Hoy 18 de mayo, se conmemora el Día Internacional de los Museos, acontecimiento instaurado en la XII Asamblea General del ICOM –International Council of Museums/Consejo Internacional de Museos–realizada en Moscú en 1977 que desde entonces se celebra anualmente.

En esta ocasión, abordamos unas de las numerosas irregularidades e ilegalidades desde que se planteó el absurdo, por poco necesario y menos en su propio emplazamiento, proyecto de ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, "Agravitas", con el ánimo de aumentar el número de visitantes turistas.

Se inicia con la convocatoria de un concurso de proyectos, no de ideas, y se nombra un jurado para colocar individuos sumisos a lo ya tramado, que acatarían lo que dijera Luis Fernández Galiano, arquitecto experto en jurados y sobre todo miembro de la Norman Foster Foundation hasta poco antes. Es decir, que el concurso lo obtuviera quien estaba previsto: Foster & Partners. Y que hiciera algo espectacular por extravagante, agresivo y costoso que fuera para competir, inútilmente, con el cercano Guggenheim.

Todos los del jurado debían dudar que aquel gigantesco y desproporcionado volumen de atrevida estructura metálica no podía realizarse con un presupuesto de concurso orientativo de 18.658.200 euros IVA incluido, aunque en ejecución suele haber un cierto sobrecoste. Los otros cinco concursantes finalistas, incluido Rafael Moneo, el proyecto que menos disgustaba, se ajustaron a las bases para no ser excluidos por incumplimiento. Pero a aquel se le consentía todo, el nombre tenía un precio.

El presupuesto, como era inevitablemente evidente ha ido incrementándose de modo tan escandaloso como impune: 29,5 millones de euros, luego 34,1 millones de euros, y actualmente 44,5 millones de euros, considerando que falta mucha obra, especialmente en el edificio moderno, el de 1970, por lo que en el momento adecuado tendrá otro aumento con cualquier excusa. Absoluta impunidad. Es decir, el estudio Foster & Partners hizo, a sabiendas, una baja temeraria razón para ser paralizado y revisado su proyecto, pero a nadie le importó.

Irregularidades en el jurado

Analicemos el jurado que debía conceder el tributo del proyecto. Una vez conocida su composición se generó una gran desconfianza por la carencia de solvencia arquitectónica y cultural requerida de algunos de los convocados. Un jurado debe estar a la altura de la relevancia del concurso y de los participantes. El beneficiado ya estaba decidido de antemano, el concurso es un simulacro de apariencia democrática manifiestamente farsante.

Su composición fue fraudulenta, en un concurso de arquitectura, la ley exige dos tercios de arquitectos. De los diez miembros había solo cuatro, dos vinculados a la citada fundación, Fernández Galiano y Patricia Urquiola, diseñadora interiorista residente en Milán. Además de la decana del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, Matxalen Acasuso, el arquitecto Mikel Ocio, director del Área de Planificación Urbana del Ayuntamiento, que debían conocer el grado máximo de protección del Museo y del Parque en el PGOU y las leyes de Patrimonio Cultural Vasco, la entonces vigente Ley 7/1990, y la que estaba en tramitación Ley 6/2019. Profesionalmente, sabían, o debían saber que era imposible construir aquel proyecto con ese presupuesto. Lo mismo el viceconsejero de Cultura José Ángel María Muñoz, licenciado en Historia del Arte, tuvo que ver las evidentes transgresiones del proyecto. La normativa legal no solo es para publicarla, sino para respetarla y hacerla cumplir.

También estaban dos gerentes, la del Museo, Leire Jaureguibeitia, parte interesada en el espectáculo y la de la EHU, Miren Lorea Bilbao, Ingeniero Industrial especialidad de Organización Industrial, irrelevante en este caso, el director general de BBK, Jorge (alias Gorka) Martínez Salcedo sin ninguna formación, ni afición, ni interés en materia de arquitectura y el patrimonio arquitectónico solo por puro y banal compromiso empresarial institucional. Meros comparsas. Y, Zuriñe Antoñana, restauradora de bienes muebles, Jefa del Servicio de Patrimonio Cultural del Departamento de Euskara, Cultura y Deporte de la Diputación de Bizkaia, de nefasta gestión del patrimonio arquitectónico nombrada con premeditada intención, ya que como Jefa de Servicio debería autorizar el proyecto de acuerdo a la citada Ley 6/2019, Artículo 3. –Ámbito competencial. Se limitó a autorizarlo siguiendo órdenes políticas del PNV.

Es decir, cuatro personas sin capacitación profesional para entender, juzgar y emitir honestamente un informe de unas propuestas con variadas complejidades arquitectónicas, espaciales, estructurales, patrimoniales, culturales, museológicas, ambientales y paisajísticas, lo más que pueden decir es: me gustan o me disgustan los dibujos.

Complacencia, corrupción y prevaricación

En este corrupto proceso tiene una enorme responsabilidad el entonces presidente del Patronato del Museo, integrado por el Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Vasco, el alcalde Juan Mª Aburto. Ninguna sorpresa de un personaje de cultura tan precaria, sensibilidad semejante a nula, carente de criterio y que ante la palpable aberración permanece en silencio cómplice.

Es sintomático que no se haya leído ni oído un solo elogio de este proyecto, ni siquiera por ninguno de sus promotores, autores, o la sobornada prensa leal, deben sentir pudor por meritar algo en sí mismo injustificable desde su megalómano propósito. Las únicas palabras favorables carecen de valor, ya que ha sido compradas y redactadas en el deplorable informe, según los numerosos arquitectos que lo hemos leído, redactado por un arqueólogo de la Cátedra Unesco de Paisajes Culturales y Patrimonio, a cambio de una sustanciosa minuta. O sea, uno que no es arquitecto dictamina sobre un proyecto que es más bien ingeniería y diseño, Insultante, temeraria e inaceptable intromisión admitida por las administraciones implicadas.

Este prospecto repleto de menciones falsas y alusiones deformadas fue asumido, que no emitido, por el anterior director de Patrimonio Cultural, Mikel Aizpuru, adscrito a la Viceconsejería de Cultura con cuyo titular Andoni Iturbe, prevaricaron al presentarlo, ilegalmente, sustituyendo al preceptivo que debía emitir el Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, infringiendo ostensiblemente lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco. Gravísima premeditada omisión y suplantación documental cuya responsabilidad política implica al entonces consejero de Cultura, Bingen Zupiria, por permitir incumplir la citada ley emanada de su consejería. Resumiendo, el proyecto se prueba y autoriza su construcción por una corrupción de funcionarios y políticos que prevaricaron. Todas estas ilegalidades y delitos han sido denunciados, pero archivados por fiscales y jueces presionados por la política dominante.

Este el desgraciado triunfo, sobre la arquitectura culta, sacrificada como trofeo, del empeño del director del Museo, Miguel Zugaza, de haber seducido a una estirpe de dirigentes políticos sin criterios culturales ni escrúpulos.

Debido a la falta de libertad de expresión en los medios, "El Correo", "Deia", EiTB, Onda Vasca, la SER, en su condición de vocales de la Fundación del Museo, la prohibición del Colegio de Arquitectos de debatir sobre arquitectura como se hacía antes, la reciente indiferencia social ante casi todo y claudicación de los estamentos intelectuales y culturales, además del incomprensible silencio de los miles de Amigos del Museo, ha sido posible este atentado a la integridad del Museo y la agresión al Parque.


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