La derogación de la decisión que había protegido el derecho al aborto en Estados Unidos durante medio siglo supone un gran golpe. En primer lugar, contra las mujeres estadounidenses, que en la mitad de los estados de la Unión van a perder el control sobre su propio cuerpo. Pero la derogación de esta protección constitucional, que contaba con el apoyo de amplias mayorías ciudadanas, marca también un día negro para la propia democracia estadounidense, que ha cruzado el umbral hacia un modelo de gobierno y jurisprudencia retrógrados.

La sentencia que invalidó el caso Roe contra Wade fue la culminación de una serie de decisiones de la mayoría conservadora del Supremo que defendió el derecho de las escuelas religiosas de Maine a recibir financiación estatal y prohibió a Nueva York restringir el llevar armas.

Estas sentencias han consagrado al poder judicial como una fuerza ideológica capaz de mantener a la mayoría como rehén. Ahora está claro que el Tribunal Supremo pretende hacer retroceder el reloj hasta antes de los movimientos por los derechos civiles, las grandes luchas por la emancipación (de las mujeres, de los negros, de los hispanos) y el progreso, que no eran cuestiones locales sino patrimonio del progresismo mundial. Por eso, la sentencia de Washington nos afecta a todos íntimamente, porque representa la culminación de un proyecto de cincuenta años para desmantelar el progreso social y los derechos civiles adquiridos durante medio siglo. Si ocurrió en la primera democracia occidental, puede ocurrir en cualquier parte.

El camino que llevó a la sentencia del viernes (24 de junio) fue una larga ola de radicalización que comenzó en los años 60 con Barry Goldwater, padre de la derecha ideológica moderna, y que encontró su principal expresión en el conservadurismo radical de Ronald Reagan. Reagan fue heredero del neoliberalismo radical de Goldwater y defensor de una alianza ideológica con los evangélicos blancos. Tomó de las sectas religiosas fundamentalistas, llevándolos a la política, el fanatismo y el dogmatismo que se activaron en las «guerras culturales», para las que el aborto se convirtió inmediatamente en un tema central. Los grupos radicales contrarios al aborto, como la Mayoría Moral y la Coalición Cristiana, que organizaban piquetes en los centros de orientación y arremetían contra los «ateos pecadores», solidificaron la base de la Revolución Reagan.

Con Reagan y sus «soldados cristianos» se estableció un mensaje fundamental: no había mediación ni compromiso posible con la secta que ahora ha escalado los peldaños del gobierno esgrimiendo los textos sagrados de la Biblia y la Constitución.

De hecho, el movimiento abogaba por el culto a la Constitución, como palabra inmutable de los Padres Fundadores, tan fanática como la de la Biblia. El «originalismo» se formuló como justificación constitucional del programa reaccionario y fue un proyecto que Reagan confió a Antonin Scalia, el juez archiconservador que nombró para el Tribunal Supremo en 1986.

A lo largo de una carrera de treinta años en el Tribunal, el juez italoamericano fue un incansable abanderado de la doctrina Reagan, actuando como baluarte inamovible contra el progreso social en materia de control de armas, aborto, matrimonio homosexual y pena de muerte. Scalia fue también una figura clave de la Sociedad Federalista, una asociación de juristas conservadores que –como una especie de Opus Dei laico– confeccionaba una lista de candidatos con credenciales ideológicas certificadas de la que los presidentes republicanos se han nutrido para los nombramientos judiciales durante muchos años. Se suponía que el proceso institucional de nombramiento vitalicio de los jueces por parte de los presidentes en ejercicio garantizaba un equilibrio ideológico en las sentencias. Sin embargo, la Sociedad Federalista «militarizó» el sistema alistando al Tribunal en la cruzada ideológica conservadora.

Un acontecimiento clave en la toma de posesión del Tribunal fue el boicot republicano a la nominación por parte de Obama de un juez para substituir a Scalia, fallecido en 2016. Como resultado, durante su presidencia, Trump, que continuó el legado populista del movimiento Tea Party, pudo seleccionar nada menos que tres nominados de las listas de aquellos certificados ideológicamente por la Sociedad Federalista. Los seis jueces que firmaron el fallo del viernes, en contra de los deseos de más del 70% de la población, pertenecen todos a esa organización.

La actual mayoría «derechista» de 6-3 se ve libre, por fin, de llevar a cabo el proyecto ideológico «originalista». En los argumentos del juez Alito de la sentencia del viernes (24 de junio), por ejemplo, leemos que el aborto no puede ser un derecho porque la Constitución (redactada en 1787) no lo menciona. Si alguna duda quedaba sobre el objetivo final de esta cruzada antimoderna, el juez Clarence Thomas (cuya esposa participó en la insurrección del 6 de enero) aclaró las cosas sugiriendo cuáles serán los próximos objetivos de la «revisión»: los derechos relativos a la anticoncepción, los derechos LGTBIQ y el matrimonio gay.

El Tribunal Supremo constituye, por tanto, una expresión de la misma radicalización manifestada el 6 de enero de 2021, y, al igual que aquel «levantamiento», es expresión del abuso de una minoría. Pero mientras estos días la comisión que investiga el ataque al Capitolio demuestra la responsabilidad de Donald Trump como instigador de esa subversión, el Tribunal Supremo está llevando a cabo su propio golpe palaciego.

La decisión del viernes es síntoma de una patología más profunda. Los Estados Unidos, que, a pesar de las políticas de sus sucesivos gobiernos, han sido capaces de mostrar un progreso histórico gracias al activismo de los grandes movimientos sociales, corren ahora el riesgo de convertirse en ejemplo de una impactante regresión a una época anterior, un retroceso que fortifica los populismos securitarios y teocráticos y el avance del obscurantismo en todo el mundo. Deberíamos estar todos preocupados por ello, desde ahora mismo.

©Sin Permiso
Traducción: Lucas Antón