Durante el mes de octubre, el Estado español ha puesto en marcha una ley en beneficio de orangutanes, chimpancés, bonobos y gorilas, después de tener una reunión con diversas entidades animalistas, de conservación, centros de rescate y zoos.

El texto que prepara el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, recoge aspectos como el derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad y a la no tortura de los grandes simios, derechos derivados de la ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

La ley llevaré el nombre de «Jane Goodall», incansable defensora de estas especies.

Estamos ante una propuesta pionera en el mundo y el Estado español se convertiría en el primer país en reconocer estos derechos básicos para los grandes simios, al amparo de una Ley.

En nuestro país hay más de 140 grandes simios en zoos o centros de rescate, procedentes algunos de importaciones ilegales y otros de entregas voluntarias a zoos y a asociaciones.

Los principales objetivos que plantea esta Ley es erradicar el tráfico ilegal de estas especies, restringir la tenencia y la cría en cautividad en parques zoológicos, así como la experimentación o investigación cuando ello pueda producirles daño o sufrimiento.

Recoge también la prohibición de su utilización con fines comerciales y espectáculos que menoscaben su dignidad, así como establecer unas condiciones rigurosas para su custodia, en todo caso con propósito de conservación.

Las entidades de bienestar animal han exigido finalizar con los programas de reproducción y prohibir la separación de las crías de sus madres o grupos si no es con fines veterinarios.

Aparte del tráfico ilegal, los grandes simios sufren la deforestación de sus hábitats y el impacto de actividades humanas como minería, extracción de petróleo y agricultura intensiva. Necesitan que los protejamos para no poner en riesgo la pérdida de biodiversidad esencial que garantiza el equilibrio de los ecosistemas que a su vez son necesarios para los seres humanos.

Por eso se convierte en una ley de esperanza para que se fortalezcan los compromisos firmados por el estado con los programas internacionales de conservación y protección.

Esta Ley protege a los simios que no están en libertad, pero el mensaje subyacente es que los grandes simios en libertad son vitales para la biodiversidad.

Hasta finales del siglo XX era habitual que este tipo de animales se utilizaran para experimentación científica, pero luego fue prohibido en numerosos países. Específicamente en el estado, desde 2008 el Congreso de Diputados apoyó al Proyecto Gran Simio para reconocer el derecho a la vida, a la libertad y a no ser torturados.


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