Binyamin Netanyahu a la cabeza de un nuevo gobierno israelí de extrema derecha ha anunciado su intención de anexionar a partir del 1 de julio un 30% de los territorios palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este ocupados militarmente por Israel.

Este nuevo asalto de Netanyahu y sus aliados al derecho internacional, de llevarse a cabo, tendría consecuencias muy negativas para la población palestina incluyendo, posiblemente, un nuevo proceso de limpieza étnica.

Pero es importante subrayar que la anunciada anexión es un mero cambio táctico, la intensificación de un proceso de expansión y anexión de facto constante que llevan implementando sucesivos gobiernos israelíes desde la guerra de 1967.

¿Cómo lo han hecho? Con invasiones, muros y vallas, asentamientos, bombardeos, asesinatos de civiles, encarcelamiento sin juicio y tortura, robo de agua y tierras, destrucción de casas y servicios y el lento estrangulamiento económico de millones de personas.

Lejos de condenar y castigar este comportamiento colonialista, las potencias occidentales han permitido durante décadas que Israel haga un negocio de ello. La venta en multiples mercados mundiales de la tecnología y los métodos de ocupación y control de la población civil en forma de armamentos, video y cibervigilancia  y entrenamiento militar y policial reporta grandes beneficios para la economía israelí.

El modelo de homeland security que exporta Israel a fuerzas policiales occidentales se ha visto demostrado estos días en las calles de EEUU. La técnica de chokehold que mató a George Floyd y el empleo de material militar contra población civil son algunas de las prácticas desarrolladas desde hace muchos años en los territorios ocupados de Palestina y luego enseñadas a clientes extranjeros.

Mientras gobiernos en EEUU, Europa y otros países hacen rentable la ocupación israelí con la compra de sus armas y técnicas de represión, empresas occidentales como Caterpillar, JCB o G4S sacan beneficios participando directamente en el negocio de ocupación y anexión.

La última empresa que ha entrado en este gremio sin ética es CAF, el fabricante vasco de ferrocarriles. El año pasado CAF ganó un contrato valorado en 1.800 millones de euros para extender y operar una red de tranvías (JLR) que conecta Jerusalén Oeste con los asentamiento ilegales en territorio ocupado –o sea, un elemento integral de la estrategia de anexión israelí–.

El JLR es tan burdamente ilegal que otras multinacionales como Alstom, Siemens, Systra, Bombardier y Macquarie, que habían participado inicialmente en el proceso de licitación del proyecto, se retiraron dejando a solo dos consorcios en la presentación de ofertas.

Shapir, el socio israelí en el consorcio de CAF, se encuentra, además, en la base de datos de la ONU de empresas que colaboran en el negocio ilegal de los asentamientos.

Miles de personas alrededor del mundo han hecho un llamamiento a CAF en las últimas semanas a «bajarse del tren del apartheid israelí». Los sindicatos LAB, ELA y ESK, partidos políticos como Podemos, Ezkerra y EH Bildu y organizaciones como Amnistía Internacional se han unido a las protestas.

En el Reino Unido, defensores de los derechos humanos están presionando al gobierno para que excluya a CAF de un contrato muy lucrativo para la construcción de una línea de tren de alta velocidad británica por el apoyo de CAF al negocio de los asentamientos israelíes.

Hemos oído en las últimas semanas palabras de condena contra el plan de anexión de varios gobiernos europeos y desde la propia UE. Pero ya no valen las palabras. Es hora de que nuestros gobiernos asumieran su responsabilidad y tomasen medidas concretas y contundentes en defensa de la legalidad internacional y de los derechos del pueblo palestino.

El Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, que es además accionista de CAF, puede ejercer influencia directa para que la empresa deje de ser cómplice con la ocupación y anexión de los territorios ocupados. El ejecutivo autonómico también debe prohibir tajantemente que personal de la Ertzaintza vaya a Israel a recibir entrenamiento.

El Gobierno español tiene aún más capacidad para actuar. A parte de prohibir el entrenamiento en Israel de policías y militares, debería poner fin al comercio de armas con el estado sionista y la adjudicación de contratos públicos a empresas, como CAF, que se burlan de los derechos humanos.

Y, si Netanyahu ejecuta su amenaza de anexión a partir del 1 de julio, el Estado español tiene que asumir una postura clara en defensa de los derechos humanos y la legalidad internacional. Entre otras medidas debería romper relaciones diplomáticas con Israel y respaldar públicamente la decisión del Tribunal Penal Internacional de sentar a Israel en el banquillo para responder a los cargos por crímenes de guerra.