Olentzero no siempre trae buenas nuevas. La reciente doctrina del Tribunal Supremo (TS) sobre los efectos de la nulidad de la cláusula del vencimiento anticipado en los contratos hipotecarios ha llegado a las audiencias provinciales vascas. A Leyre, Nelson, o Lorenza, les han comunicado que, en su beneficio, van a subastar sus viviendas y deberán abandonarlas.

En los últimos diez años ha habido casi un millón de ejecuciones hipotecarias. Su fundamento ha sido la cláusula de vencimiento anticipado, que otorgaba al banco el derecho a reclamar la totalidad del préstamo ante el impago de una sola cuota. Esta cláusula ha sido declarada abusiva y nula por el TJUE, al igual que otras muchas.

Hasta ahora, los tribunales de justicia venían sosteniendo que el contrato de préstamo hipotecario subsistía a pesar de la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado. El resultado era que la cláusula declarada nula no podía moderarse y debía archivarse el expediente (artículo 695.3 LEC).

Sin embargo, el pasado 11 de septiembre, el TS, sin explicación alguna, estableció una nueva doctrina que favorece descaradamente el negocio hipotecario. Ahora esa cláusula pasa a ser esencial y su nulidad afecta a la totalidad del contrato. En teórico beneficio del hipotecado, el alto tribunal recomienda continuar la ejecución sustituyendo la cláusula nula por el art. 24 de la nueva Ley de Contratos de Créditos Inmobiliarios (LCCI). Este artículo establece un nuevo vencimiento anticipado cuando se impaguen 12 cuotas, o el 3% del crédito, en la primera mitad del préstamo. Este es el caso de varias familias vascas cuyos procedimientos estaban suspendidos y ahora se reactivan, hasta la subasta de su vivienda y el desahucio, porque adeudaban 12 o mas cuotas.

Esta nueva doctrina del TS es contraria al derecho estatal, porque vulnera la disposición transitoria primera de la LCCI, que establece la no retroactividad del art. 24 cuando el vencimiento anticipado se hubiera producido antes de entrar en vigor la ley. Una disposición que pretendía salvaguardar las 80.000 ejecuciones hipotecarias actualmente vivas en los juzgados y que el TS, actuando como legislador en lugar del parlamento, se la carga de un plumazo. Incluso llegando a decir que los procedimientos archivados no tienen la cualidad de cosa juzgada y los bancos pueden iniciar una nueva ejecución hipotecaria por incumplimiento de la LCCI.

Es también contraria a la jurisprudencia del TJUE, que acaba de dictar sentencia 260/18, de 3 de octubre de 2019 delimitando la importancia que debe concederse a la voluntad expresada por el consumidor, que considera determinante.

El art. 280 del Tratado de Funcionamiento de la UE declara que las sentencias del TJUE tienen fuerza ejecutiva, y por lo tanto legitiman a los jueces nacionales para aplicarlas directamente, o para plantear sus dudas ante el TJUE. No tienen ninguna obligación de seguir al TS.

Si una audiencia provincial considera que la cláusula de vencimiento anticipado no es esencial, y el contrato hipotecario subsiste a pesar de haberla declarado nula, tiene la obligación legal de archivar el procedimiento, tal y como ha venido haciendo hasta ahora. Si considera que la cláusula de vencimiento anticipado es esencial, tal y como dice el TS, y su nulidad conlleva la de todo el contrato hipotecario, tiene la obligación de consultar al consumidor si considera mas beneficioso continuar o no la ejecución hipotecaria, tal y como exige la justicia europea.

Lo que es inaceptable es que se declare nula una cláusula de vencimiento nula y se siga el procedimiento hasta la subasta y el desahucio como si no hubiera pasado nada y al margen de las familias afectadas.

Basta ya de que la vivienda en lugar de un derecho sea la mercancía sobre la que se levanta una industria financiera trufada de abusos, estafas, e injusticias.