Estas situaciones eran previsibles. Se veían venir. Los poderes públicos, la Banca, el sistema en general, partidos, sindicatos, etc. han sido y siguen siendo en parte muy renuentes a la hora de adoptar medidas que sirvan para resolver de una vez por todas la espiral de violencia que provocan conscientemente aquellos que han sido, son y probablemente seguirán siendo beneficiarios de la desesperación de la ciudadanía.

No caben ya lágrimas de cocodrilo. Las declaraciones en torno a estos desgraciados asuntos de los supuestos representantes políticos institucionales, desde los ayuntamientos hasta los gobiernos central o de otra naturaleza son repugnantes, sin más. Han tenido unos y otros más de 100 años para poner al día una legalidad de utilidad excelente, casi exclusiva, para la Banca de todos los colores. Es esa legalidad obsoleta, fuera del tiempo y de naturaleza esencialmente punitiva, que sigue siendo utilizada arbitrariamente por los poderes económicos frente a los graves problemas de supervivencia de la mayoría de la sociedad, ante el silencio, complicidad y, ¡como no!, aquiescencia de los supuestos representantes gubernamentales. Se trata de la nueva formulación y puesta al día de las antiguas ordalías medievales: ¿Me debe Usted, o no me debe? ¿Cuánto me debe? Diga usted la verdad. ¿Cómo me va a pagar? ¡Caso de que no responda o responda mal le aplicaremos la pena máxima, de desahucio...!

A primera vista no hay solución posible. Incluso cuando una parte limitada del poder judicial aboga por reformar esa herramienta oxidada que sirve para llevar al potro de la tortura judicial a ciudadanos y ciudadanas que, por unas u otras razones, se han visto obligados a ponerse en manos de los prestamistas para poder acceder a una vivienda digna, siempre, o casi siempre, con resultados desastrosos para los mismos: impagos igual a desahucios, con las FOP –maza incluida– y la orden judicial pertinente.

No caben posiciones equidistantes: Nos limitamos a aplicar la legislación vigente en estas situaciones indeseadas, dicen algunos jueces. Pero cabría preguntarse, en consecuencia, si una ley determinada, como es la Ley Hipotecaria, no se aplicara en cada procedimiento judicial, por objeción de conciencia, ya que los efectos prácticos de las resoluciones que legalizan los desahucios son profundamente injustos. ¿Cabría, en consecuncia, rechazar la aplicación de la misma, por ser profundamente inmoral? Esa objeción de conciencia ya se utiliza como argumento exculpatorio en, por ejemplo, la atención médica y hospitalaria a mujeres embarazadas que desean abortar. Una parte de los profesionales médicos rechaza públicamente ese tipo de intervenciones, porque, alegan, «Va contra nuestra conciencia...». Y aquí no pasa nada. Se entiende por el sistema sanitario en general que esa alegación es justa, sin más preocupaciones. ¿Por qué no ha de ser lo mismo en el caso de los jueces y profesionales judiciales que hayan de resolver los procedimientos instados por los bancos…?

De todos modos, unas y otras vías de posibles medidas que intenten amortiguar, que no eliminar, los daños gravísimos que se está infligiendo a la ciudadanía de modo continuado, con límite tendiendo a infinito, van a ser, sin duda, respuestas muy limitadas, que intentarán cambiar el color de la prenda, pero no van a cambiar el traje del enfermo. Dicen, ahora, que van a adoptar iniciativas que puedan atemperar en casos especiales y extremos determinadas situaciones personales y familiares que estén en fase terminal. ¡No sirve esta manera de actuar!

Hay quien pide pancarta en mano: Stopl a los desahucios. Es verdad que en determinados supuestos funciona. La presión solidaria es más que necesaria siempre, pero es indudable que no es suficiente. El problema es aún mayor y, por tanto, las posibilidades de paralizar los desahucios en marcha, uno si y noventa no, están limitadas por la dimensión real del problema y la capacidad de llegar en todos los casos a tiempo. Es imposible, sin duda alguna.

Se trataría, en todo caso, de intentar abogar por la derogación inmediata de una ley arcana, que está fuera del tiempo, cuyos daños causados son en parte y siguen siendo ya irreparables. Dicha derogación de la Ley debería conllevar medidas complementarias que impusieran la paralización automática de todos los expedientes que en los Juzgados en general estén en trámites, con independencia del desarrollo judicial en que se encuentren, por iniciativa de los bancos. Junto a ello, debería incluirse la revisión de los expedientes en firme, es decir, ya resueltos, y reponiendo en consecuencia a los desahuciados en la situación de partida. No es imposible. Se trata de que la voluntad de los políticos no sea, una vez más, un adecuado instrumento de utilidad bancaria, como adorno de las políticas económicas y financieras de los hombres de negro del sistema. No será fácil conseguir que la Ley Hipotecaria vigente se cuelgue en la percha de lo inservible de modo definitivo. Nos venderán las ideas de que algo hay que modificar para que en el fondo nada cambie, y que todo siga igual o parecido. El sistema es el sistema, cambiarlo significa, sangre, sudor, lágrimas y muerte, parodiando desgraciadamente, en este caso en parte, a un tal W.C.

Amaia... Agur. Ondo Ibili. Tu sacrificio no será en balde.