Todos los datos disponibles apuntan a que Osakidetza y Gobierno Vasco tienen con partidos políticos y sindicatos algún pacto para ocultar la problemática del peligroso Sintrom que afecta a decenas de miles de personas vascas. Y eso lo parece cuando todas esas instituciones saben que hay alternativas más seguras que el Sintrom pero que cuestan más dinero al erario público y que por ahora quien las utilice debe pagarse de su bolsillo ya que Osakidetza no lo financia. Esas alternativas son los ACODs, Anticoagulantes de acción directa». O los NACOs, Nuevos anticoagulantes orales.

El Gobierno de Nafarroa mantiene una política sanitaria en este tema más abierto que el de Gasteiz y ya financia a una parte importante de sus pacientes de anticoagulantes. En Iparralde, ya no se utiliza el Sintrom y su Gobierno financia los fármacos alternativos.

No es lo mismo pagar 1.000 euros al año, que lo tiene que hacer quien rechace el Sintrom y consuma fármacos alternativos, que 80 euros al año que lo paga su consumidor. Lógicamente hay quien puede costearse esos 1.000 euros como entre otros quienes desde el Gobierno y Administración vascas mantienen esta política sanitaria, pero de ninguna forma la mayoría de trabajadores, pensionistas, viudas etc. Por ello hemos mantenido desde aquí que el Sintrom es injusto y discriminatorio porque es el fármaco de los pobres que, por falta de recursos, se ven obligados a tomar con todos sus riesgos y peligros.

Decimos que parece haber un pacto entre los organismos citados porque esta problemática, muy presente entre las personas afectadas por estos fármacos, no solo ha trascendido a las páginas de GARA sino que ya empieza a aparecer en los medios informativos de mayor audiencia en Euskal Herria como es el Correo Español. Tan solo en dos semanas se han publicado en ese medio informativo dos cartas. Como ejemplo, recogemos aquí la segunda publicada el día 19 de febrero de 2025.

Con el título «Petición a Osakidetza», y firmada por Luis Angel Moreno Gonzalez, dice lo siguiente: «El Departamento de Salud del Gobierno vasco y Osakidetza no financian los anticoagulantes orales de acción directa utilizados para la prevención de ictus y embolia. Estos anticoagulantes han demostrado tener un perfil de seguridad mejor que el Sintrom. Su acción no interfiere con otros medicamentos o alimentos, ni requiere controles periódicos.

Estos medicamentos ya están incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud en la gran mayoría de comunidades autónomas, pero Osakidetza exige que los pacientes con fibrilación auricular no valvular se sometan durante seis meses a la toma de Sintrom antes de valorar y autorizar o no la financiación. Es una situación injusta y discriminatoria y por ello sería necesario que Osakidetza autorice la prescripción del medicamento por personal facultativo sin necesidad el visado de Inspección». Hasta aquí esa breve carta pública.

Quien haya seguido nuestros artículos verá que los argumentos del firmante de esa carta son similares a los nuestros. Hasta ahora, salvo AGIAC, » Asociación de Personas Anticoaguladas», organismo al servicio de los pacientes de Sintrom, no ha habido ningún organismo oficial, Gobierno vasco, Osakidetza, Partidos políticos, Sindicatos, Movimientos sociales que hayan salido a la opinión pública y responder tanto a nuestros planteamientos como a los de las personas firmantes de estas cartas públicas.

No se entiende que Gobierno vasco y Osakidetza mantengan su silencio ante un problema que tiene una gran repercusión personal y pública y cuando el fondo del mismo es la utilización de mayor o menor cantidad de dinero a la financiación de nuestra salud. Expertos del sector sanitario vasco ya advirtieron ante el Parlamento en 2022 que es más rentable financiar los fármacos alternativos que seguir con el Sintrom cuyos problemas (hemorragias, parálisis, muerte etc) originan al final mayores gastos. Gobierno Vasco y Osakidetza saben perfectamente que los fármacos alternativos son mucho más seguros que el Sintrom y de menores incomodidades por sus controles periódicos y traslado a ambulatorios.

Menos se entiende, sin embargo, que los partidos políticos de izquierda, Bildu, Elkarrekin Podemos, Sumar, así como los sindicatos ELA STV, LAB, CCOO, UGT, ESK CUIS etc, Movimientos de pensionistas etc mantengan el mismo silencio cuando estamos ante un problema de clases, discriminatorio, que afecta a decenas de miles de trabajadores y pensionistas.

Mientras se restringen los gastos sanitarios en el caso de los anticoagulantes alternativos y no se da el paso a su financiación pública hemos conocido los presupuestos generales del Gobierno Vasco para este año 2025 y no hay problemas para financiar altos cargos y asesores para los respectivos departamentos que han supuesto un incremento del 17% respecto del ejercicio anterior. Además de cuatro nuevos departamentos, el Gobierno de Pradales ha creado otros 104 puestos de asesores y altos cargos que nos cuestan al año 27, 4 millones de euros. Y más aun. Vemos al Gobierno de Pradales, con su presencia en el lobby Zedarriak, apoyar a la industria armamentística vasca para cuyas inversiones cada vez mayores no plantean problema alguno.

Apostar por la financiación de los fármacos alternativos al Sintrom, además de apoyar la vida, seguridad y salud de los habitantes de Euskal Herria y evitar además los gastos que provoca el peligroso Sintrom, resultará siempre mucho más barato y rentable que esa financiación a la industria vasca de la guerra y la muerte de distintos Pueblos del mundo. Que sea así, de una u otra forma, depende no solo del Gobierno Vasco y Osakidetza sino también de los partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales.


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