En el lenguaje político internacional, las palabras nunca son inocentes. Lo que en un lugar se llama ocupación, en otro se disfraza de integración, autonomía o modernización. Así, los mismos actos −imposición institucional, colonización territorial, sustitución lingüística y control jurídico de un pueblo originario− reciben nombres opuestos según quién los ejecute. Esa es la paradoja que separa la condena global a los «barrios» israelíes en Palestina del silencio cómplice frente a los «barrios», carreteras e instituciones que España y Francia levantan sobre el territorio de Nabarra.

La diferencia no está en los hechos, sino en el relato. En Palestina, la comunidad internacional reconoce una ocupación que vulnera la soberanía y el derecho de autodeterminación de un pueblo. En cambio, en Nabarra, la misma estructura de dominación −con sus delegaciones administrativas, sus símbolos impuestos y su ingeniería lingüística− se presenta como una forma legítima de Estado o como expresión de «convivencia democrática». El lenguaje actúa como blindaje moral: convierte la conquista en reforma y la sumisión en ciudadanía.

Sin embargo, desde una perspectiva filológica e histórica, el paralelismo es inevitable. En ambos casos, el poder ocupante redefine el territorio mediante la toponimia, la legislación y la construcción física del espacio. Los «barrios» y «municipios» erigidos por España y Francia en suelo nabarro no son simples unidades urbanas, sino expresiones materiales de una soberanía ajena. Cada edificio administrativo, cada avenida con nombre borbónico, cada escuela que normaliza la lengua del Estado sobre la del país conquistado, prolonga la ocupación en el tiempo. Es una colonización incrustada en la cotidianeidad, tan persistente como invisible.

Desde el punto de vista del derecho histórico, Nabarra no fue una región absorbida por evolución natural del Estado moderno, sino un Reino soberano, sometido por la fuerza y luego despojado de su legitimidad jurídica. La supuesta «integración» fue el resultado de una derrota militar y de una posterior reingeniería institucional que buscó borrar la memoria política del país. Se sustituyó el marco jurídico nabarro por la ley extranjera, y la lengua del pueblo por el idioma del dominador. Lo que en Palestina se reconoce como ocupación y colonización, aquí se llamó «reforma foral» o «autonomía».

En el plano lingüístico, la operación fue igualmente precisa. La sustitución del nombre histórico Nabarra por formas administrativas o dialectales como Navarra o Nafarroa refleja un proceso de desposesión semántica: el desplazamiento del significante originario, ligado a la soberanía, por uno funcional al marco del Estado. Cuando un nombre deja de nombrar al sujeto político que lo creó, comienza la colonización del pensamiento. El poder no solo ocupa el territorio: ocupa también el lenguaje con el que ese territorio se comprende.

El discurso contemporáneo intenta suavizar este conflicto mediante fórmulas políticas como «autogobierno», «convivencia» o «pluralismo constitucional». Pero todas ellas descansan sobre la aceptación tácita de la derrota original. El autogobierno sin soberanía es una administración delegada; la convivencia bajo un poder impuesto es una paz colonial; y el pluralismo dentro de un Estado unitario es solo tolerancia condicionada. Bajo la retórica democrática se mantiene la misma relación asimétrica entre ocupante y ocupado.

La comparación con Palestina no busca igualar tragedias ni sufrimientos, sino denunciar la hipocresía con la que se mide la legitimidad de las ocupaciones. Allí se alzan muros visibles; aquí se levantan muros jurídicos, lingüísticos y simbólicos. Allí se habla de resistencia nacional; aquí se habla de descentralización administrativa. Pero en ambos casos, la esencia del conflicto es la misma: el derecho de un pueblo a decidir su destino frente a la imposición de una soberanía ajena.

La comunidad internacional condena enérgicamente los asentamientos israelíes porque alteran la identidad y el equilibrio demográfico de un territorio ocupado. Pero guarda silencio ante los procesos de colonización cultural, económica y política que mantienen a Nabarra bajo la tutela de dos Estados. El silencio, en este caso, es complicidad. La negación del conflicto no lo resuelve; lo perpetúa bajo una apariencia de normalidad.

Nabarra, como Palestina, no reclama privilegios, sino coherencia: que la soberanía de los pueblos no dependa del idioma en que se expresa ni de la potencia que los somete. Que el derecho a existir no se subordine a los intereses de quienes escriben la historia. Y que el lenguaje político deje de ser un instrumento de ocupación encubierta.

Porque una ocupación sigue siendo una ocupación, aunque se la llame «Estado», «foralidad» o «autonomía». Y mientras el nombre de Nabarra no vuelva a significar soberanía, la libertad seguirá siendo una palabra pendiente.

Nabarra askatu.


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