Es decir, no se tuvo en cuenta, por el citado Tribunal, como realidad determinante la diferencia lingüistica que hay entre la sociedad serbia y la albanesa-kosovar, únicamente fue decisivo el hecho de la imposibilidad de alcanzar una solución democrática al conflicto político existente entre ambas sociedades, en la práctica una conquistadora-dominante y la otra conquistada-dominada. Para entonces, ya la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, constituida por cuarenta y siete Estados, en su recomendación 1735 del año 2006, punto 16.4, dispuso que, se «recomienda a los Estados miembros a adaptar su Constitución de conformidad con las normas europeas democráticas actuales que obligan a los Estados a integrar a todos sus ciudadanos, independientemente de su origen étnico o cultural, en una entidad cívica y multicultural, y a no definirse ni organizarse como Estados exclusivamente étnicos o culturales». Esta recomendación en sí misma considera dos grandes vertientes, por un lado la de poner en evidencia que los Estados no tienen que coincidir con una nación cultural determinada en el caso de que en su jurisdicción haya más de una nación cultural y además que este va a ser el firme criterio del Consejo de Europa de cara al futuro, ante el eventual reconocimiento –por la recuperación de la independencia en unos casos o la creación en otros– de nuevos Estados, acto que siempre deberá estar basado en la realidad democrática y en la citada directriz jurídica internacional. Aunque se trate de sociedades que estén siendo conquistadas de manera continua por las sociedades dominantes que disponen de sus propios Estados, la evidencia de dicha situación ya está quedando a la luz del día en los casos de Escocia y Catalunya, mientras que en el Estado conquistado de Navarra entera, que es negado por los conquistadores actuales y de manera inexplicable por parte del nacionalismo vasco, que sigue en su desenfoque -ahistórico, antijurídico, negacionista de la conquista, de los fueros, legalidad, Constitución y Estado navarro propio- manteniéndose de espaldas al criterio vigente, ya expuesto, en la legislación, jurisprudencia y doctrina internacionales.

En Catalunya, acertadamente, se planteó en la consulta cívica del 9 de noviembre de 2014 dos alternativas, votar por su Estado propio y por su Estado propio independiente, es decir, en la práctica y tácitamente por la independencia interna y por la independencia externa, en realidad complementarias, pues esta aparente dicotomía se aclara con el resultado de la amplia mayoría del sí sí a ambas preguntas y con la voluntad social expresada en las últimas Diadas, y en diversas votaciones electorales, por lo que ambas tienen un sentido unívoco, la recuperación del Estado propio e independiente. Catalunya ya ha dejado acreditado que es imposible el cambio político en el Estado español a un Estado confederal, federal, plurinacional o respetuoso con los Estados de las naciones conquistadas. Lo que tiene un efecto inmediato aquí, invalidando todos los planteamientos, negociaciones, pactos, estatus político o concierto político, de los supuestos acuerdos de respeto al derecho a decidir, o al reconocimiento del Estado conquistado de Navarra y tampoco el de su comunidad lingü.stica de Euskal Herria. El acuerdo explícito entre el PP y PSOE, y los adherentes, cierra definitivamente toda posibilidad al ejercicio del derecho a decidir, de forma consensuada, pero eso no evita lo correcto de que quede la máxima constancia de la negativa. Ya la realidad de la independencia interna de Catalunya, que se ha consolidado socialmente a lo largo de 2013 y 2014 -a la vez que las instituciones autonómicas y paraestatales se transforman en estatales catalanas-, está influyendo en el cierre de filas del frente o bloque conquistador español. La crisis política del Estado español se une a la crisis económica, en una sola. La independencia externa de Catalunya, que será formalizada a lo largo de 2015-2016 y reconocida internacionalmente a partir de 2017, traerá como consecuencia un posible intento a la desesperada de federalización española, pero que por contra abrirá un inevitable proceso de independencia de los otros Estados, como Navarra, hasta ahora conquistados y fraccionados.

Qué hace o qué hará en ese contexto esta sociedad conquistada y subordinada dentro del Estado español y del francés, dividida a su vez entre otras en las dos autonomías llamadas de la CAV y Navarra, lo razonable es que por un lado deberá surgir un amplio movimiento civil independiente, ante la pasividad de los partidos nacionalistas, que se marcará posiblemente cuatro fases: 1ª El afianzamiento de la independencia interna, a través de la desconquista política ciudadana. 2ª La fase del derecho a decidir quedará planteada por la práxis popular del ejercicio de los derechos en clave soberanista e independentista y a la vez por la firme negativa del Estado español a la autodeterminación bilateral, plasmada ya en el caso catalán. 3ª El proceso de liberación que descansa sobre dos pilares, la sociedad política conquistada, navarra/vasca, y el conocimiento de la situación por la comunidad internacional. 4ª La independencia externa, mediante la declaración de recuperación de la independencia en el Estado navarro desde la ciudadanía organizada y las instituciones. En resumen, esta sociedad política que padece hoy una conquista continuada y que su Estado propio es el Estado navarro, practicará el derecho a decidir desde el movimiento cívico general sin fronteras impuestas –plural, transversal y unitario– pues su ejercicio es negado por los conquistadores de hoy, por lo que la autoorganización de esta sociedad, en asambleas locales y en la nacional, se hace a sí misma mediante la puesta en práctica del derecho a participar y decidir.