Se dice y afirma con vehemencia por cátedros, políticos e importantes y togadas señorías que vivimos en un Estado de Derecho. Negamos la mayor: no es de Derecho, sino de desecho. La refritanga que en su día cocinaron los siete padres –y ninguna madre– constitucionales fue una especie de patchwork hecho con viejos petachos franquistas y retales democráticos «todo a cien» comprados en vaya usted a saber qué rastillo dominical. Y es que en el Estado español, el carro siempre se ha uncido por delante de los bueyes y el Derecho se ha acomodado a los intereses del Estado y sus poderes fácticos.

Tribunales constitucionales bailando al ritmo de la alternancia política de turno y el pasteleo congresual; Ejército garante de la unidad patria indisoluble e indivisible por encima de cualquier veleidad democrática o soberana; Ley de Amnistía para los crímenes franquistas a modo de mortero con el que cimentar la Transición; monarquías democráticas nacidas del dedo parkinsoniano del dictador y genocida Franco; laicismo de sotana, sacristía, exenciones y expolio patrimonial; derechos sociales supersociales –trabajo, vivienda…– sometidos a los caprichos de mercados y mercaderes… Esto es en la práctica, y no otra cosa, la quintaesencia del Estado de Derecho en el Reino de España.

Ante ello, el proceso soberanista-independentista catalán que estalló tras el chupinazo de la Diada de 2012 ha sido un auténtico torpedo en la línea de flotación de la España indisoluble e indivisible sacralizada por la Constitución. Luego, año tras año, millones de personas han reclamado en las calles y en las urnas palabra y decisión, desbordando con su firmeza todos los vientos y mareas de los bombardeos mediáticos, políticos y judiciales a los que han sido sometidos y evidenciando así el fracaso del régimen instaurado en la Transición. En esta dirección, la cita del 27-S se configura como un paso decisivo en este caminar hacia la soberanía y la independencia de Catalunya.

Frente a lo anterior, la rancia España de siempre engrasa de nuevo los motores de sus Brunetes mediáticas, judiciales, policiales... No se trata solo de negar el ejercicio del derecho de autodeterminación, sino de erradicar la más mínima posibilidad de poder consultar al pueblo catalán o el vasco sobre su futuro (el Tribunal Constitucional anuló tanto la Ley de Consulta aprobada en su día por el Parlamento Vasco –Ibarretxe– como la realizada para el 9-N por el Parlament). La España constitucional del PP-PSOE-UPyD-UPN-Ciudadanos, al igual que la madrastra de Blancanieves, muestra así su pavor a mirarse en el espejo del derecho a decidir, no vaya a ser que este les afee y eche por tierra sus dogmas patrios, gritándoles que la España que ellos veneran no es sino puro Estado centralista y cárcel de pueblos.

Por si fuera poco, el expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE Felipe González se suma también a la faena dirigiéndose en carta pública “A los catalanes” y afirmando que el 27-S convocado «es lo más parecido a la aventura alemana o italiana de los años treinta del siglo pasado». Aquel que en 1978 aplaudió la Ley de Amnistía al franquismo y afirmó sin mayor rubor en tiempos del GAL que «el Estado de Derecho también se defiende en las alcantarillas» sermonea ahora al pueblo catalán hablándole de «LA LEY» –con mayúsculas– y de la necesidad de respetar la misma, a la par que le advierte que nadie romperá la legalidad de ninguna de las maneras.

Le ha faltado tiempo al PP para alabar el contenido de la carta y elogiar el sentido de estado y profundas convicciones democráticas del expresidente. Las contundentes afirmaciones de Felipe González han hecho la cama así a la propuesta que esos mismos días ultimaba el Gobierno del PP para modificar el carácter y funciones del Tribunal Constitucional y afilar sus competencias a fin de poder hacer frente con mayores garantías a las posibles decisiones que el Parlamento Catalán pueda tomar tras el 27-S.

Una vez más, y a pesar de la importancia de la reforma, esta se va a tramitar en el Congreso por medio de una proposición de ley, con carácter de urgencia y mediante el procedimiento de lectura única, a fin de evitar la necesidad de contar con los informes preceptivos del Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial que podrían retrasar, modificar e incluso echar atrás la propuesta. Junto a ello, el propio Congreso y sus grupos quedan reducidos a una mera formalidad. Pero, ¿qué importa lo anterior si el PP cuenta allí con una mayoría absoluta que le permite convertir legalmente cualquier agua de borrajas en vino de reserva de alta constitucionalidad?

El Gobierno, consciente de que esa mayoría absoluta de la que dispone no se corresponde en modo alguno con el respaldo político real que tiene en la calle, está practicando a lo largo de este año 2015 un gigantesco y antidemocrático pucherazo legislativo. Pretende así modificar de forma substancial importantes leyes sociales, democráticas y medioambientales a fin de condicionar decisivamente el escenario político que pueda surgir tras las próximas elecciones generales: Ley «mordaza», Código Penal, Ley «antiyihadista», leyes referentes a hidrocarburos, ferrocarriles, carreteras, sector público, mutuas laborales, inspección de trabajo, formación profesional, partidos políticos, enjuiciamiento criminal, Presupuestos Generales de 2016...

Y finalmente, consciente también de que todas las encuestas sitúan hoy al PP catalán en el quinto o sexto lugar del ranking parlamentario, pretende una vez más obtener desde Madrid con sus reformas exprés y pucherazos lo que es incapaz –y cada vez menos– de lograr por méritos y votos propios en Catalunya. Se trata así, no solo de recortar y anular las propias decisiones adoptadas por el Parlament, sino de seguir imponiendo de forma antidemocrática al pueblo catalán cuanto interese al Gobierno del PP.

No es un problema que afecte tan solo a este partido y a su política. Es el propio marco constitucional (soberanía única española, marco indisoluble e indivisible...) el que permite y protege todo lo anterior: Quieren jugar siempre de mano, con baraja propia y árbitros caseros para negarnos palabra y decisión.