Exconcejala de Izquierda-Ezkerra en el Ayuntamiento de Iruña-Pamplona
Maya y sus propuestas fiscales, en minoria frente al pleno

Esperamos que este año también la mayoría del Pleno, con todos los grupos en la oposición a Maya y Navarra Suma eviten el desaguisado que pretenden implantar en Ordenanzas Fiscales.

2019/09/18

Se acaban de hacer públicas las modificaciones de Ordenanzas Fiscales que les gustaría hacer efectivas al alcalde Maya y su grupo de Navarra Suma para su aplicación en 2020.

Son propuestas conocidas, ya que UPN las presentó en años pasados sin conseguir su aprobación en Pleno, cuya mayoría se inclinó por propuestas más justas, más sociales y más preocupadas por avanzar en la resolución de problemas graves como el de la vivienda.

Esperamos por tanto que este año también la mayoría del Pleno, con todos los grupos en la oposición a Maya y Navarra Suma eviten el desaguisado que pretenden implantar en Ordenanzas Fiscales.

Y vamos por partes:

Dice Maya que «el nuevo impuesto a las viviendas deshabitadas no le ha gustado nunca» y por eso vuelve a proponer su rebaja al mínimo legal (¡porque eliminarlo no puede, claro!) y utiliza un argumento falso como es que se aplicaría a la vivienda habitual de personas de la tercera edad que vivan en centros residenciales. Falso, porque la ley impide aplicar el impuesto a las viviendas habituales, como es el caso.

Hay un estudio municipal de hace 4 años que estima que necesitamos unas 300 viviendas de alquiler social al año para atender las necesidades en la ciudad y estamos muy lejos de haberlas conseguido, mientras los precios de alquileres privados no paran de subir y el número de familias y jóvenes que no pueden acceder a una vivienda digna también sigue aumentando.

El nuevo impuesto supone que quienes tengan, como bancos y fondos buitre, varias o muchas viviendas vacías, tendrían que cederlas al fondo de viviendas de alquiler del Gobierno de Navarra o bien pagar en torno a 350 o 400 euros el primer año y el doble el segundo año si optan por seguir teniéndolas vacías a la espera de hacer mayor negocio con ellas.

Quienes aprobamos este nuevo impuesto en el Ayuntamiento de Iruña-Pamplona pensamos que no solo hay que mantener el impuesto como está, votando ahora en contra de la propuesta de Navarra+ Suma sino que además deberíamos exigir que Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona terminen cuanto antes el censo de vivienda vacía. Sólo con este instrumento podemos saber cuántas y cuáles están vacías. Es un paso imprescindible para contactar con quienes ostentan su propiedad, invitándoles a darles un uso social cuanto antes y conseguir además beneficios fiscales por dicho uso social.

Mientras existen miles y miles de viviendas vacías en Pamplona y Comarca, las administraciones han conseguido poner en uso unos pocos cientos.
El Ayuntamiento necesita movilizar viviendas vacías para atender a personas y familias en lista de espera y valoradas por los Servicios Sociales y también para ofrecer viviendas dignas a quienes van a cumplir los 3 años que regula la Ordenanza de viviendas municipales de emergencia social, que apenas superan las 100.

Necesitamos un alcalde y un Ayuntamiento responsables de buscar soluciones al enorme problema del acceso a la vivienda que afecta ya a un porcentaje cada vez mayor de la población.

Por otra parte, la tradicional falta de apoyo de UPN a la actividad de la rica red de colectivos sociales y comunitarios, quiere traducirse en cobrarles a quienes programen actividades en «colaboración» con el ayuntamiento, 65,10 euros por sesión de uso. Dicha colaboración surge en los distintos servicios de todas las Áreas Municipales, y debería ser una obligación impulsarla desde la propia Alcaldía en lugar de querer eliminarla.

En el mismo sentido, nos posicionamos en contra de la propuesta que limita la exención del pago por uso de los andenes de la antigua estación de autobuses, exclusivamente a las ONGD cuando está demostrado que hay muchas organizaciones sin ánimo de lucro que se benefician de dicha exención programando actividades de gran interés y beneficio social.

Los precios de servicios públicos como el espacios «cowork», escuela de música y escuela de artes y oficios en los se pretende bonificar por renta per cápita en función del SMI, el resultado sería mucho más discriminatorio que la norma actual (en base a ingresos familiares), beneficiando más a las rentas más altas y perjudicando a las más bajas.

Y lo que es más grave es que además hagan desaparecer la aplicación de tarifas reducidas a familias sin ingresos y avaladas por los servicios sociales municipales.

Habría que calcular además el efecto de estas propuestas en la reducción de los ingresos municipales, necesarios para mantener los servicios, aunque no cubran el coste en su totalidad.

Para terminar me voy a referir a la propuesta de reducir las tasas por uso de apartamentos municipales para las personas mayores, con argumentos ya debatidos y rebatidos en años anteriores en los que la mayoría del Pleno, que ahora está en la oposición acordó aprobar las tarifas vigentes y que esperemos que mantengan por ser más justas y proporcionadas que las que propone Navarra Suma.

El Gobierno de Navarra, garantiza desde hace tiempo que todas las personas cobren complementos en sus pensiones hasta alcanzar la cuantía de la renta garantizada, que actualmente está en 624 euros para personas individuales.

Que una persona mayor con ingresos mensuales de 624 euros y sin patrimonio ni bienes, pague por vivir en un apartamento municipal, con gastos y mantenimiento incluidos, 114 euros al mes es una cantidad muy asequible, mucho más barata que cualquier otra opción residencial que existe en la actualidad, como viviendas subvencionadas por Gobierno de Navarra, y al Ayuntamiento le permite además contar con unos ingresos mínimos para mantener con buena calidad los apartamentos, cuyo coste se estimó en su día en 365 euros mes.

Maya y Navarra Suma proponen que a estas personas se les descuente de entrada 100 euros al mes para gastos personales, que no computan en el cálculo. Es un argumento falaz porque quien cobra 624 euros y paga 114, cuenta con 510 para gastos personales. Además proponen que esas personas con ingresos de 624 euros paguen 59 euros al mes en lugar de los 114 que pagan ahora.

Y en esa proporción se aplican las reducciones a ingresos más altos de forma que la tarifa máxima de 345 euros sólo la pagaría una persona con ingresos mensuales superiores a 1110 euros. Dicha tarifa máxima seguiría estando por debajo del coste real del mantenimiento del apartamento para el ayuntamiento, cuyos ingresos por los 144 apartamentos que hay actualmente se reducirían a más de la mitad con la propuesta.

Esperemos que Navarra+ no consiga sacar adelante estas nuevas ordenanzas fiscales y sigamos no solo defendiendo los avances sociales que se consiguieron en la Legislatura pasada sino también nuevas mejoras, en ámbitos como el de las viviendas de alquiler social, que son absolutamente esenciales para garantizar un futuro digno a jóvenes y familias con menos recursos.

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