Muchas de las personas que lean estas palabras recordarán que al inicio de la pandemia abundaban las reflexiones sobre los enormes vacíos y deficiencias en nuestros servicios públicos, en especial en sanidad y en servicios sociales, destacando los que se dedican a prestar atención a las personas mayores.

Fruto de estas reflexiones surgían los buenos propósitos en torno a la necesidad de reforzar la oferta del sector público por las ventajas de su gestión pública respecto de la privada, cuando se trata de atender necesidades urgentes y con gran afectación comunitaria, y por la necesidad de dedicarles dotaciones presupuestarias suficientes.

Recordamos los aplausos al personal de la sanidad pública y la definición de trabajos esenciales que abarcaban también a personas cuidadoras de mayores y dependientes, personal de la limpieza y en general de todos esos servicios sin los cuales, la vida como la conocemos, simplemente no sería posible. Había que reconocer su trabajo, decíamos y valorarlo y remunerarlo con unidades de medida más justas y equitativas que las actuales.

Pero sólo unos pocos meses más tarde, y a pesar de que seguimos en plena pandemia, aparecen las voces de siempre, las que se ponen al servicio de los intereses de grandes empresas, como las que fabrican las vacunas anti COVID 19, sin ningún tipo de ética, justicia social o equidad para con la sociedad y las personas.

Si hay un colectivo especialmente afectado durante esta pandemia es el de las personas mayores y dependientes, principalmente quienes están en residencias de la tercera edad, cuyo modelo, implantado a mayor beneficio económico de grandes empresas desde hace unos cuantos años, se ha visto totalmente cuestionado, y con razón.

Aprendiendo de lo vivido deberíamos poner en valor, el reforzar y promover otros modelos de atención a las personas mayores y dependientes como los alojamientos colaborativos, los apartamentos tutelados, las pequeñas residencias tipo hogar y la atención domiciliaria de las personas mayores y dependientes. Deberíamos además garantizar una mayor formación y mejores condiciones laborales para el personal que trabaja en el sector.
Y hay prisa para hacerlo, porque el número de personas mayores está creciendo en nuestro entorno de año en año y sus necesidades se multiplicarán en los próximos años.

Tristemente, hay quien sigue pensando que este sector es y será un gran nicho de “negocio” a costa de las pensiones y el patrimonio de las personas mayores, desviado a mayor beneficio de grandes empresas, que será mayor cuanto peores sean las condiciones laborales de las personas contratadas para hacer un trabajo tan esencial como son los cuidados, un trabajo que sigue feminizado y por ambos motivos, muy infravalorado.

Entre quienes se apuntan a este bando del negocio están los grupos municipales de Navarra Suma y PSN, con las concejalas Caballero y Esporrín, abanderando una vuelta atrás vergonzosa del Servicio Municipal de Atención a Domicilio. ¿Tendrá algo que ver el apoyo del PSN a los presupuestos de Navarra Suma con en esta reversión? ¿Por qué el PSN va contra su propio programa electoral revirtiendo servicios públicos? ¿Por qué su primera medida ha sido subirle el sueldo al nuevo director del Servicio, nombrado a dedo?

Este Servicio de Atención a Domicilio público, seguramente puede mejorar sus resultados, como todos, pero eso depende del grado de conocimiento del ámbito de acción, de la metodología y del interés que se ponga en ello, en definitiva de la aplicación de buenas prácticas. Porque no hay solución mágica para un Servicio que requiere un alto grado de organización interna, de inversión en formación de su personal y de puesta en marcha de herramientas de mejora del clima laboral, que no vendrán en ningún caso por el mero hecho de privatizarla.

Cuando Caballero y Esporrín dicen que es un servicio que no sale “rentable”, ¿qué quieren decir?

Quizás que no hay una empresa detrás, que lo gestiona a cambio de un porcentaje de beneficio sobre su coste, que será mayor cuanto más puedan reducir los salarios y a costa de cuidadoras disponibles 7 días a la semana y 12 horas cada día para trabajar y cobrar unas pocas horas, todas al mismo precio, sea lunes o domingo. Porque esa era la situación que nos encontramos en la empresa que se encargaba de dos tercios del servicio en 2016. Y no parece muy correcto comparar como hacen Navarra Suma y PSN el coste actual con el de entonces, como si ningún otro servicio tuviera hoy en día un mayor coste que el de hace 5 años.

¿Con qué otros servicios municipales lo están comparando cuando dicen que no es “rentable”? ¿Acaso las Escuelas Infantiles lo son? No se busca rentabilidad, son servicios a la comunidad, como lo son la educación o los centros de salud, que pagamos con nuestros impuestos y que deben dar un servicio de calidad, contando para ello con personal formado, retribuido de acuerdo con el valor de su trabajo y garantizándoles un buen clima laboral para que puedan cuidar de nuestras personas mayores y dependientes como lo haríamos personalmente si pudiéramos hacerlo.

Los criterios de evaluación deben ser de rentabilidad social y de garantizar también los servicios sociales, igual que la educación y la sanidad.

Si les importa tanto la «rentabilidad» de los servicios municipales, ¿por qué no miran con esos criterios, por ejemplo los servicios que presta la Gerencia de Urbanismo o la gestión de la ORA, o cualquier otro de los múltiples que son competencia municipal?

Si Caballero y Esporrín hubieran votado a favor de garantizar las condiciones laborales actuales de las trabajadoras del servicio, en caso de revertir dicho servicio municipal a otra forma de gestión, realmente lo dejarían como está y se empeñarían en apostar por mejorar su gestión actual y la calidad de la atención a mayores y dependientes.

Es muy posible que en breve plazo de tiempo haya fondos europeos para, entre otras prioridades, proyectos de mejora de los servicios de atención a personas mayores y dependientes, con el objetivo de prevenir futuras consecuencias tan terribles como las vividas. Y sin embargo, aquí ya estamos viendo cómo, Navarra Suma y PSN ya están apostando por empeorar esos servicios, rebajando el coste de los cuidados esenciales, realizados mayoritariamente por mujeres, con el objetivo de que esos fondos se los lleven empresas privadas cuyo objetivo siempre será ganar dinero, aún a costa de empeorar las condiciones laborales del personal.