Más de una vez he comentado con amigos enseñantes que, si cuando viajas de Bilbao a Vitoria en tu propio automóvil nadie duda que lo has hecho en vehículo privado, cuando lo haces en Autobuses la Unión tampoco pone nadie en duda que lo has hecho en transporte público. Y se lo decía para que se dieran cuenta de la diferente caracterización de “lo público” y “lo privado” que tenemos según el aspecto de la vida que se trate.

Al igual que en todos los ámbitos de la vida política, también en el sistema educativo la cuestión de quién detenta el poder es fundamental para entender de qué estamos hablando. Haciendo la salvedad de cuestiones como el currículo básico o las características de la infraestructura de los centros, ambas reguladas por ley, en un centro educativo quien manda es su titular.

Con arreglo a lo establecido por las leyes orgánicas de educación españolas actuales y pretéritas, un centro público es aquel cuyo titular es la administración pública; pero puestos sobre el terreno nos encontramos con que en realidad la única administración publica titular de centros educativos es un Gobierno, lo que en la práctica viene a significar que quien manda en toda la denominada red pública educativa es el Gobierno, y nadie mas que él. Si bien a los diferentes estamentos de los centros educativos públicos se les reconocen determinadas atribuciones, estas no son otra cosa que concesiones hechas por el titular, es decir, el Gobierno, para que los centros se administren mejor, al menos sobre el papel.

No es esta la caracterización de lo público educativo existente en otros países europeos, ni mucho menos es el Gobierno el único titular de centros educativos públicos. Acaso nuestro sistema podría semejarse al francés, bastante burocrático como es bien sabido, con la única diferencia que nosotros tenemos gobiernos autonómicos y Francia no; pero sin embargo diferente a la realidad de países anglosajones o escandinavos.

Ocurrió que en cierta época a alguien se le ocurrió llamar a la anteriormente denominada escuela nacional, o estatal, escuela pública; aun a pesar de que siguió siendo de facto escuela gubernamental, es decir, con el Gobierno como titular. Y ahí nos hemos quedado, hasta el punto de que hemos acabado elevando el concepto de escuela pública gubernamental a una suerte de categoría ideal e indiscutible, sin pararnos a pensar qué es lo que hay detrás de ese concepto, y hasta qué punto la actual realidad de lo que hoy es la red pública es la mejor opción, o aún más, la única opción posible y deseable.

Hay quien piensa que sí, y sin reservas identifica lo público con lo gubernamental porque de hecho está de acuerdo con que sea solo el gobierno quien mande en el sistema educativo aunque ello vaya en detrimento de iniciativas sociales, muchas de ellas inequívocamente de extracción popular. Pero creo que si de verdad tenemos interés en construir una identidad nacional vasca en todos los ámbitos de la vida, incluido el educativo, no podemos pretender que la escuela cuyo titular sea el Gobierno, autonómico pero a fin de cuentas subordinado al Estado, monopolice el significado del carácter público. Ni en el País Vasco ni en ninguna otra parte, porque a fin de cuentas lo público no es lo que pertenece al Gobierno, sino lo que pertenece al pueblo y esta básicamente al servicio del pueblo.

Por eso no se entienden, si no es desde la más supina ignorancia o desde un interés malintencionado, las invectivas y las tergiversaciones que desde hace décadas se siguen lanzando contra iniciativas promovidas por ciudadanos vascos de a pie, constituidos en régimen de cooperativa, cuya única intención, fuera de cualquier ánimo de lucro o afán discriminatorio, es contribuir a la construcción de una identidad nacional vasca desde un proyecto educativo acorde con dicha identidad.

Nadie niega que desde la red pública, lo mismo tratándose de centros docentes como de la propia administración educativa, se han realizado esfuerzos y adoptado medidas favorables a la consolidación de una identidad nacional vasca. Pero eso no es lo que se cuestiona aquí, sino que atribuyendo a una institución gubernamental el monopolio de lo público y, a la vez, menospreciando otras iniciativas de tanto o más carácter popular, flaco servicio hacemos no sólo a nuestra identidad como vascos, sino a nuestro propio pueblo.