El 1 de Mayo es una fecha de reivindicación, pero también de denuncia de los trabajos invisibilizados, de las jornadas reproductivas no reconocidas, de la precarización de lo laboral y, por extensión, de la vida, mientras la masa empresarial tecnológica junto a las grandes familias no para de ver crecer su patrimonio. Hoy en día, como en tiempos previos a la industrialización, tener un empleo ya no previene de la exclusión social, ni de la pobreza, de hecho, cada vez más personas necesitan tener dos trabajos para llegar a un endeudado final de mes.

Además, el sistema perpetúa la desigualdad de los cuidados y sitúa los mismos sobre las espaldas de las mujeres, para luego acusarlas de flojas o poco empoderadas por no saber gestionar su vida laboral, su vida personal y la repercusión interdependiente de ambas. 

Las mujeres son expulsadas por diversas vías del espacio público, una de ellas es la violencia sexual silenciada, normalizada, el peaje por estar desubicadas, por ocupar un lugar que les expone. Y da igual en qué posición de la jerarquía laboral te encuentres, puedes ser una médica especialista acosada por un auxiliar, una jefa de obra por un albañil, una becaria por laureado profesor, una doméstica por su empleador, una jornalera por el capataz. Aunque hay situaciones de extrema vulnerabilidad, trabajos, como los que se desarrollan en el espacio de las casas, del ámbito privado, que facilitan la violencia desde la intimidad, con el añadido de que el propio trabajo normalmente está vinculado con una atención que requiere de la ternura y amabilidad de lo humano frente a la fragilidad que necesita ser cuidada. Es paradójico que se utilice dicha situación para ejercer violencia sobre las que sostienen la vida, pero es que no hablamos de un poder fundamentado en la fuerza, sino, precisamente, en los mecanismos simbólicos, materiales y económicos que garantizan la perpetuación de la desigualdad, incluido el racismo. 

Los datos son abrumadores, en un estudio realizado por CCOO, el 80% de las mujeres participantes desveló haber sufrido algún tipo de discriminación en el trabajo que pudiera ser constitutiva de acoso por razón de sexo. 

Según la Encuesta Europea de Violencia de Género, en el Estado español el 28,4% de las mujeres de entre 16 y 74 años ha sido víctima de acoso sexual en el ámbito laboral. 

En las últimas décadas, el trabajo de la memoria, del reconocimiento de las víctimas ha ganado peso en la agenda política, salvo cuando llegamos a las mujeres víctimas, que entonces se invierten los posicionamientos y nos encontramos con víctimas que son vistas como cazadoras de órdenes de protección ¿También en el ámbito laboral? Bueno, aquí no, porque permanecen invisibles. Las otras olvidadas de la violencia patriarcal son las mujeres que la sufren en sus ámbitos de trabajo, que son acosadas e intimidadas, eso que desde el lenguaje de la dominación llamaran «favores sexuales» o «armas de mujer». Lo vimos con meridiana claridad en el caso Nevenka, y, ahora, se reproduce con otras mujeres políticas que denuncian a alcaldes, parlamentarios y diputados. En marzo la fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, María Eugenia Prendes, aseguraba que, «las mujeres no confían en la Justicia porque la Justicia no confía en las mujeres». 

Mientras otros sujetos han ido reclamando y ganando peso en los reconocimientos históricos vinculados al sufrimiento de la opresión, a las mujeres como sujetos se les ha negado dicha capacidad de reivindicación al asegurarse, en numerosos foros, que las víctimas de la violencia patriarcal no tienen agenda. Quizás, o bien porque se parte del hecho de que las mujeres no son sujetos de pleno derecho, o bien porque se considera que la violencia que estas sufren no es del orden de lo sancionable, por ser parte de la tradición, de lo normal, tan viejo como la propia humanidad, dejando engarzada humanidad/mundo con violencia patriarcal. 

La cuestión que me inquieta es dónde son atendidas todas esas mujeres, donde se encuentran los agresores y la dejación de responsabilidades empresariales e institucionales. Porque lo que también desvelan los estudios es que son las víctimas las que acaban abandonando sus puestos de trabajo, mientras los agresores o bien no reciben sanción, o bien, son incluso, recompensados. Se suele falsear el relato, centrado sobre el daño de los agresores y su supuesta cancelación social-laboral. Puedo entender que haya personas que, acercándose a los agresores, sientan el sufrimiento de aquellos que han quedado al descubierto. Hasta el mayor criminal puede humanizarse en la cercanía, lo que no entiendo es porque las víctimas no generan esa misma empatía. El mismo silencio con el que se ha cubierto la violencia patriarcal se vuelca sobre las víctimas. Desconocemos el daño sobre las mujeres. No sabemos de sus vidas, que quedan borradas de la memoria social, y, sin reconocimiento, no hay reparación. 

Quisiera señalar algo que parecería obvio, esto es, que no es lo mismo la responsabilidad frente al privilegio que la impunidad del delito. Hay quienes hablan de no cancelar a los agresores, de no juzgarles por sus «equivocaciones», sin verlos en su totalidad de seres humanos, sin embargo, resulta llamativo que no usen esa misma varar de medir para con otros delitos. 

Recientemente, gracias a la periodista Saskya Vandoorne, hemos conocido la existencia de una academia de violación online. Dicha academia ha recibido más de 62 millones de visitas solo en el mes de febrero. 

La cuestión, quizás, sería que la violencia material, como señalaba, siga sin tener relevancia para una parte social y para una mayoría del poder judicial es algo no sancionable, porque solo el 4% de las juezas y jueces ha recibido formación en perspectiva de género en los últimos 5 años. Se podría pensar que ya llegan formados y formadas a la judicatura, pero nada más lejos de la realidad. La violencia es instrumental para la esencia constitutiva patriarcal, dentro, y fuera de casa, porque el machismo no es de quita y pon como una toga.