Los deseos evidentes y mayoritarios del pueblo catalán por poder participar, con absoluta libertad y normalidad, en un referéndum de autodeterminación, en el que poder decidir su futuro, chocan frontalmente contra el muro de la intransigencia, la intolerancia y la férrea y dictatorial imposición de un Estado absolutamente deslegitimado.

El detonante y la fuerza motriz que ha impulsado a una parte tan importante de la ciudadanía catalana a luchar por sus derechos y libertades inherentes e inalienables, sin lugar a dudas, se encuentra en esa mentalidad imperialista, colonialista y retrógrada tan extendida entre la clase política del Estado español y en otras muchas esferas y ámbitos de ese estado que decidieron transfigurar, mediante el Tribunal Constitucional, el Estatuto de Autonomía del 2006, aprobado mayoritariamente –un 88%– en el Parlament de Catalunya.

Y además, como la historia no se puede borrar ni ocultar por mucho que deseen los que tuvieron la posibilidad de escribirla, siempre los mismos, los vencedores, las gentes que pueblan ese territorio, que se extiende entre las cumbres nevadas de los Pirineos y el azul del Mare Nostrum, jamás olvidaron que sus libertades y sus competencias administrativas, jurídicas, comerciales, económicas, culturales… quedaron derogadas, sometidas y constreñidas bajo el peso aterrador de un brutal asedio a Barcelona de 13 meses, por parte de Felipe V «El Animoso», nieto de Luis XIV de Francia y antecesor dinástico del actual Jefe del Estado español. 
El 11 de septiembre de 1714 la ciudad Condal se rendía a las tropas del rey Felipe V. «Las fuerzas borbónicas sometieron a la ciudad a un bombardeo inmisericorde. Un cronista escribió: no se ha visto en este siglo semejante sitio».

Tres siglos después el 11 de septiembre del 2014, la marea que se había ido forjando, mediante la divulgación, conocimiento y toma de conciencia de su propia historia, junto con el brutal y antidemocrático mazazo a su Estatuto de Autonomía, se había convertido ya en imparable. 
Frente a los legítimos y loables deseos mayoritarios de todo un pueblo de poder llevar a cabo una consulta sobre la independencia, del territorio en el se asienta, con todo tipo de garantías y completa libertad, el Gobierno español –con el apoyo entusiasta y beligerante de sus adláteres y la mayoría de los medios de comunicación– ha alzado un infranqueable muro construido con los anacrónicos e ilegítimos bloques constitucionales de un texto legal, pero ilegítimo, la Constitución española de 1978.

Hace mucho tiempo que debiera de haber sido derogada ya que no supone otra cosa que una inmensa y descomunal losa que pesa y gravita, como gigantesca espada de Damocles, sobre todos los ámbitos de la vida en esa España anclada firmemente en el aborrecible neofranquismo.

Agitar, exhibir y constantemente hacer mención al subsodicho texto constitucional, como si tratase de una verdad inmutable, infalible y sagrada, revela su absoluta falta de argumentación y su mentalidad y forma de ser, cimentada en aquella abominable idea fascista de «Más vale una España roja antes que rota».

La realidad es que todo el sistema jurídico, que se alza contra el pueblo catalán cuan inconmensurable muralla de intolerancia, debiera de desvanecerse y volatilizarse ante la más mínima mirada objetiva y crítica de ese sistema «legal», ya que el texto constitucional de 1978 surgió y se redactó en un contexto sociopolítico donde el franquismo y su sistema político fascista eran absolutamente hegemónicos.

