Quisiera comenzar resolviendo varias cuestiones importantes para abordar el tema sugerido en el título. En primer lugar, nuestro Código Penal es arcaico y su origen patriarcal, además, como cualquier institución surgida del propio sistema no es un buen aliado de las mujeres ni del feminismo. Está enfocado a la violencia de los desconocidos para proteger, así, la propiedad y a los sujetos que tienen la condición de tales. Asimismo, no es verdad que a mayor pena mayor protección para las mujeres.

Pedro Sánchez señalaba que el cambio de ley sobre la violencia de género incluyendo los casos de violencia sexual, «quería promover el sentimiento de seguridad de las mujeres». Nuevamente, creer que una ley nos va a hacer sentirnos seguras es errar, porque lo que nos haría sentir seguras es que nuestros derechos estuviesen siempre garantizados y que no hubiese violencia contra las mujeres.

Diversas corrientes feministas hemos cuestionado la idoneidad de seguir promoviendo cambios legislativos cuando no van acompañados de medidas efectivas, es decir, del presupuesto adecuado para la prevención, la formación de profesionales, la sensibilización social y la reparación de las víctimas. Sitúo esto como último porque nuestro objetivo es que esta última parte no fuera necesaria si se cumpliese lo anterior.

A su vez, llevamos tiempo debatiendo sobre la violencia (sexual) y sobre el necesario cambio en el Código Penal para que los delitos de abuso sean juzgados como violaciones. Según el Código Penal, se entiende como abuso, aunque haya penetración, siempre y cuando no haya violencia física. Lo paradójico es que, normalmente, las violaciones desde el abuso, tanto en la infancia como en otras edades, se suelen producir en un entorno de confianza, por lo que usualmente el agresor no suele necesitar ejercer violencia física, le basta con el chantaje, la intimidación o la amenaza para conseguir cometer la violación. Resulta un tanto perverso, leído así, que se proteja la violación del conocido frente a la violación del desconocido.

Cuando la violencia excede al autor material la respuesta no puede ser solo punitiva y requiere de medidas de asunción de responsabilidad por parte de aquellos que la promueven en la medida que generan el sustrato base. Al sistema le encaja el modelo punitivo individual porque así no asume su parte de responsabilidad y aísla el problema, pasando a ser un hecho sucedido entre agresor y víctima.

La construcción del relato es un quehacer feminista. En la aplicación de justicia la falta de credibilidad de las mujeres y la autoridad de los hombres para definir los «hechos» son un factor determinante que hace que los «hechos» sean enjuiciados desde la visión androcéntrica de los comportamientos debidos de mujeres y hombres.

Es otro quehacer trabajar en pro del papel activo de las víctimas en la exigencia de reparación como titulares de derechos vulnerados. Ya he dicho en anteriores ocasiones que las mujeres no hemos sido nunca consideradas víctimas por la propia conceptualización del sujeto. Solo se ataca, se ofende, a aquellos que tienen capacidad de defensa, elemento extirpado a las mujeres. Además, toda mujer, como el caso de Juana Rivas, que rompan el modelo de pasividad, de vergüenza, atribuidas a las mujeres, y que reclamen justicia o desacaten al modelo de injusticia serán juzgadas de manera desproporcionada porque asumen lo que le toca al hombre (estado), la exigencia de reparación, en definitiva, de justicia. Entender que el perfil de mujer víctima no es único, es otro de los factores a modificar, porque al sistema sólo le cuadra, el modelo adecuado de feminidad, un modelo de pasividad y debilidad y ahí ya no encajamos la mayoría de las mujeres.

Por eso, hombres y mujeres deberíamos de romper con la esencialización y asumir la disidencia de género como parte del quehacer para romper con el modelo masculino del depredador que goza con el dolor ajeno, y el de la feminidad de indefensión y a la par salvadora de los propios agresores. El papel activo del agresor asumiendo responsabilidad sobre el daño ocasionado, y el papel activo de la sociedad asumiendo que las normas patriarcales de las que venimos y mantenemos en nuestra memoria celular son el sustrato que marca las normas y las relaciones asimétricas de poder entre los sexos. Echo de menos un mensaje proactivo del papel de los hombres, instándoles a que asuman su propia responsabilidad. Elemento, por cierto, el reconocimiento del daño ocasionado, habitualmente inexistente en los agresores machistas, y sin él que no se puede promover una justicia restaurativa. Modelo de justicia al que me parece que se deberían orientar nuestras propuestas; en el mismo, la responsabilidad se extiende más allá del agresor material, se busca la reparación de la víctima y el compromiso de no repetición. Pero insisto en que para que eso ocurra el relato es fundamental, porque sin agresor no hay víctima ni nada que reparar.

Construir un nuevo escenario implica actuar desde el escenario actual donde los pasos intermedios también son importantes. Por eso, creo que en estos momentos es más importante el relato que los años de sanción, donde la reparación de la víctima debe ir unida a al reconocimiento de la violencia ejercida.

Es necesario recordar el esfuerzo que supuso la LIVG del 2004 y el que estarán haciendo quienes estén trabajando para incluir en esta ley el resto de violencias machistas contra las mujeres, sean éstas ejercida por las parejas y/o desconocidos.

Todo lo que tiene que ver con el feminismo es revisado con lupa y además enseguida salen expertos en la materia para opinar de cómo se tiene que aplicar la igualdad. Aun así, debemos de tener claro que las leyes son un instrumento y no la solución para un problema estructural que requiere un cambio de imaginario, entre otros, sobre la sexualidad, no porque haya una ideal sino porque no puede haber sexualidad sin consenso, sin negociación, sin deseo propio, sin libertad para negociar.