Perdí la txartela, y me anuncian que pasarán hasta 12 días en recibir la nueva. El DNI requiriendo mucha mas atención, demanda y control, la entregan en mano al momento de ir a renovarlo; así, entiendo que la demora no es de índole técnica ni burocrática.

Por mi edad y condición de renta baja, viajar con tarjeta Mugi me cuesta la mitad. Además de los 5 euros por gasto de renovación (lo asumo), solo el coste añadido por la demora, me supone un plus de gasto de unos 18 euros, pues a los tres viajes habituales a Donostia cada semana, añado uno a Gasteiz, que en total restan un 8% de mi pensión en el mismo período.

A las economías justas, el menor imprevisto causa quebrantos difíciles de recuperar. Formo parte de un colectivo afectado, sensibilizado y muy irritado por los abusos institucionales, siendo el injusto reparto de la riqueza que se da también en nuestra comunidad, el mas antidemocrático de todos. Insolidaridad institucional, ante la indefensión de pensionistas con bajos ingresos, por abusos también de entidades bancarias que nos deben mucho dinero, y cobran hasta un 30% de intereses por sacar el dinero de nuestra pensión el día 25, cuando lo ingresaron el 24, pero entidades como Kutxabank ponen fecha valor el día 1... y no queda otra que pagar el 30%.

Por estas restas y desigual disponibilidad de medios, ruego solidaridad a la prensa de Gipuzkoa, para dar curso a estas reclamaciones; respuestas a quienes deberían darse por aludidos, y a la ciudadanía, más compromiso, abandonando a ratos su zona de confort y acudir a las concentraciones de jubilados los lunes en Alderdi Eder, para descubrir los niveles de pobreza y degradación asistencial que se dan en la «trastienda» de nuestra comunidad, relativo al nivel de riqueza en PIB y elevada recaudación fiscal en nuestro territorio, que paradójicamente nos distancia más de la media europea y países del entorno, para empezarnos a parecer cada vez más a esa fealdad de democracia fallida en la que tratan de diluirnos nuestros gobernantes jeltzales.

Todo esto da pie a valorar los pactos y transacciones partidistas del PNV con el PP como leía en el editorial de GARA del lunes 27: «Ha hecho un pacto sin garantías y aliado a todas las fuerzas retrógradas y reaccionarias del Estado español. No solo es el PP, son también Ciudadanos y UPN, por ejemplo. Una alianza sin futuro».

Negociar nuestro futuro por intereses sectarios basados siempre en infraestructuras como la macrocárcel con piscina climatizada ligada a los intereses de negocio privado con la incineradora de Zubieta (aún EH Bildu sigue callada en torno a este binomio) y el Nudo de Bergara para el AHT... dos «caramelos» que ya han salido a luz a partir del apoyo del PNV a los PGE-2018.

Crítica a los partidos que conforman la izquierda abertzale, pues si el PNV lo hace por obstrucción, la izquierda abertzale lo hace por desidia, omisión o miedo a molestar a sus pretendidos y por otro lado imposibles acompañantes de viaje hacía la soberanía... a no ser que gobierne Ciudadanos y pretenda hacer tabla rasa con el resto de autonomías. Ahí le duele al PNV; ello y nada más le obligaría a salir de su zona de confort político español (como se sentía Ardanza), para levantarse de sus poltronas e iniciar la verdadera reconquista social y democrática de Euskal Herria desde un ámbito de decisión integral y soberanía económica total. Que lo veamos... es muy posible.

Ejemplo de este déficit, son lo que hoy en día aún se dan como carencias estructurales a nivel institucional y democrático muy graves, que si hubiesen estado operativas, en estas décadas no se hubiesen cerrado en falso muchos casos de corrupción y hubiesen salido a la luz con mayor fluidez y naturalidad otros tantos, como el último que denuncia ABC en su página digital, referido a los 68 millones de euros que presuntamente acumula la familia Atutxa en contratos públicos.

Me refiero en primer lugar a la figura del fiscal anticorrupción, tantas veces reclamada por el fiscal Calparsoro, y hoy por el personal de justicia, jueces y fiscales que se manifiestan ante las sedes judiciales vascas, reclamando ante el incremento de casos y faltas en sustituciones, mas medios humanos y materiales.

El Ayuntamiento de Usurbil el año 2010 quiso celebrar una consulta popular para preguntar a los ciudadanos tras un año de experimentar con el puerta a puerta, si seguían o volvían a los contenedores; no tenían competencia para ello, tampoco la Diputación Foral de Gipuzkoa...¡tampoco el Gobierno Vasco!. El año 2017 Legorreta con 1.600 habitantes se ha visto en las mismas... y lo ha tenido que autorizar el Gobierno del Reino de España.

Estas dos «cosas» no le cabían al PNV en la agenda de reclamaciones a la hora de negociar los PGE-2018 con el PP; pero aunque me cabe la certeza de la gran brecha de sensibilidad y sentido democrático entre ambos, tampoco he escuchado a la izquierda abertzale la mas mínima exigencia o reclamación hacia nuestros mercaderes jeltzales.

Mientras, como si no hubiesen otras temas mas sociales donde poner la atención, la izquierda abertzale siguiendo a señuelos, parece ser que esperan y confían en cambios, cuando el PNV hoy y siempre ha faltado a la palabra dada en casa; cuando históricamente ha demostrado ser como la mala madre ante el rey Salomón, que prefería antes de dar curso al sentir natural de la madre auténtica (su pueblo), pedía que se partiera la criatura en dos partes y se entregara una mitad a cada una que se la disputaban.

Toda esto tiene un nombre: «mercadeo sectario» y no negociación política como lo anuncian. La parte económica con los fuertes... la «romántica» con su pueblo.