Una norma que reconoce la necesidad de que las personas con discapacidad «garantías para vivir con plenitud de derechos y para participar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos en la vida económica, social y cultural» es, a priori, motivo de feliz celebración. Trasladar al derecho positivo foral la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad y describir la accesibilidad universal como condición imprescindible para el ejercicio de esos derechos es motivo de feliz celebración.

Pero tenemos dudas, el recorrido de esta ley ha sido precario. Después de seis años de vigencia, todavía están pendientes la mayoría de sus hitos de desarrollo y aplicación efectiva.

En un intento de resolver nuestras dudas comencemos situándonos hace tres décadas, cuando se aprueba la primera norma que Navarra tuvo sobre la materia, la Ley Foral 4/1988. Con ella se avanzó en la consideración social de la necesidad de accesibilidad, aunque no tuvo el impacto esperado y manifestó su debilidad en materia sancionadora. De hecho, en los años en los que estuvo vigente (desde 1988 hasta 2010) no hubo ni una sola sanción, a pesar de sus frecuentes incumplimientos.

La Ley Foral 5/2010 supuso la derogación de esta norma y la confirmación del cambio de paradigma en el derecho positivo foral. Se materializó así el reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad a la vida independiente, autónoma y plenamente participativa en la sociedad. Se asumió el concepto de persona con discapacidad, destacando que la discapacidad es consecuencia en gran parte del entorno social, lo que supone la asunción de valores intrínsecos a los derechos humanos. Accesibilidad universal, diseño para todas las personas, inclusión social en el ámbito de la vida política, económica, cultural y social, igualdad de oportunidades, vida independiente, diálogo civil, ajustes razonables, normalización y transversalidad son algunos conceptos y principios que se recogen en el texto. Asimismo, se incluían ámbitos no contemplados por la anterior ley, como son los relacionados con la sociedad de la información, las telecomunicaciones, el acceso a los bienes y servicios y las relaciones de los ciudadanos con la Administración. Resultaba significativa también la incorporación del arbitraje como medio alternativo al judicial para resolver los conflictos que tengan que ver con las quejas y reclamaciones. Y en lo que respecta a infracciones y régimen sancionador, la norma hizo propia la Ley 49/2007, refundida después en la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Naturalmente que tendríamos que celebrarlo. Sin embargo, nos surgen dudas. Porque en la práctica solo se ha desarrollado reglamentariamente uno de los ámbitos de la ley. Porque el Consejo de accesibilidad a cuya creación comprometía la norma se constituyó con retraso. Porque –pese a la obligación legal– aún no se ha presentado ante el Parlamento el plan de acción y ni siquiera se ha elaborado el informe de situación previo. Y porque todavía están pendientes la puesta en marcha del sistema de arbitraje y la definición del órgano sancionador.

Durante estos seis años de vigencia ha habido cuatro responsables diferentes en la consejería de Presidencia y los pocos avances habidos corresponden a quien ocupó esta responsabilidad desde junio de 2012 a julio de 2015. ¿Podemos ahora tener motivos para la esperanza? Dos señales contradictorias nos hacen permanecer en la duda: es verdad que el acuerdo programático del actual Gobierno, además de explicitar que la ley será desarrollada, recoge la accesibilidad como compromiso para esta legislatura, pero es igual de cierto que en los Presupuestos para el año 2016 no se recoge ninguna partida para cumplir con lo establecido por la ley.

Pero las dudas no apagan nuestro anhelo. Hemos decidido celebrar el aniversario de la Ley Foral de accesibilidad con la misma esperanza con la que vivimos cada día y con un firme deseo: que la sociedad y, especialmente, los representantes políticos asuman su responsabilidad y cumplan los mandatos de esta ley para evitar que en Navarra continúe existiendo discriminación.