Soy vasca, nací aquí y hablo euskara. Pertenezco a esa generación bisagra cuyos estudios fueron íntegramente en castellano porque la historia y las leyes de entonces nos privaron del derecho a una inmersión lingüística en la escuela. Durante décadas, amamos el euskara como un patrimonio afectivo y resistente. Hoy, sin embargo, la administración vasca ha conseguido que muchas personas empecemos a cogerle manía a nuestra propia lengua, al sentirnos profundamente discriminadas por ella. 

Trabajo en el sector educativo. Soy profesora de idiomas: imparto inglés, alemán y español para extranjeros. Cuento con tres másteres, un nivel C2 de castellano (una titulación máxima que muy pocos acreditan) y tengo un nivel B2 de euskara. Este nivel es más que suficiente para mi día a día y para la comunicación en mi puesto de trabajo. Sin embargo, llevo un año sin conseguir ninguna plaza por el único motivo de no tener el C1 de euskara. ¿Tiene sentido aplicar una exigencia lingüística tan ciega e idéntica a una profesora de lenguas extranjeras que a quien imparte Literatura vasca? El sistema prioriza un título lingüístico sobre la cualificación pedagógica, privando a la educación de profesionales altamente formados y vaciando las aulas de talento real. 

Si el castellano y el euskara son las dos lenguas oficiales de nuestra comunidad, ¿por qué se tolera esta flagrante discriminación y asimetría? ¿Por qué la administración no solicita demostrar de forma homóloga y mediante exámenes específicos la misma capacitación en castellano que en euskara? Si las nuevas generaciones cursan el 100% de sus estudios en euskara, ¿quién nos garantiza que su nivel de castellano sea el adecuado para la excelencia docente? Es incomprensible que mi C2 de español sea un mérito invisible mientras que la falta de un C1 de euskara funcione como una exclusión fulminante. 

Esta cerrazón burocrática resulta aún más sangrante tras conocerse los alarmantes resultados del último informe PISA, donde el País Vasco ha firmado el peor desplome de su historia en competencias clave como la comprensión lectora. Es evidente que el sistema está fallando, y expulsar a profesionales cualificados solo empeora la calidad de la enseñanza. Si ambas lenguas son constitucionalmente oficiales, las exigencias de titulación deberían medirse exactamente con la misma vara. 

Para recuperar mi derecho a trabajar, el sistema me exige un certificado que me cuesta unos 800 euros entre matrículas de euskaltegi y tasas de examen, además de cientos de horas de estudio. Al encontrarme en el paro, esta barrera económica se vuelve insalvable. El Gobierno Vasco presume de ayudas a la euskaldunización, pero la realidad del sistema de becas de HABE es una absoluta mentira. Para optar a ellas, primero tienes que abonar el dinero de tu propio bolsillo (algo imposible si no tienes ingresos) y solo te lo devuelven si logras aprobar en plazos draconianos. Cuando me saqué el B2, no conseguí que me abonasen absolutamente nada. 

Lo más hiriente es la brecha generacional institucionalizada por la administración. Las subvenciones se vuelcan de forma masiva y prioritaria en los jóvenes nacidos a partir de 1996, quienes reciben hasta 700 euros por acreditar el C1. Ellos son precisamente los que menos ayuda económica necesitan para este fin, ya que por haber nacido en la era del modelo D han realizado toda su escolarización en euskara. Mientras tanto, a los nacidos antes de 1995, los que sufrimos la falta de inmersión lingüística en nuestra juventud, se nos despacha con migajas de 150 euros. 

Se nos castiga doblemente: por la fecha de nuestro DNI y por nuestra situación económica. Si las instituciones vascas quieren que el euskara sea un elemento de cohesión y no una herramienta de segregación laboral y elitista, la gratuidad total de los niveles exigidos debe priorizar urgentemente a los profesionales desempleados mayores de 40 años. Exigir un nivel inalcanzable económicamente para poder trabajar no es proteger la lengua; es condenar a la exclusión a sus propios ciudadanos. 

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