Estamos en una sociedad dominada por el capital financiero, donde los mercados dirigen la política de austeridad, generando una dinámica en que sectores crecientes de la población quedan precarizados y marginados del mercado de trabajo. El valor de la acción se ha convertido a su vez en la base de la acumulación. Se pierde el carácter universal de los derechos sociales, y los derechos dependen cada vez más de los haberes patrimoniales. Se trata de un régimen de crecimiento asentado en la financiarización que profundiza las desigualdades sociales y penaliza de manera especial a los que no tienen trabajo ni propiedad. En este contexto, los sectores mejor situados presionan para que el Estado reduzca los subsidios a los pobres, parados y expropiados. Este es el contexto en el que se asienta la actual campaña que denuncia el fraude fiscal de las personas sin recursos que cobran el salario social. Sin embargo, la alternativa a la situación actual pasa por ubicar un régimen de crecimiento basado en la garantía de ingresos básicos al conjunto de la población.

Cuando los datos fríos nos muestran que hay 17.000 familias en la Comunidad Autónoma Vasca en las que ninguno de sus integrantes tiene trabajo y que el 1,4% de la población tiene más del 50% de la renta, y que a gran diferencia con Europa solo el 1% son viviendas públicas de alquiler social, urge diseñar la alternativa social. Cuando además el sistema fiscal ha abolido el impuesto hacia el patrimonio, contesta con dureza al impuesto a la riqueza de Gipuzkoa y apenas toca las grandes fortunas, está muy claro dónde están los canales directos e indirectos del actual fraude fiscal. Pienso que no se puede hablar de fraude fiscal en los sectores que carecen de recursos. Porque precisamente el Estado debe garantizar una apropiación de los recursos que neutralice la regresiva e injusta redistribución procedente del actual sistema de dominación del capital financiero. Pero en todo caso, las cifras de potencial «mala utilización» de los recursos por este sector rondan en cantidades que son insignificantes en lo que hoy se puede considerar la verdadera magnitud del fraude fiscal.

En estas condiciones, la renta básica es un instrumento para contrarrestar esa redistribución regresiva de los ingresos y devolver los recursos que materializan los derechos a los sectores marginados y expropiados. Se trata de una iniciativa moralmente deseable que permite que todo ciudadano o ciudadana disponga de un grado de autonomía y libertad efectiva para el desarrollo de sus aspiraciones vitales, y que hoy comienza cubriendo las necesidades básicas de aquellos sectores carentes de recursos. La renta básica es una pieza más de un conjunto que busca cambiar la actual sociedad. Se articula con el salario mínimo, el desarrollo de la sanidad y la educación gratuitas, el desarrollo de los servicios sociales universales, el acceso a la vivienda, etc., en una sociedad concreta.

La renta básica es también una de las bases materiales de la libertad, en la medida en que proporciona a los ciudadanos y ciudadanas y miembros de la comunidad medios propios de existencia material derivados de su condición de ciudadanía o de su condición de pertenencia a la comunidad. Se trata de un mecanismo que asienta las bases materiales de la democracia real. La renta básica mitiga los sufrimientos asociados a situaciones de pobreza y desigualdad. Por lo tanto, mejora la salud mental, la tendencia al uso de la farmacología por los afectados y afectadas y reduce los gastos de sanidad que son siempre muy altos para los afectados por la desigualdad económica y social.

En este sentido, es evidente que la renta básica es un factor material que incrementa la inclusión y la cohesión de una comunidad. Hay que considerar en sentido contrario muchas intervenciones del Estado Español contra nuestra comunidad, como las propuestas nazis del reciente pacto antiterrorista, cristalizado entre el PP y el PSOE, que plantean suprimir toda ayuda material a los presos y presas políticos vascos e impedir que trabajen en sectores como la educación. Estas intervenciones del Estado contra nuestros derechos y cohesión social deben quedar fuera de todo debate y consideración democráticos y ser tratados sus autores como imperialistas, auténticos creadores de apartheid y peligrosos enemigos de la democracia y de la paz.

La renta básica es una pieza clave para la igualdad de género y puede tener un papel fundamental en la erradicación de la violencia contra las mujeres, puesto que ataca directamente a una de las causas de esta violencia: la dependencia económica de la mujer. Más todavía, ella aborda directamente el problema de la feminización de la pobreza. Reduce la precariedad en el empleo, otorga mayor seguridad material a las mujeres, palía la injusticia social de la desvalorización del trabajo doméstico, crea una nueva base laboral para el cuidado de las personas dependientes y hace más sostenible la reproducción de la comunidad. Dicho de otra manera, tiene un gran potencial para socavar las condiciones económicas de dominación que tanto en el ámbito mercantil como en el doméstico sufre la mujer.

La renta básica permite adaptar la trayectoria laboral a la trayectoria vital de las personas, creando mejores condiciones para que las personas puedan recurrir a una actividad laboral más acorde con sus potencialidades, características y aspiraciones. La renta básica exige a su vez asumir el tema del coste de los derechos. Los análisis referentes a la viabilidad técnica de la propuesta deben ser serios y apoyarse en la experiencia existente y en estimaciones potenciales. Precisamente porque los derechos de los pobres y de los expropiados y expropiadas son hoy moral y racionalmente prioritarios, deben desarrollarse políticas fiscales adecuadas que permitan ejercerlos. Hoy se precisa una vigorosa política pública que restituya los recursos y la dignidad a los pobres, parados, precarizados y expropiados.