Esta legislatura ha traído consigo una interminable polémica en torno a la gestión de los residuos, tanto en la calle como en los foros públicos y mediáticos. A nuestro entender, la clave para comprender este estado de crispación hay que buscarla en los cambios operados en la forma de gobernar Gipuzkoa, fruto, no lo olvidemos, de la voluntad popular reflejada en las elecciones forales y municipales de 2011.

En el ámbito de la política de residuos, EH Bildu llegó a gobernar con un programa y mandato claros al respecto: resolver el problema de la gestión de los mismos tomando como referencia un eje de responsabilidad diáfano. Reciclar, reutilizar y generar menos basura como principio, pero impulsando otra política de infraestructuras tanto para el tratamiento como para el destino final de los mismos.

PNV, PSE y PP ya habían pactado y aprobado un Plan de Residuos que, con posterioridad, fue modificado mediante norma foral en el año 2008. El mismo determinaba que el destino final de todo residuo no reutilizable sería la incineración, y a tal efecto se proyectaron infraestructuras varias, entre las que destacaba una planta diseñada sobre previsiones desorbitadas de generación de residuos. La posible ubicación de esta planta desencadenó una cadena de rechazos frontales, fuera cual fuera la población en la que se proyectara su construcción, o el color político de los gobernantes locales.

Nadie quería la incineradora en su municipio, y así se expresaba de forma notoria y masiva. Sin embargo, el gobierno foral anterior nunca barajó la posibilidad de supeditar su construcción y posterior ubicación a una consulta ciudadana. Urnieta, Irun, Hondarribia, Villabona, Donostia, Astigarraga, Hernani, Zestoa, Zubieta, Lasarte-Oria han rechazado de modo tajente esa posibilidad, y EH Bildu ha sido en todo momento consecuente con ese rechazo. Es más, por razones ecológicas, económicas, sociales y de salud pública nos opusimos a esa alternativa, apostando por un modelo de tratamiento y depósito acorde con las necesidades de Gipuzkoa, respetuoso con el medio ambiente y la normativa europea, y con un plan de infraestructuras equilibrado y de mucho menor presupuesto. El proyectado depósito de inertes en la cantera de Osinbeltz cierra el modelo alternativo diseñado por el gobierno foral.

En tres años, Gipuzkoa ha demostrado un creciente compromiso con el reciclaje y la recogida selectiva de residuos, ha visto hecho realidad su anhelo de librarse de la planta incineradora proyectada en Zubieta, ha generado una nueva cultura de solidaridad y responsabilidad compartida que pone al alcance de la mano la posibilidad de cerrar los vertederos tóxicos aun en funcionamiento, tratando y depositando la fracción no reciclable sin infraestructuras faraónicas y altamente contaminantes. Este es un triunfo colectivo que EH Bildu no se atribuye como propio, pero que ha sido impulsado desde las políticas públicas de la Diputación y de los municipios.

Hay partidos que, con la mayoría aritmética en las instituciones como argumento ocasional - dependiendo de cual sea la institución en la que la detenten-  hurtan a  la ciudadanía su derecho a pronunciarse en cuestiones discutibles que van más allá de la habitual adscripción política. La responsabilidad de gobernar conlleva que todas las decisiones no puedan estar respaldadas por un constante refrendo popular, pero la participación de la sociedad en las mismas debe contar con mecanismos claros que permitan la democracia directa para dirimir los problemas más enquistados o difíciles de resolver.

Este principio rector que todas las fuerzas políticas reivindicamos, se diluye a menudo en la práctica diaria de los gobiernos. Nadie está libre de contradicciones al respecto, y también desde EH Bildu hemos ido por detrás de los acontecimientos y de la demanda popular en algunas ocasiones. La gente tiene que ser capaz no sólo de votar a un partido y opinar. También tiene que ser capaz de tomar decisiones en la comunidad, en los municipios, y, por qué no, también en Gipuzkoa o en el conjunto de Euskal Herria. Para eso se necesita crear espacios que faciliten esos procesos participativos, pero sin que el gobernante decida siempre, como intérprete único, el sentir de la ciudadanía. Nos guste, o no, su resultado. Coincida, o no, con nuestras propuestas.

En el acalorado debate sobre la gestión de los residuos en Gipuzkoa subyace un triple problema: la insostenibilidad del modelo hasta ahora vigente, la controversia generada por la distintas alternativas en liza, y la estrategia combinada, con diferentes actores e intereses cruzados, que buscan desgastar a EH Bildu a toda costa. Es legítimo e imprescindible hacer oposición y marcar al gobierno en sus actuaciones, pero devaluar la responsabilidad colectiva y desbaratar la convivencia por intereses de partido o línea editorial, es un peligroso “juego de laboratorio” sin encaje posible en el debate sobre la participación ciudadana en las decisiones. Cuando determinado medio de comunicación argumenta, como hizo la pasada semana, que “las consultas populares no son buenas en sí mismas”, y que “la democracia directa está llamada a ser la bandera de la campaña electoral de EH Bildu”, veo en la misma trastienda argumental a Maroto y sus prejuicios xenófobos, a Rajoy y sus negativas a Catalunya, a Ares y su hipócrita suelo moral ante la tortura. Todo vale para estos violentadores de la voluntad popular instalados en la “democracia fuerte” española.

Es mucho más complejo de entender, y desalentador al mismo tiempo, que el PNV forme parte de este coro tras hacerse pública la decisión, adoptada por el gobierno municipal de Zestoa y la Diputación, de que la ciudadanía de esta localidad tenga la última palabra sobre el depósito de materia inerte proyectado en la cantera abandonada de Osinbeltz.

Este paso adelante no puede esgrimirse en clave de agravio o utilizarse como arma de desgaste del contrario. No se puede reclamar hoy una consulta vinculante, y clamar al día siguiente contra las instituciones que arriesgan en esa dirección. Frente a quienes desprecian la participación ciudadana y las consultas populares, ante la infracultura democrática de las fuerzas unionistas en Gipuzkoa y Euskal Herria, debemos construir consensos y coincidencias básicas entre quienes compartimos el impulso popular como eje de la acción política y la necesidad de construir una sociedad democrática con el derecho a decidir como piedra angular.