y género en el acceso al sistema son una realidad.

La captura corporativa es parte fundamental de ese diagnóstico debido a que incluye los intereses privados y la lógica de maximización de beneficios como variables clave de la ecuación.

Asistimos, y sufrimos en consecuencia, a un choque entre un derecho público y el interés común, por un lado, frente a la maximización de la ganancia y el interés privado, por otro. La falta de inversión pública, los conciertos sociosanitarios, las subcontrataciones de servicios generales, los empleos públicos privatizados, los seguros privados y puertas giratorias son hoy ejemplo de ello.

Desde EHKP hemos hecho público el diagnóstico sobre la captura corporativa de Osakidetza y la penetración empresarial en el sistema público vasco de salud (disponible en: https://omal.info/spip.php?article10270). Los datos de este informe revelan que la inversión en Osakidetza se ha estancado (los fondos disponibles por Osakidetza únicamente crecen en 7 millones, un 0,1% del total; en términos de personal, la subida para 2025 es de 24 millones, lo que supone un 0,9%). Las listas de espera de primera visita para especialista crecen (24.179 personas en 2021 a 69.532 en 2023), la población en espera quirúrgica igual (18.357 en 2019 a 24.333 en 2023).

En consecuencia, se opta como solución por ampliar los conciertos sanitarios y sociosanitarios, lo que supone derivaciones de fondos públicos a negocios privados. Presupuestariamente, el volumen total destinado en 2024 a conciertos sanitarios ascendió a 249.695.724 €, lo que supone un 5,10% del gasto total del Departamento de Salud, incrementándose en un 9,1% respecto al año 2023. No obstante, informaciones periodísticas elevan esa cifra a 299,8 millones, suponiendo un aumento del 11,5% respecto al año anterior y un 6,12% del total del presupuesto. A estas cifras habría que sumarle 6,49 millones de euros en conciertos sociosanitarios.

La externalización de servicios y tareas no se limita al ámbito sociosanitario, sino que se expande también a toda una serie amplia de servicios generales como limpieza, ambulancias, restauración, seguridad, mantenimiento, electromedicina, lavandería, consultoría, servicios digitales, etc.

De este modo, el poder corporativo enquistado en el sistema público de salud se amplía con empresas de todo tipo, cuya estrategia de negocio depende en mayor o menor medida de la consolidación y ampliación de la privatización progresiva de Osakidetza. Es habitual que determinadas áreas de salud como salud mental, cardiopatías, enfermedades renales, diálisis, radiología, cardiología y oncología, por ejemplo, sean ámbitos sensibles que no están estrictamente amparados por el interés general y la defensa del derecho a la salud, sino que también se sujetan a la lógica empresarial de maximización de la ganancia.

El modelo público-privado que se impulsa, en términos generales, suele venir acompañado de pérdidas en la calidad de los servicios, abuso de la presencia de empresas privadas en dinámicas de planificación y consultoría, funcionamiento en forma de cártel en el marco de licitaciones, apropiación privada de datos y, muy especialmente, conflictos laborales frente a la búsqueda empresarial de la maximización de sus beneficios. El empleo público privatizado es otros de los pilares a destacar, los y las médicas con salario público que también trabajan en la sanidad privada. Se calcula que en la actualidad 1.059 facultativos y facultativas de Osakidetza tienen reconocida la compatibilidad, fenómeno que ha sido fomentado, bien mediante la eliminación del incentivo de la exclusividad, bien bajo un marco de nulo seguimiento.

La contracara del estancamiento en la inversión pública y del crecimiento de las externalizaciones es el aumento en el número y volumen de gasto en seguros privados, reservados para aquellos y aquellas personas que se lo pueden permitir. La cifra de personas que en la CAV cuentan con algún tipo de seguro privado supera las 525.000 personas, a datos de 2023. El gasto total en forma de primas supone, para ese mismo año, la cantidad de casi 400 millones de euros, cuantía que se ha cuadruplicado en 30 años.

Y qué decir de las puertas giratorias, este fenómeno, es absolutamente habitual en el sistema vasco de salud. Es notable el número de las y los consejeros y viceconsejeros del departamento vinculados mayormente al Partido Nacionalista Vasco que fluyen hacia puestos directivos del poder corporativo vasco de salud como Keralty, Quirón o IMQ entre otros. Grupos empresariales que, además, están internacionalizando la privatización del sistema público de salud en diversos países, especialmente los países del Sur Global.

Entendemos que revertir la captura corporativa es una condición indispensable para garantizar el derecho a la salud como bien común. Los datos no dejan dudas sobre la necesidad urgente de incrementar significativamente y de forma sostenida la inversión pública en salud, especialmente la atención primaria. Para ello, la clave está en confrontar la privatización. ¿Cómo? Republificando servicios externalizados, recuperando capacidad pública de gestión, evitando las puertas giratorias, extinguiendo la compatibilidad de empleo público y privado para los y las jefes de servicio y garantizando la estabilidad laboral y salarial del personal de la sanidad pública vasca.