Los montes alaveses, propiedad en su mayoría de los Concejos, se rigen, para su administración y gestión, por la Norma Foral de Montes y subsidiariamente por la Ley de Montes del País Vasco. Además, para el disfrute de sus aprovechamientos, los propietarios pueden tener sus propias ordenanzas en las que regulen de manera más específica sus usos y su gestión.
Los Concejos, solos o agrupándose en Parzonerias, Ledanias, Sierras, etc. han conseguido que este recurso esencial para la supervivencia de antaño haya llegado hasta hoy con unas cualidades y calidades que nos permiten augurar que van a servir para el sostenimiento de las futuras generaciones que habiten nuestros pueblos, así como de las Instituciones que los administran. Porque no podemos obviar que lo que hoy disfrutamos es fruto del interés en la conservación de este recurso por parte de los pueblos, es decir de los Concejos, los cuales, supieron poner los fines sociales y comunes del monte por encima de los intereses estrictamente económicos que su uso y aprovechamientos podían comportar. Álava, con su particular modelo administrativo, con la gestión y administración de sus Montes Públicos por parte de sus propietarios, los Concejos, ha conservado, sin grandes estridencias, una gran parte del medio natural.
 Es de todos reconocido que por este tipo de gestión, y sobre todo por la interacción de los propietarios con su entorno, nos han legado unos montes públicos en los que los usos y aprovechamientos han ido y van de la mano de la conservación de los mismos. Así, hasta hace pocos años nuestros montes y bosques, aunque humanizados, permanecían relativamente vírgenes y a salvo de «agresiones externas», todo lo más la instalación de antenas para que los propios habitantes de esas zonas pudieran tener acceso a las nuevas tecnologías (TV, móvil, internet). Es decir, los usos y aprovechamientos tradicionales, lejos de destruir su entorno han conservado el territorio que hoy disfrutamos. Las medidas internas, el sentido común, han bastado para transmitirnos un legado excepcional.
Los cambios socio-económicos en nuestros pueblos, pero sobre todo ese nuevo tótem ‘Medio Ambiente’ está sirviendo de excusa para que Gobierno Vasco y Diputación se vayan apropiando de competencias en detrimento de los pueblos, propietarios y administradores. Para una ¿mejor conservación? de nuestros montes están transformando la relación de los pueblos con el monte. Desde esas administraciones, y en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas (de los y las que viven en las ciudades), se están fomentando las nuevas modas, en las que el uso del monte para el disfrute del ocio y del tiempo libre de los habitantes de la ciudad, además de su uso turístico-comercial, parece primar, sobre los usos seculares, frente a ese entente cordiale que ha existido entre nuestros pueblos y el monte y que ha permitido y debe permitir en el futuro el desarrollo de nuestros pueblos y la sostenibilidad de sus recursos naturales.
De esta forma, en los últimos años se han venido aplicando «medidas de protección» en nuestros montes y espacios naturales tratando de dar una mayor seguridad jurídica ante posibles actuaciones externas, pero que curiosamente han restringido también los usos internos tradicionales. Así, además de otras figuras, se han creado en Álava cuatro Parques Naturales (Valderejo, Gorbeia, Izki y Aitzgorri-Aratz), y se está en proceso de creación del de los Montes de Vitoria.
Estas medidas de protección que se han ido instaurando no protegen necesariamente nuestros Montes de estas llamadas agresiones externas, ya que las actuaciones declaradas de Interés Público están, hasta la fecha, siempre por encima del Interés Público del Monte. Esta es la cuestión que hay que dilucidar.
Nuestros políticos deben de legislar de forma que el Interés Público de nuestros montes esté por encima del Interés Público de otras actuaciones, o como mínimo especificar claramente y con qué condiciones el Interés Público de actuaciones ajenas a nuestros montes prevalece sobre el Interés Público de los mismos. La protección de nuestros montes es sin ninguna duda necesaria. Lo que no está claro es que la forma en que se está haciendo sea la correcta, cuando además el tipo de actuaciones proteccionistas que se están aplicando conlleva la modificación de los usos tradicionales que hasta el momento se han realizado de los mismos y que, como no nos cansamos de repetir, han permitido tener unos montes bien gestionados y conservados.
En definitiva, nuestros políticos aplican ‘medidas externas’ para proteger jurídicamente a nuestros montes de las ‘agresiones externas’ que ellos mismos promueven y provocan, restringiendo el uso tradicional que los propietarios y habitantes de la zona rural han venido realizando secularmente. Y con esto no podemos estar de acuerdo.