En varias oportunidades hemos enfatizado la militarización que sufre nuestro continente latinoamericano, agudizada durante la pandemia. Si es cierto que «la policía es el golpe de Estado permanente», como afirmó Michel Foucault, podemos concluir que los avances represivos de los últimos meses representan un golpe del capital contra los pueblos.

Más de sesenta masacres en Colombia y otras tantas en México durante este año, enseñan los puntos calientes de la represión que nos atraviesa. Sin embargo, la represión no es un fin sino un medio. El objetivo es profundizar el modelo neoliberal extractivo, o cuarta guerra mundial contra los pueblos, como la denominan los zapatistas.

Durante la pandemia se están desarrollando nuevos proyectos mineros y de infraestructura, en todos países de América Latina. El Tren Maya es uno de los más conocidos fuera de México. La oposición al Proyecto Integral Morelos le costó la vida al activista náhuatl Samir Flores Soberanes, miembro de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos.

Las clases dominantes encontraron en el encierro y la limitación de la movilidad de las poblaciones una oportunidad para intensificar la acumulación por despojo. Prueba de ello es que durante la pandemia los ricos están acumulando enormes riquezas. «La fortuna acumulada de todos los grandes multimillonarios ha alcanzado su máximo histórico durante la pandemia de coronavirus: más de 10.000 billones de dólares (unos 8.700 billones de euros)», revela un estudio de PwC ("The Guardian", 7 de octubre de 2020).

Con una mano nos encierran y controlan, para con la otra seguir llenándose los bolsillos, descargando la crisis sobre los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios. La desigualdad sigue creciendo, los derechos democráticos son regulados o sencillamente anulados durante largos períodos. Las prioridades de los movimientos populares, como acaba de suceder en Colombia, van rotando desde la demanda por derechos a la defensa de la vida, amenazada por el sistema.

Por estas razones, cada vez que la movilización consigue neutralizar y hacer retroceder la represión, me parece necesario darle la importancia que merece. Este mes de octubre en Colombia sucedieron hechos notables. Me refiero a la Minga Indígena, Negra y Campesina, que durante diez días recorrió quinientos kilómetros desde el suroccidente hasta la capital, Bogotá.

La Minga (trabajo comunitario en el mundo andino), comenzó su recorrido en el Cauca, se desplazó hasta Cali y de allí recorrió diversas ciudades hasta finalizar en Bogotá, siempre rodeada de solidaridad. Participaron 8.000 personas, que hicieron el recorrido en chivas (autobuses abiertos que se utilizan en áreas rurales) y fueron protegidos por la Guardia Indígena, una creación del pueblo nasa, y de otros siete pueblos originarios que se agrupan en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

A mi modo de ver, la Guardia Indígena es una de las mayores creaciones de la autodefensa colectiva de América Latina, un continente donde existen numerosos emprendimientos comunitarios de este tipo para los cuidados. Su forma de organización es de abajo arriba y parte de las comunidades. En cada asamblea de comunidad se eligen guardias, en general jóvenes, varones y mujeres, que pueden ser revocados o reelegidos según haya sido su conducta.

Actúan como protección colectiva en base al número, portan bastones ceremoniales o chontas, cuentan con personas que coordinan cada grupo y una coordinación general. Durante la pandemia en el Cauca el CRIC moviliza 7.000 guardias para controlar el ingreso y salida de personas y vehículos en setenta puntos de su territorio.

Uno de los aspectos más interesantes es que otros sujetos colectivos han seguido los pasos de los pueblos originarios, al punto que en toda Colombia hay 70.000 guardias organizados. Se han creado las Guardias Cimarronas entre los pueblos negros y las Guardias Campesinas están dando sus primeros pasos en los últimos seis años.

Las guardias de diferentes pueblos y sectores sociales realizan encuentros interétnicos e interculturales en los que participan campesinos, indígenas y pueblos negros. Entre sus objetivos se proponen estrechar lazos, pero sobre todo promover la formación política y operativa para fortalecer el control territorial y avanzar en lo que en el Cauca denominan como «justicia propia», que funciona a contrapelo de la estatal.

El prestigio de la Guardia Indígena entre la población, y del conjunto del movimiento originario, es tan alto que la alcaldesa de Bogotá, la centrista Claudia López, militante contra el ultraderechista expresidente Álvaro Uribe, recibió y alojó la Minga en el Palacio de los Deportes, ante las protestas del Gobierno y la derecha.

Pero la alcaldesa dio un paso más, muy significativo. Rechazó la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en las calles, el cuerpo represivo más brutal del país. «Es absolutamente falso que la minga la acompañará el Esmad. Eso sería irrespetuoso, además de innecesario. A la minga la acompañará su propia guardia y los gestores de diálogo y convivencia de la alcaldía», apuntó López ("Vanguardia", 18 de octubre de 2020).

Se trata de una derrota de la política represiva y de los aparatos policiales creados para contener la protesta y mantener a raya a los sectores populares. Estos viven su mayor desprestigio luego del asesinato de un abogado en setiembre, que se tradujo en el incendio de dos decenas de comisarías en la capital, por miles de manifestantes furiosos.

«En Bogotá, la violencia policial se siente por toda la ciudad: hay persecuciones, allanamientos ilegales, robo, intimidaciones a jóvenes», dijo un concejal de la ciudad en una audiencia pública sobre la reforma policial ("Le Monde Diplomatique", edición octubre 2020).

Gracias a las guardias indígenas, cimarronas y campesinas, esta vez la Policía no pudo morder en la Minga, y hasta los infiltrados que envió fueron separados de las marchas. Una derrota inapelable que marca rumbos.