Hace un par de meses se cumplían 40 años de la aprobación de la Ley del Euskara, un hito histórico en la articulación de la pluralidad de la sociedad vasca, tras décadas en las que la dictadura franquista aplicó una política lingüística ultranacionalista, contra la plurinacionalidad y contra los derechos fundamentales.

El Gobierno Vasco decidió, bienintencionadamente, reivindicarlo con una declaración titulada “El acuerdo, clave de futuro”. En su discurso, el lehendakari Urkullu reivindicó aquel pacto y afirmó «queremos rendir homenaje a aquellas personas que abrieron el camino de un futuro próspero a la labor a favor del euskara. Tuvieron el valor de convertirse en compañeros y compañeras teniendo diferentes perspectivas, sensibilidades y tendencias». En una línea que lleva años manteniendo, ya que en 2012, con motivo del treinta aniversario, escribió «se dieron cuenta de lo prioritario de dirigir adecuadamente la convivencia lingüística, de la importancia que tenía esta convivencia para la construcción de Euskadi» y «también los partidos de la oposición (EE, PSE, UCD, PCE-EPK), actuaron con total responsabilidad. Para todos ellos es ahora nuestro agradecimiento».

Lo cierto es que ya solo nos mantenemos activos tres de los cinco partidos que posibilitaron aquel pacto lingüístico. Aunque en los últimos años hemos podido leer diferentes reflexiones críticas de algunos protagonistas como Lizundia (EE, «se ha exigido demasiado euskara para ciertos puestos de trabajo») o, más recientemente, Eguiguren (PSE, «ha primado la imposición y la obligación»).

En aquella primera legislatura 1980-1984 el PCE-EPK contaba con un representante parlamentario, y a pesar de las controversias orgánicas que sacudieron al partido en esos años, sus distintas tendencias apoyaron aquel acuerdo para la normalización del euskara y para la convivencia lingüística.

Cuarenta años después, hay que señalar que se están produciendo graves incumplimientos, en sentidos contrapuestos, por exceso, pero también por defecto. Y es que en aquellos debates parlamentarios se trataron varias enmiendas sobre la cooficialidad lingüística, específicamente en la Administración General del Estado en Euskadi. Una administración que ha desatendido flagrantemente el deber de atención bilingüe, como reiteradamente ha señalado el Comité de la Carta de Lenguas Minoritarias del Consejo de Europa. Así como una RTVE que vive de espaldas al euskara. Solo recientemente parece que se están replanteando estos vergonzosos incumplimientos.

Por el lado opuesto, podríamos hablar sobre la falta de pluralidad en EITB (recuérdese la purga del ERE de Radio Euskadi), sobre los problemas lingüísticos en la segregada educación vasca, sobre la privatización de los euskaltegis y los traumatizantes exámenes-reválida de HABE, pero me gustaría ejemplificar nuestra valoración crítica, recordando las recientes controversias sobre perfiles lingüísticos por la sentencia de Irun (trabajadores públicos) o por la sentencia de Barakaldo (trabajadores subcontratados).

Los perfiles lingüísticos que establece nuestra normativa tienen grandes repercusiones en el mundo del trabajo. En su concepción original, como requisito debían ser usados proporcionalmente para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, y como mérito iban a ser un incentivo razonable en la promoción del euskara.

Pero se están produciendo dos problemas que desvirtúan lo acordado. Por un lado, el creciente incumplimiento de los índices de obligado cumplimiento, exigiendo el perfil en un número de puestos desproporcionado y desconectado con las necesidades del servicio para atender la demanda ciudadana real y con las realidades sociolingüísticas de cada administración. Y por otro, su distorsionante valoración como mérito, que vacía las opciones reales de quienes no tienen perfil. Y aún más, como se ha denunciado en Osakidetza, prioriza a la gente con perfil para puestos sin perfil, dejando sin personal bilingüe a puestos dónde sí son necesarios, y agrava además la imprescindible atracción de trabajadores sin perfil. Algo que paradójicamente podría solventarse tan solo generalizando los criterios de bolsas del IVAP o la priorización del personal con perfil para cubrir plazas perfiladas, como ya hacen varias administraciones vascas.

Este sistema ha ido evolucionando hacia un país en el que el 14% de la población adulta que tiene perfil lingüístico B2 o superior va conformando el empleo público del país, excluyéndose de esta manera a mucha gente y configurando unas instituciones que no representan la pluralidad social. Una evolución que deja fuera no solo a quienes no saben euskara, sino a quienes lo entienden, pero no lo dominan, e incluso a euskaldunes que no pueden superar los exámenes de perfil.

Es evidente que aquel acuerdo lingüístico está hoy gravemente dañado. Y el autoengaño nostálgico no es una vía adecuada para afrontar esta ruptura. Se está tramitando ahora el trascendental nuevo decreto de perfiles, y propuestas necesarias han sido despachadas negativamente (gratuidad de euskaltegis, exigencias proporcionadas y liberaciones de estudio para trabajadores y trabajadoras de subcontratas, indicadores de evaluación y de medición de la demanda lingüística efectiva en cada municipio/sector, reconocimiento de títulos oficiales asimétricos de comprensión en la línea de lo que nos ha mostrado el Euskaraldia…).

Estaríamos a tiempo de reconducirlo con un nuevo pacto lingüístico transversal. Pero si el Gobierno Vasco cierra esa puerta, el lehendakari debería ahorrarse sus palabras de puesta en valor de un acuerdo que no habría sido capaz de cumplir.