Estas semanas se está produciendo un hecho importante en Brasil. 6.000 indígenas están acampando en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia, en defensa de sus territorios que pretenden ser vulnerados por el gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro, a través de una legislación denominada «marco temporal».

Desde 1988, cuando los debates sobre la Constitución pos dictadura, no se había producido una movilización indígena de tal magnitud. Los acampados pertenecen a 176 pueblos originarios que rechazan el «marco temporal», que sólo reconoce una tierra como indígena si en el momento de aprobarse la Constitución habitaban los espacios que reclaman. Algo imposible para muchos pueblos que fueron expulsados con violencia por grandes empresarios, ganaderos, sojeros o mineras, para explotar territorios ancestrales.

Los gobiernos han sido muy remisos a demarcar nuevas tierras y cada vez más los pueblos las marcan por su cuenta, en un proceso de autonomía creciente, que atravesó todos los gobiernos desde la década de 1990, y que supone un desafío a la institucionalidad.

Muchas tierras indígenas están siendo invadidas por grandes empresas o por madereras ilegales. En todos los casos, utilizan milicias armadas para intentar desalojar a los indígenas.

Días atrás se divulgó el “Atlas de la Violencia 2021”, que muestra que la tasa general de homicidios en Brasil cayó un 20% en los diez últimos años. Por el contrario, el porcentaje de indígenas asesinados creció 22% en la década, considerando el período entre 2009 y 2019 (https://bit.ly/2WQJLNe). En total, 2.074 indígenas asesinados por empresarios rurales, taladores ilegales y mineros, sobre todo en las regiones amazónicas de expansión de la frontera agrícola y ganadera.

Los datos muestran dónde está el centro del conflicto social en el Brasil de hoy. El enorme salto en los crímenes contra pueblos indígenas, revela que el modelo extractivo está creciendo sobre las tierras comunes ya reconocidas, que representan el 12% de la superficie de Brasil, unas 110 millones de hectáreas.

El informe anual que divulga el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, destaca que el 40% del territorio de Brasil, unos cuatrocientos millones de hectáreas, están fuera del control del latifundio y de la oligarquía. Además de las tierras indígenas, se deben sumar otros cien millones de hectáreas de espacios de conservación, en gran parte controlados por pueblos tradicionales (como pescadores, recolectores, ribereños y otros), casi noventa millones son tierras de reforma agraria, cuarenta millones de quilombos negros y 71 millones que pertenecen a pequeños y medianos productores rurales.

Es sobre esas enormes superficies que vienen avanzando el agronegocio y la minería, cuyas producciones son requeridas por China y la Unión Europea, grandes importadores de alimentos y de mineral de hierro. En suma, la economía basada en la acumulación por despojo o extractivismo, sólo puede crecer despojando a los pueblos indígenas y negros y a los campesinos. Por lo tanto, entrando en un conflicto de vida o muerte para los pueblos.

Agrupados en la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), creada en un campamento similar en 2005, se propone «detener la agenda antiindígena que sigue en marcha en el Congreso Nacional de Brasil». Los grupos ruralistas y del agronegocio tienen una enorme bancada en el Parlamento y la siguen utilizando la despojar a los indígenas de sus tierras.

Como seña la declaración de la Teia dos Povos (Red de Pueblos): «Sólo nos queda la guerra» (https://bit.ly/3l84tR1). «Dondequiera que miremos a Brasil, veremos una guerra por la tierra. No es una guerra convencional y abierta. Es una guerra descarada y desvergonzada que finge el respeto a la constitución y la viola todos los días para perseguirnos y matarnos. Brasilia es un simulacro de poder. El poder de hecho es la tierra. Ellos lo saben y por eso nos persiguen».

En efecto, desde la conquista portuguesa hasta la actualidad, el verdadero poder no está en las instituciones, sino en la tierra. Un país como Brasil, considerado récord mundial de desigualdad, enseña uno de los repartos agrarios más desiguales que se conocen. Todos los informes conocidos aseguran que 2,8% de los terratenientes posee más del 56% de las tierras agrícolas y el 1% de las explotaciones agrícolas ocupa el 45% de la superficie total.

Ahí está la clave de la pobreza y la desigualdad en Brasil, pero también del enorme poder mediático de las elites económicas. Cuando los gobiernos de los países del Norte se quejan por la deforestación de la selva amazónica, no deberían dejar de mencionar esta realidad y, en paralelo, que se quema la selva para exportar alimentos a precios muy bajos hacia esos mismos países.

Por eso la declaración de la Teia dos Povos señala: «Sólo tenemos nuestro cuerpo, coraje y pocos territorios para vivir con dignidad. Decidieron que no podemos tener nuestras tierras, nuestros territorios, que todo debe pertenecer, tarde o temprano, a latifundios, a la minería y a las megaempresas. Sólo tenemos nuestro cuerpo, coraje y algunas lágrimas que aún no se han secado. ¡Eso es lo que nos prepara para la batalla!».

Luchar por la tierra en América Latina es tanto como luchar por la vida. «Cuanto menos poder tengan los terratenientes, mayores serán nuestras condiciones de emancipación», dice la Teia dos Povos. La casi totalidad de las tierras indígenas, quilombolas, de pesadores y pueblos ribereños, son tierras colectivas, donde la propiedad de la tierra no es en una mercancía para el capital especulativo. «Cada lucha de este lado fortalece nuestro camino hacia la superación del capitalismo», finaliza la declaración.

No es ninguna casualidad que en estos momentos coincidan temporalmente la Travesía por la Vida de los zapatistas por Europa con el campamento Lucha por la Vida en Brasilia. Son dos modos, diferentes pero complementarios, de resistir el capitalismo. Quienes lo están haciendo, ponen en juego el cuerpo y la tierra, que los ofrecen a la vida.