«Menuda lección nos están dando los pensionistas. Ahora sólo falta que aprendamos un poco de ellos. Ellos lucharon por conseguir lo que tenemos y estamos perdiendo día a día. Ellos deberían de estar en su casa tranquilamente y nosotros donde están ellos». Es uno de los mensajes que me ha llegado por más de un grupo de WhatsApp al hilo de la multitudinaria manifestación que tuvo lugar el 22 de febrero en las calles de Bilbo, donde miles de pensionistas y viudas salieron a la calle para exigir pensiones dignas y actualizadas conforme al IPC anual y no al 0,25 % que estableció el Gobierno del PP en 2013.

Según las personas organizadoras que tenían la portavocía, estaban allí no sólo por sus pensiones, sino para defender las de sus hijas e hijos, y nos hicieron el llamado para seguir con su ejemplo.

Se le ponen a una hasta los pelos de punta viendo los vídeos de la movilización. Tantas personas mayores, mujeres en su gran mayoría, con dificultades de movilidad dada su avanzada edad, en plena marcha, decididas, al grito de «si nos roban las pensiones, ya vendrán las elecciones» o «más pensiones, menos ladrones».

Desde luego que nos están dando una lección, porque no podemos olvidar que con esta reforma de las pensiones se nos plantea un futuro complicado.

Según las previsiones demográficas del Estado español, la población mayor de 65 años se duplicará durante las próximas décadas, pasando de los 7 millones actuales a los 15 millones. Es decir que, se doblará la cantidad de las personas a las que les corresponde cobrar la pensión. A la vez, el Estado español dedicará un 11% del PIB a las pensiones, frente al 11,8% que destina en la actualidad. Es decir, que reducirá lo dedicado.

La consecuencia de reducir el esfuerzo dedicado a pagar las pensiones será un rápido descenso de la prestación en los próximos años. Esto significará que, con un salario medio de 100, las personas que se jubilen, pasarán de cobrar 82 que se cobra actualmente a menos de 50 en las próximas décadas.

Además, el Estado español es el país europeo con peor distribución de la renta, es decir, hay una amplia proporción de trabajadores con rentas muy bajas, y por tanto con una cotización baja durante los años de actividad, lo cual supone un cálculo más bajo de la pensión en el futuro.

Esto nos lleva a un escenario donde el riesgo de pobreza de las personas que menos hayan cotizado se elevará significativamente, y qué decir de las personas de nuestro sector, que es uno de sectores más afectados en este sentido.

De hecho, la media de las jubilaciones de los autónomos, donde están encuadrados los agricultores, el año 2017 fue de 707,26 euros.

A pesar de que en el año 2008 se lograra un acuerdo muy importante entre las organizaciones agrarias y el Gobierno español acerca del régimen de la Seguridad Social Agraria y su encuadre en el Régimen de Autónomos y esto permitiera actualizar un sistema que estaba obsoleto, no ha servido para equiparar las pensiones de las personas agricultoras a las pensiones medias de la población, en Euskadi 1.155,16 euros.

Las reformas posteriores acometidas por el Gobierno español como la de alargar los años ha tener en cuenta para el cálculo de las jubilaciones dan más peso a los años anteriores a 2008, años donde el sistema de Seguridad Social para los agricultores estaba absolutamente obsoleto respecto de las bases de cotización y esto sigue lastrando las pensiones del presente y también del futuro.

La necesidad de encontrar otras compensaciones para disponer de una renta suficiente después de la edad de jubilación impide el revelo de las explotaciones hacia otras personas agricultoras más jóvenes. No se da un traspaso de la tierra y se mantiene el régimen de alquiler, en muchos casos sin que éstos tengan que ver con un valor relacionado con la actividad agraria ni los ingresos que se derivan de ella. Otro efecto es el mantenimiento de la actividad después de las jubilaciones, con el objetivo de seguir cobrando las ayudas de la PAC. En el Estado español hay un 40% de personas jubiladas cobrando ayudas de la PAC; este porcentaje es menor en el norte, sobre todo en las personas dedicadas a la ganadería.

Ambas situaciones inciden en el presente y futuro del sector agrario y su evolución. Si no se afronta la situación que las personas jubiladas actuales y futuras del sector agrario cuenten con unas jubilaciones suficientes, la incorporación de jóvenes a la agricultura seguirá siendo difícil.

El acceso a la tierra y disponer de unas rentas suficientes, donde las ayudas de la PAC estén en manos de las personas agricultoras activas son parte de las claves para animar a que más jóvenes se acerquen a la agricultura.

Abordar la situación de la renta de las personas agricultoras activas es también una imperiosa necesidad si se quiere abordar su futuro y de las pensiones. El nivel de renta agraria está en un 60% de las rentas medias de la población. Con esta situación no habrá unas cotizaciones suficientes por parte de las personas agricultoras que les permitan unas jubilaciones equiparadas a la media de la población y no serán posibles los relevos necesarios para que nuevas personas accedan a la agricultura y contribuyan así al sistema de la Seguridad Social.

Ante esta situación, y como nos dicen los pensionistas, no podemos dejar de instar a las autoridades a «quitarse la careta» y reconocer que «lo que pretenden es privatizar la Seguridad Social, en beneficio de los grandes poderes financieros y las compañías de seguros». Y esta movilización no puede ir solamente a cargo de las personas pensionistas, está claro que también nos atañe a las actuales trabajadoras y jóvenes. También es nuestra responsabilidad defender unas pensiones públicas y dignas.

Por un futuro digno. ¡Qué no nos roben lo luchado!