En primer lugar, la confusión existente en torno a esta ley. Los servicios sociales son una cuestión estructural y básica para la salud de cualquier sociedad pero con la entrada en vigor de la ley el pasado 25 de diciembre, nadie parece tener claro qué derecho ha ganado ni cuáles son los cambios que supone esta norma para el sistema.

En el informe del Ararteko publicado recientemente, los servicios sociales, base y puerta de entrada al sistema, se llevan la peor parte: desinformación, desigualdad en indicadores y despliegue de la cartera en los municipios, falta de presupuesto, ausencia de un modelo común de trabajo, riesgo de que la cartera de servicios no cubra todas las necesidades…

En segundo lugar, la aprobación del derecho subjetivo parece apuntar a la destrucción de puestos de trabajo en intervención social. La puesta en marcha de esta ley, en la práctica supone la creación de un catálogo mínimo de servicios y de un mapa de zonas en las que, en función de la población residente en un territorio, se establecen los servicios sociales de derecho.

Ese catálogo o cartera de servicios, insisto, de mínimos, se está aplicando como un horizonte de máximos donde los territorios que más tienen recortan plazas y gastos respaldados por la ley, en lugar de utilizar esta nueva herramienta como una oportunidad para mejorar.

La lógica del Gobierno de querer «cubrir expediente» y no ser excelentes, nos coloca ante un planteamiento pobre en el que muchos de los servicios que han dado identidad ejemplarizante a Euskadi están en serio riesgo de desaparición. Esta realidad es preocupante porque si las trabajadoras y trabajadores que cuidan de la parte más vulnerable de la ciudadanía carecen de unas condiciones laborales óptimas y una cierta estabilidad, la calidad de los servicios empeorará inevitablemente. En tercer lugar, escasa o nula participación ciudadana. Esta nueva normativa supone la redistribución de plazas y servicios en un mapa de servicios sociales que se ha diseñado sin que la ciudadanía potencialmente beneficiaria participe y por lo tanto, sin que se tengan en cuenta las posibles necesidades que se deriven de la aplicación de dicha distribución territorial.

Una de estas consecuencias será posiblemente el gasto de transporte que supone distribuir los centros de día para personas mayores en áreas de servicios sociales que abarcan por ejemplo a Leioa, Erandio, Mungialdea y Txorierri.

A lo que se añade una gran desinformación de las personas que deben implementar estos cambios pero también de aquellas beneficiarias de los mismos.

Determinar que un pueblo tenga un derecho pero no explicarle en qué consiste ni cómo ejercerlo es hacernos trampas al solitario.