No es desconocido para nadie que en Brasil hay una enorme desigualdad social y que las medidas sociales –mínimas– desarrolladas por los gobiernos progresistas llevaron a la construcción de un discurso de odio contra los pobres. Si alguien todavía creía que el racismo, el machismo y el elitismo al estilo brasileño eran cordiales, ahora ya no puede engañarse. La violencia se ha expresado cada día con más fuerza y actualmente existe una gran identificación entre estas actitudes y las del Gobierno Federal.

Queremos denunciar el proyecto de muerte que aumenta el hambre en Brasil, día tras día. Antes de la llegada de la pandemia de la covid-19 a nuestro país, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) ya presentaba una preocupante situación de expansión del hambre en Brasil. Según datos de 2019, había 10,3 millones de personas sin acceso regular a alimentos básicos y un 5% de las familias brasileñas en situación de inseguridad alimentaria severa. Más de la mitad de estas familias están encabezadas por mujeres y viven en el Nordeste brasileño.

Cuando irrumpió la pandemia, los partidos de izquierda se articularon rápidamente con el objetivo de garantizar una ayuda para que las familias pudieran aislarse y no pasar hambre. Las ayudas de emergencia puestas en marcha por el Gobierno fueron inferiores a lo demandado y reducidas a la mitad del proceso.

Aunque esta acción tuvo un impacto positivo en un país con tanta desigualdad social, sin incentivos a la producción y distribución, sabíamos que habría escasez de alimentos y ciertamente los productos de la canasta básica brasileña serían muy caros.

Quien hace de la comida un negocio y no una forma de vida, como lo hacemos los campesinos y las campesinas, buscaría sacar provecho de este escenario.

Frente a las ayudas de emergencia, el campesinado brasileño se organizó y realizó muchas acciones de solidaridad para proporcionar alimentos a toda la población y los diversos movimientos sociales que defienden el campo, los bosques y el agua redactaron un proyecto de Ley que tenía como objetivo anticiparse al riesgo de hambre, escasez y carestía de los alimentos. Una iniciativa ágil y muy importante que, sin embargo, no propuso ninguna acción específica para las mujeres, a pesar de que son las principales productoras de los alimentos que van a la mesa del pueblo brasileño.

Las mujeres nos organizamos, evaluamos la propuesta y la difundimos promoviendo políticas públicas específicas para las mujeres y para los pueblos y comunidades tradicionales. Luchamos hasta el último momento para que la Ley dejara establecido que los recursos que destina sólo debían ser utilizados para producir alimentos saludables.

El Proyecto de Ley (PL 735/2020), no recogió todas las demandas del campesinado, sin embargo, presentó propuestas muy importantes para enfrentar esta crisis alimentaria provocada por el abandono de las políticas públicas orientadas a la agricultura familiar por parte del Gobierno federal.

La ley, aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado Federal, estimulaba la producción de alimentos para evitar escasez en los mercados locales, impulsaba la distribución entre quienes más lo necesitaban, y ofrecía apoyos de emergencia y específicos a los agricultores en toda su diversidad Sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro vetó prácticamente todas estas disposiciones de la Ley.

Cuando escuchamos que la necropolítica era una política neoliberal que pone la vida a la cola de las políticas del Estado, no imaginamos que llegaríamos a esta situación.

El Gobierno de Bolsonaro, en un país con más de 205 mil muertes por covid-19, con un aumento de la violencia contra las mujeres nunca antes visto, con una situación de desempleo en aumento y con el regreso del hambre, impide que el campesinado pueda incrementar su producción y logre contribuir a la reducción del hambre. Impide que los pueblos indígenas y quilombolas estén protegidos y se preserven sus territorios.

Las campesinas organizadas luchamos permanentemente por el fin de esos vetos, ya que vetar acciones que potencian la producción de alimentos, aumenta el hambre.

Vimos con preocupación –no con sorpresa– que el Congreso votó la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) para el próximo año sin que se cuestionasen los vetos del presidente. Así, el Congreso brasileño se vuelve cómplice y socio del Gobierno de Bolsonaro en la financiación de la barbarie frente a una situación de emergencia, además de sanitaria, de hambre.

Luchamos constantemente por la construcción de la soberanía alimentaria, la agroecología, la libertad y la autonomía de las mujeres. Queremos hacer un llamado a toda la sociedad a sumarse a esta lucha, porque cuando alguien pasa hambre ya se le ha negado todos los demás derechos y, estamos seguras, los que no pasan hambre también están amenazados.