Este noviembre la clase trabajadora vasca ha sido convocada a sendas huelgas generales en ambos márgenes del Bidasoa: el 5 de noviembre paró el norte, el 11 lo hará el sur. No se trata de un fenómeno aislado; en numerosos países de Europa se están produciendo huelgas y movilizaciones ante el empobrecimiento de la población trabajadora. Las condiciones objetivas son: acumulación de la riqueza en cada vez menos manos, crisis industrial y su militarización, desmantelamiento de los servicios públicos, precarización del empleo, crisis de cuidados, creciente carestía de la vivienda y otras necesidades básicas, la persistencia de las brechas machistas y racistas. Basta una chispa para prender la indignación social, ya sea el desalojo de una octogenaria en Madrid, una movilización estudiantil en la periferia de París (precedida por las protestas en las colonias) o una carga policial en Milán.

Lo que hace singular al caso vasco consiste en la existencia de un largo y sólido proceso de emancipación nacional y popular, así como un ecosistema organizativo que es a la vez fruto y actor de dicho proceso. Siguiendo con la metáfora, la disputa no depende de que prenda una chispa, sino de un fuego alimentado constantemente. El pasado mes de marzo se expresó lo que podemos denominar el «sentido común emancipador» que comparte gran parte de la población vasca: el recuerdo de la lucha obrera el 3 de marzo en Gasteiz, la lucha feminista el 8, la huelga general por un salario mínimo propio el 17 y, seguidamente, la mayor movilización popular por el euskara, Korrika. Mientras que en otros países (también en los estados español y francés) la internacional reaccionaria marca la agenda, en Euskal Herria el pulso popular late con fuerza. 

Esta correlación de fuerzas permite afirmar que aquí sí se pueden materializar las transformaciones a las que aspiran el sindicalismo, el feminismo, el antirracismo. Para ello necesitamos desarrollar un marco de relaciones laborales y protección social propio; necesitamos una mayor soberanía en beneficio de las clases populares. Las próximas elecciones en ambos estados van a determinar si el escenario será propicio para avanzar en esa dirección o bien nos obligará a establecer un muro popular antifascista que frene las amenazas de involución. En cualquier caso, el impulso de políticas redistributivas es y seguirá siendo clave para enfrentar el individualismo, la antipolítica y la ultraderecha. Se trata de demostrar, en un contexto de crisis sistémica, que en Euskal Herria sí hay una alternativa colectiva viable para un mejor vivir.

En este contexto, la convocatoria de huelga general el 11-N en Hego Euskal Herria responde a dos objetivos principales: en primer lugar, canalizar la indignación popular de la manera más efectiva posible, revirtiendo una agenda política que beneficia a la extrema derecha; en segundo lugar, seguir alimentando un proceso de lucha de clases y transformación social que parte desde y hacia Euskal Herria. La autonomía y solidez de este proceso están fuera de cuestión, y así lo prueba que esta sea la quinta huelga general convocada en Hego Euskal Herria en seis años, mientras que en el Estado español no se ha realizado ninguna desde el 2013. No solo eso: la intensidad de la lucha sindical a nivel de empresa y sector es notablemente superior a la media estatal, llegándose a concitar la mitad de las huelgas convocadas en el Estado pese a suponer tan solo el 6% de la población. Ello muestra que, más allá de las diferencias sindicales, la apuesta que LAB hizo tras la pandemia para iniciar un «nuevo ciclo de lucha» ha sido exitosa. 

Ocho sindicatos (cinco laborales, dos de vivienda y LAB, que es ambas cosas) nos hemos puesto de acuerdo para convocar huelga general y organizar movilizaciones conjuntas. Se trata de un acuerdo de mínimos, puesto que la línea estratégica de las organizaciones convocantes difiere notablemente: mientras que unas priorizan la dialéctica «social vs institucional», relegando a un segundo plano el pulso de clase y criticando a todos los partidos políticos por igual (lo que evidentemente agrada a los partidos sistémicos y especialmente al PNV), otras defendemos la centralidad del pulso de clase y su relación con el proceso por la soberanía y transformación social de Euskal Herria, interpelando a cada institución en la medida de sus competencias.

En cualquier caso, la contradicción principal que se va a dirimir el 11-N es la que enfrenta a las inquilinas con los fondos buitre, así como a las trabajadoras con la patronal. Se trata de hacer frente al doble robo que sufre la clase trabajadora: en el ámbito laboral, con la apropiación patronal de la plusvalía y la usurpación de los trabajos de cuidados no remunerados que recaen principalmente sobre las mujeres*; y en el ámbito de la vivienda, con la transferencia de renta de las capas populares hacia los grandes tenedores.

LAB es el único proyecto sindical que organiza y moviliza a la clase trabajadora en ambas vertientes. El desarrollo del sindicalismo por la vivienda está siendo notable en Iruñerria (las quinientas viviendas de Testa), Gasteiz (Adania), Erandio (Los Ocho) o Donostia (Benta Berri). Cientos de inquilinos e inquilinas se están organizando por medio del sindicato. Y empiezan a lograrse las primeras victorias, como la ley navarra para preservar el carácter público de las VPO (recurrida ahora por el PP) o el anuncio, todavía por confirmarse, de la compra de las viviendas de Benta Berri. Seguro que la huelga general contribuye a lograr nuevas victorias. Es así como se gana el pulso de clase: sindicalismo combativo en los centros de trabajo y a pie de calle, enmarcado en un proyecto transformador para la emancipación de Euskal Herria y su clase trabajadora.