Recientemente ha surgido la noticia del sobreseimiento del caso de las niñas de cuatro años del colegio Europa por parte del Juzgado de Getxo. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Están las instancias judiciales y policiales preparadas para atender las demandas de la infancia? ¿Se protege realmente a nuestros menores cuando son víctimas de una violencia de este calibre? Los abusos sexuales contra la infancia no son un fenómeno nuevo, pero es recientemente cuando estamos apreciando su verdadera dimensión, gracias a la toma de conciencia, las investigaciones y las dinámicas que animan a testimoniar.

El informe sobre los delitos contra la libertad sexual refiere que, solo durante el 2023, hubo 9.185 victimizaciones de menores en el Estado español. Y estas se dan en mayor proporción si las comparamos con las de los mayores (Ministerio del Interior del Gobierno de España, 2023).

Es importante recordar que estos datos corresponden únicamente a los casos denunciados. Se estima que solo el 15% de los abusos sexuales infantiles llegan a ser reportados, debido al estigma social, las dificultades económicas, el hecho de que en la mayoría de los casos el agresor es una persona cercana a la familia o, simplemente, por lo arduo del proceso judicial.

Además, aproximadamente el 70% de los casos de violencia sexual contra menores que ingresan al sistema legal nunca llegan a juicio oral. Este es precisamente el destino que han tenido los casos de las niñas de Getxo y de las menores grabadas en los vestuarios de las piscinas municipales de Ugao-Miraballes, entre otros. Y es que es fundamental comprender que el abuso sexual infantil no siempre implica contacto físico. Grabar a un niño o niña desnudo o exponerlo a contenido sexual también constituye abuso. En el caso de Ugao, el juzgado número 6 de Bilbao sobreseyó la causa al considerar que no había pruebas suficientes para respaldar las acusaciones contra un hombre que, presuntamente, grabó a niñas de 11 y 12 años en los vestuarios municipales.

Esto sucedió a pesar de los testimonios de decenas de personas y del antecedente de que un entrenador de fútbol escolar había identificado al mismo individuo grabando a las jugadoras alevinas de la localidad meses antes. No obstante, el juzgado determinó que no había pruebas suficientes para continuar con el caso. Las familias hicieron público su malestar indicando que ni siquiera se registraron la vivienda ni los dispositivos electrónicos del acusado. Paradójicamente, fue una de las madres la que terminó imputada por el presunto agresor, y en este caso sí se celebró un juicio oral, aunque la mujer finalmente resultó absuelta.

En el caso de las niñas de cuatro años del colegio Europa de Getxo, las familias han señalado que el juzgado no admitió pruebas clave, como las declaraciones de las pediatras del Hospital que atendieron a las menores, ni las declaraciones de los progenitores no denunciantes de las mismas. Tampoco se realizó la prueba preconstituida a una niña con TEA, ni se permitió a su madre testificar, lo que vulnera su derecho fundamental a expresarse a través de otras personas. Y a pesar de las evidencias, de disponer de informes médicos y de que varias niñas señalaron al mismo hombre, en este caso el juez también decidió archivar el caso por el momento.

Otro ejemplo más reciente se da la comarca de Lea-Artibai, donde el servicio psicológico infantil de la DFB alertó que existían indicadores de posible abuso a una niña de cinco años. Tras realizarse un juicio rápido en los juzgados de Gernika, han decidido que provisionalmente el progenitor continúe con las visitas propias de la custodia compartida.

Las familias afectadas coinciden en que el sistema judicial no está adaptado ni preparado para atender a la infancia, un diagnóstico que comparte con diversos estudios como el realizado por Save the Children (2023). Según esta organización, los procesos judiciales son demasiado largos y los menores aún deben declarar múltiples veces, en algunos casos hasta tres o cuatro veces antes del juicio. Solo en el 24,9% de los casos se utiliza la prueba preconstituida que permite grabar el testimonio para evitar la revictimización.

Además, los profesionales involucrados no siempre están sensibilizados ni capacitados para tratar con menores en situaciones de extrema vulnerabilidad. En lugar de protocolos adecuados y apoyo psicológico, se encuentran con procesos judiciales dilatados, obstáculos en la credibilidad de sus testimonios y una sensación de desprotección que puede inhibir futuras denuncias. Esto agrava aún más el impacto del abuso en las víctimas (Estrategia Vasca contra la Violencia hacia la Infancia y la Adolescencia, 2022).

Ante todo esto, consideramos urgente que se tengan en cuenta las existentes normativas regionales, nacionales e internacionales que establecen principios fundamentales para la protección de los menores en el ámbito judicial, como evitar la revictimización, reducir al mínimo las entrevistas, asegurarse de que estas sean realizadas por profesionales capacitados, grabarlas para su uso como prueba y garantizar que la víctima no tenga contacto directo con el acusado.

En definitiva, quienes tienen la responsabilidad de proteger a los menores no siempre logran brindarles el amparo y apoyo que necesitan, dejando a sus familias en una situación de vulnerabilidad, incertidumbre y desesperación. Las voces de los niños y niñas no siempre son escuchadas ni sus testimonios valorados.

Es fundamental mejorar nuestras instituciones y adaptarlas a estas realidades. La denuncia no solo cumple una función punitiva, sino que también permite identificar a los agresores y prevenir nuevos casos. Pero la protección de la infancia no termina en el ámbito judicial. Aún queda mucho por hacer en otros espacios sociales, como la lucha contra la hipersexualización infantil en la industria audiovisual, los medios de comunicación y la moda, con ejemplos como sujetadores con relleno para niñas o disfraces inapropiados.

El abuso sexual infantil no es un problema aislado ni lejano. Negar su existencia solo favorece a los agresores. Es momento de actuar con firmeza en la prevención, la protección y la justicia.