En los tiempos difíciles de confinamiento, tenemos una buena noticia. Una buena noticia que son muchas en realidad, tantas como campañas en marcha que reclaman al gobierno la regularización de las personas inmigradas irregularmente.

Ante la situación de crisis sanitaria, económica, social y humanitaria a nivel mundial provocada por la pandemia del Covid-19, nos sumamos a las iniciativas existentes para pedir papeles, permiso de residencia y trabajo, para las personas que, viviendo entre nosotras, no gozan del reconocimiento de los mínimos derechos sociales.

Queremos sumar nuestra voz y nuestra voluntad a las iniciativas emprendidas desde CEAR, los Colectivos Antirracistas por la Regularización de las Personas Migradas y Refugiadas de Catalunya, la Red de Mujeres Migradas y Racializadas de Euskal Herria, SOS Racismo y tantos otros grupos.

El Covid-19 solo puede controlarse si existe un enfoque inclusivo que proteja los derechos de toda persona a la vida y la salud. Las personas migrantes y refugiadas están más expuestas que otros grupos sociales a la exclusión, el estigma y la discriminación, especialmente cuando están indocumentadas.

El virus ha demostrado que todos somos vulnerables, pero muchas personas migrantes están en mayor riesgo de sufrir las consecuencias, como nos describe el Consell Municipal d’immigració de Barcelona, en un párrafo que tristemente evoca, ordenadores por medio, las novelas de Dickens: «Personas sin papeles y en economía sumergida, sin opción a los recursos previstos ante la crisis; personas migradas mayores, sin red; personas recién llegadas que buscan refugio y no se han podido empadronar; personas muy vulnerables y aisladas (prostitución, sin hogar...); así como muchas personas en situación precaria y con niños a cargo, la gran mayoría viviendo de alquiler y a menudo en pisos compartidos, y que –como muchas otras en esta crisis– se quedan sin ingresos y no pueden hacer frente a los gastos de alimentación, al alquiler o disponer de ordenador y wifi para seguir la escolaridad».

Ante la crisis del Covid-19 el gobierno de Portugal ha aprobado que todas las migrantes, que hayan iniciado los trámites para su permiso de residencia, pasan a tener los mismos derechos que las y los ciudadanos portugueses y que todos los permisos, relacionados con extranjería, que expiraran después del 25 de febrero serán válidos hasta el 30 de junio de 2020. Una medida en esta dirección no ha sido siquiera sugerida por el gobierno español, ni solicitada por los agentes sociales con los que negocia la salida a esta crisis.

Insistimos sin descanso en que «ninguna persona es ilegal» y así lo reconoce la legislación internacional.

Pese a ello, el término se repite en los medios de comunicación y se cuela en nuestro lenguaje. Por ello es necesario afirmar una vez más que no hay personas ilegales, ni migrantes ilegales. El movimiento de personas no autorizado o no permitido por leyes restrictivas –como la indigna Ley de Extranjería– constituye un ilícito civil administrativo, y no un delito penal.

La vigente normativa emanada de esa Ley sitúa a las personas migradas en irregularidad administrativa, lo que conlleva su exclusión de todo tipo de derechos, y, en consecuencia, su explotación laboral y sexual, la marginalidad de la economía sumergida y su estigmatización y criminalización social.

El comunicado de prensa emitido conjuntamente el 31 de marzo de 2020 por ACNUDH, OIM, ACNUR y la OMS  señala que «Es vital que todos, incluidos todos los migrantes y refugiados, tengan garantizado el mismo acceso a los servicios de salud y se incluyan efectivamente en las respuestas nacionales al Covid-19, incluyendo la prevención, las pruebas y el tratamiento. La inclusión ayudará no solo a proteger los derechos de las personas refugiadas y migrantes, sino que también servirá para proteger la salud pública y frenar la propagación mundial de la Covid-19».

El mejor camino para garantizar la inclusión de las personas migrantes en situación irregular en las respuestas sociales al Covid-19 es proceder a su regularización extraordinaria, permiso de residencia y trabajo, no por motivos económicos –como sucedió en 2005 y proponen ahora los empresarios del campo para sus trabajadores– sino por motivos de salud, atención social y participación en la etapa de reconstrucción de la vida económica. El permiso de residencia sin permiso de trabajo deviene, en la práctica, en el derecho de los empresarios, grandes y pequeños, a la sobreexplotación de las trabajadoras y trabajadores sin contrato.

Es alentador escuchar en boca de Eduardo Cabrita, ministro en el Gobierno de Portugal, país miembro de la UE, que las medidas tomadas por su gobierno se toman con el fin de garantizar los derechos de todos los ciudadanos que están en Portugal y porque, ante la situación de crisis que se vive, es «importante garantizar los derechos de los más frágiles, como es el caso de los inmigrantes». Menos mal que nos queda Portugal.