Desde que en 2015 las vecinas y vecinos de Iruña votaron cambio, y las cuatro formaciones
políticas que les representábamos llegamos al Gobierno municipal, han pasado ya tres años. No se trataba de un simple cambio estético. La población de Pamplona quería transformaciones profundas después de décadas de las corruptelas y recortes de UPN, con el beneplácito del PSN, ambos siempre tan benevolentes con el Partido Popular y con la política austericida de Europa.

Sumado a ello, nos encontramos con un contexto postcrisis global con la explosión de la burbuja inmobiliaria, contestada con fuerza por nuestras vecinas y vecinos de Pamplona organizadas en la lucha antidesahucios. También nos encontramos en 2015 con que en Navarra la mayoría social cobraba menos de 1.200 euros mensuales. Este ataque a la vida fue respondido con movimientos como el 15M que llenó nuestras calles y plazas. Fue en este contexto de falta de derechos, donde los feminismos ya apuntaban alto, cuando la mayoría ciudadana voto cambio.

No se trataba de un banal «quítate tu para ponerme yo». Lo que pedía la sociedad no era un mero recambio de élites. «El cambio tranquilo», como lo llaman algunos. Desde luego, las oligarquías locales no tenían ninguna prisa por cambiar nada, pero sí las vecinas y vecinos que pagan hasta 500 euros por alquilar una habitación con sueldos de miseria. Y no digamos ya quienes no tienen ingresos de ningún tipo.

En Aranzadi creímos desde el principio que el Acuerdo Programático era mucho más que un
conjunto de promesas vacías. Para nosotras, cumplir aquello con lo que nos comprometimos ante los ojos de Pamplona ha sido un objetivo irrenunciable, nuestra guía durante estos tres duros años de trabajo. En este tiempo, algunos horizontes hasta hace poco inimaginables, ahora se han hecho posibles en nuestra ciudad.

La lucha por una ciudad feminista, en la que las mujeres sean libres en todos los aspectos; el
trabajo por traer la voz de la ciudadanía a las instituciones a través de los diferentes foros
ciudadanos y espacios autogestionados; o las apuesta por una movilidad que pusiera en el centro a las personas y diera herramientas para no depender del coche. Hasta aquí lo posible.

Pero ya en los primeros meses empezamos a ver algunos nubarrones oscuros. Pronto comenzamos a intuir que habría cambios imposibles de conseguir. No por la restricción financiera, ni por limitaciones legales. Hay ciertos cambios, los más profundos, que solo pueden lograrse con más democracia, con la aceptación de la pluralidad y la diversidad, sustituyendo la imposición y el autoritarismo por el diálogo entre iguales. Pero estos cambios de sólido consenso solo se alumbran cuando prevalecen los intereses de la mayoría social sobre los intereses de partido o de las oligarquías. Y, lamentablemente, sin estos cambios lo necesario, lo deseado y lo irrenunciable se convierte en un imposible.

En la hoja de ruta acordada estaba devolver a lo público todos y cada uno de los servicios
municipales privatizados. Pero, ¿cómo lograrlo cuando la mitad del equipo de gobierno del cambio se ha negado a empujar en este sentido, más allá de los brindis al sol de las declaraciones en el pleno contra la Ley Montoro?

Queríamos una ciudad que luchara por la aceptación de lo diverso, que aceptara que existen muchas derivadas en la orientación sexual y en la identidad de género. Todas ellas muy diferentes pero muy necesarias para enriquecer esa homogeneidad impostada que se nos impone desde el machismo.

Pero para ello, son necesarios recursos humanos, personas formadas que se encarguen de una serie de políticas estratégicas. Pedíamos, para empezar, una persona especialista en políticas LGTBI para que pudiera desarrollar políticas con mayor conocimiento, por ejemplo el protocolo de actuación ante agresiones LGTBIfóbicas. También se nos negó.

Cuando la precariedad empieza a campar a sus anchas, cuando los desahucios por impago de
alquiler están a la orden del día, nuestra prioridad era dedicar el presupuesto municipal a poner en el centro a las personas. Y, sin embargo, se prioriza el proyecto de estación para el TAV en
Etxabakoitz, que cuesta 200 millones, el mismo presupuesto anual que el del Ayuntamiento en su conjunto. ¿Es esta estación más necesaria que el rescate ciudadano?

Hemos apostado fuertemente por que el feminismo fuera transversal, por que se invirtiera dinero público en el empoderamiento de las mujeres. Es urgente que se ponga en marcha el espacio de la Casa de las Mujeres, tal y como se viene demandando por el tejido asociativo durante años. O por favorecer que la movilidad sostenible fuera algo tangible, a través del Carril bici de Labrit. Pero, ¿cómo poder hacer realidad estas apuestas necesarias cuando votaron en contra de ambos proyectos, que son parte del Acuerdo Programático y son demandas ciudadanas históricas? ¿Cómo lograrlo cuando por empujar en favor de estos proyectos de ciudad a quienes las impulsábamos nos echan del gobierno?

Desde Aranzadi seguimos defendiendo que para conseguir cambios reales era y es necesario
no sólo cambiar el fondo sino también las formas de hacer política. No solamente en la manera de dirigirnos a la ciudadanía o en la eliminación de privilegios de la clase política, sino también en la tolerancia de la discrepancia y el cultivo del consenso. Y, desde luego, en traer la voz de nuestras vecinas y vecinos iruindarras a las instituciones. Pero no nos ha sido posible: a pesar de querer avanzar en cuestiones que considerábamos de puro sentido común, nos hemos topado con una barrera: las formas y el autoritarismo de otros tiempos.

A pesar de este escenario tan gris y desalentador, nosotras, desde Aranzadi, tenemos muy
claro que vamos a seguir trabajando y remando hacia ese horizonte de cambio, para que el Acuerdo Programático no se convierta en papel mojado y se cumpla hasta el último punto en este cuarto año.

Como se decía en mayo del 68: «Seamos realistas, pidamos (y trabajemos) por lo imposible».