El brutal dictador Francisco Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Evidentemente la dictadura no moría, ni se desvanecía, ni desaparecía. Todas sus instituciones, entramado jurídico, político, administrativo… y todas las personas que la sostenían continuaron exactamente igual. 
A los dos días del deceso el padre del actual monarca, Juan Carlos de Borbón, asumía la jefatura del Estado conforme a las leyes franquistas. Al cabo de unos meses, el 1 de julio de 1976, «dimitía» de su cargo de Presidente del Gobierno el abominable Arias Navarro. Transcurridos dos días, Adolfo Suárez González es nombrado nuevo Presidente del Gobierno. Se fragua y se crea la Ley para la Reforma Política, aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las Cortes franquistas. 
El 15 de junio de 1977, se celebraban las primeras elecciones en el Estado español desde la II República. UCD consiguió la mayoría de los votos emitidos y junto con AP obtenía la hegemonía en la cámara de diputados. El 22 de agosto de 1977, los llamados «padres» de la constitución comienzan a trabajar en su redacción. Fueron siete personas, todas ellas hombres: tres de UCD, uno de AP, uno del PSOE, uno de CDC (Convergencia Democrática de Catalunya) y uno del PCE. El 27 de diciembre de 1978, la Constitución española era definitivamente aprobada, ratificada y sancionada. 
La llamada transición española, tantas veces exaltada, encumbrada y vanagloriada como auténtico y genuino paradigma de cambio político que, por arte de birlibirloque, pasaba de una brutal y despiadada dictadura de cuatro largas y abyectas décadas a una arcadia feliz y democrática, implicaba de manera directa tener una fe ciega en la magia para poder llegar a creerse semejante y absoluto despropósito, inmensa patraña, colosal mentira y abominable episodio histórico.

Quien sancionó la Constitución de 1978, haciendo de ella texto legal, ley básica, referencial y fundamental del mencionado estado, el 27 de diciembre de ese año, fue entronizado en la jefatura del Estado por expreso designio del brutal y fascista dictador, Francisco Franco y proclamado Rey de España por las Cortes franquistas. En su discurso ante los procuradores, Juan Carlos I de Borbón, elogió la imagen del dictador asesino: «una figura excepcional entra en la Historia» y juró «guardar lealtad a los principios que conforman el Movimiento Nacional». Al igual que su predecesor se mantuvo en la jefatura del Estado durante casi otras cuatro abominables décadas.

A la ceremonia acudieron entre otros personajes el despiadado y abyecto dictador chileno Augusto Pinochet.

La Constitución española de 1978, fue aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado el 31 de octubre de 1978. En ambas cámaras las mayorías eran detentadas por los mismos que habían jurado fidelidad y acato a las normas del Movimiento Nacional. UCD (Unión de Centro Democrático), formación liderada por Adolfo Suárez: procurador en las Cortes franquistas, Vicesecretario General del Movimiento, Ministro Secretario General del Movimiento… AP (Alianza Popular) posteriormente Partido Popular (PP), formación liderada por Manuel Fraga Iribarne, pieza clave en la última etapa del franquismo: Ministro de Información y Turismo, Vicepresidente y Ministro de Gobernación. Los terribles, sangrientos y desgarradores sucesos de Gasteiz nunca llegaron a conmoverle lo más mínimo a pesar de ser él el responsable directo.

Este actual Estado español sigue estando completa y absolutamente deslegitimado para imponerse a la voluntad expresada democráticamente por el pueblo catalán. 
El texto legal que utilizan constantemente como excusa, arma arrojadiza, baluarte de unos valores caducos, inhumanos, trasnochados y arcaicos fue redactado por una mayoría fascista, en un contexto dictatorial y ratificada en un referéndum, el 6 de diciembre de 1978, donde personas mayores de 18 años no pudieron votar; debido a que la edad mínima de participación era de 21 años. Edad mínima fijada por una norma franquista que no se quiso ni, tampoco interesó derogar.

Refugiarse, escudarse y atrincherarse tras semejante texto legal, como la Constitución de 1978, es un despropósito de magnitudes inconmensurables. Un hecho político que sería absolutamente inconcebible en otras latitudes de Europa. 
Pero igualmente de inconcebible sería nuevamente dejar a Catalunya sola ante su fatídica suerte, al igual que hace trescientos años la coalición formada por Austria, Inglaterra y Holanda dejaron a Barcelona cruelmente abandonada a su soledad ante un ejército infinitamente más poderoso.

Plazas, calles, avenidas y bulevares se han de convertir en espacios de protesta multicolor contra la irracionalidad impositiva de un estado opresivo y obsoleto, y de solidaridad internacional y democrática con las legítimas y encomiables aspiraciones del pueblo catalán.