Una mirada profunda y panorámica sobre el entorno europeo es suficiente para concluir que la viabilidad financiera del sistema de pensiones no está en juego, si se acometen medidas ya aplicadas en otros países. Lo que está en juego es la viabilidad social de un sistema de reparto justo y solidario que debe asegurar unas pensiones suficientes para garantizar un determinado nivel de bienestar y de rentas.

Es verdad que el sistema vigente lleva varios años presentando déficits en su saldo. Ello es fruto de la combinación de dos causas: la transición demográfica que consiste en la incorporación de los nacidos entre 1959 y 1977 a la población receptora de pensiones y que ya se percibe en el incremento del número de pensionistas; y la caída de la masa salarial fruto del desempleo, la extensión de las contrataciones a tiempo parcial y la devaluación salarial. La situación se dibuja complicada para los próximos tres decenios, aunque también se exagera o se esbozan previsiones conservadoras basadas en estimaciones sobre evolución de la esperanza de vida, flujos migratorios y tasas de ocupación de dudoso realismo. No obstante, aun y con supuestos cuestionables, las estimaciones sobre incremento del gasto en pensiones sobre PIB para los próximos decenios, dan unos resultados completamente asumibles como lo demuestran países de nuestro entorno con mayor esfuerzo presupuestario. La cuestión, por tanto, no es si el incremento del gasto en pensiones es asumible, que lo es, sino cómo sufragar el déficit de financiación que la jubilación de la generación «baby boom» va a generar y que la crisis económica y las respuestas neoliberales han adelantado en el tiempo y agudizado. Dicho de otra manera, no es un problema de gasto, sino principalmente un problema de ingreso.

Un numeroso grupo de pensionistas, donde destacan las mujeres receptoras de pensiones de viudedad, reciben cuantías por debajo del umbral de pobreza. Este es uno de los principales aspectos a mejorar en un sistema de protección social. Además, el esfuerzo que se realiza en pensiones sobre la renta generada, si bien se sitúa por encima de la media europea, dispone de margen de maniobra como nos muestran países avanzados de nuestro entorno que gastan mayor porcentaje del PIB en pensiones. Y las previsiones de incremento de gasto para los próximos decenios contempladas en el principal informe europeo, “Ageing Report 2018”, no arroja cifras alarmantes, sino un crecimiento razonable y asumible.

Las pensiones adolecen de importantes debilidades en los tramos más bajos y pueden incluso mejorarse. Pero las medidas adoptadas en las sucesivas reformas, especialmente las de los años 2011 y 2013, están enfocadas a la reducción del gasto, no a incrementar los ingresos. Las principales medidas regresivas son la ampliación del periodo de computación de la pensión base de 15 a 25 años (en 1984 eran dos años), el retraso de la edad de jubilación, la ampliación de 35 a 37 años de cotización para acceder a una pensión completa (en 1984 eran diez años), la obligación de jubilación anticipada con fuertes penalizaciones a personas mayores en paro, el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización. Todas estas reformas van a provocar una reducción de pensiones de entre un 8 y 35% para las generaciones futuras de pensionistas.

No existe mucho margen para el optimismo. No parece que el sistema actual de seguridad social transite hacia una mejora de pensiones que asegure unos mínimos por encima del umbral de pobreza a todos los pensionistas actuales y venideros. Esta es la razón principal para abogar en Hego Euskal Herria por sistemas propios de seguridad social que sean justos, progresivos, universales y de reparto. La justificación adecuada para un sistema propio no es que desde aquí se gestionaría mejor, o que podemos asegurar mejores pensiones sin dificultades. La razón fundamental es que frente al reto de asegurar unas pensiones dignas de jubilación a futuro en un contexto de envejecimiento y de baja natalidad, la administración central del Estado camina desde hace décadas por la vía de cambios de diseño orientadas a reducir gasto, en lugar de incrementar ingresos a través de cotizaciones o impuestos, y que la única manera de asegurar pensiones dignas para un porcentaje cada vez mayor de la población es transitar hacia otro modelo que suponga asumir colectiva e institucionalmente un mayor esfuerzo y un compromiso por rentas mínimas dignas para el conjunto de la sociedad.

No será fácil porque la situación de partida es deficitaria en cuanto al saldo entre ingresos y gastos en nuestras comunidades autónomas. Un déficit considerable en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, que no hay que minimizar, pero tampoco crear alarmismo. No es la comunidad autónoma que presenta mayor déficit, ni siquiera relativamente.

Las razones que se esgrimen en contra de un sistema propio son fundamentalmente dos: la inviabilidad financiera por el déficit actual entre ingresos por cotizaciones y gasto en pensiones contributivas, y la perdida de economías de escala de una gestión centralizada de un sistema mayor en número de cotizantes y perceptores. El segundo argumento es de orden menor, teniendo en cuanta que países con menos población disponen de un sistema de pensiones, que este gasto en gestión es porcentualmente reducido y que con una gestión eficiente se pueden hallar sinergias que lo aminoren.

El núcleo del debate se quiere situar en la viabilidad financiera, cuando debería establecerse en qué nivel y sistema de protección social desea esta sociedad para sus pensionistas y si esa aspiración puede garantizarse con el sistema centralizado actual. Parece bastante claro que esta sociedad aspira a una mejora progresista del sistema y rechaza los recortes en pensiones. Muestra de ello son las masivas movilizaciones y reivindicaciones de los pensionistas, a las que sería deseable se sumaran los movimientos sindicales, juveniles… ya que son los que más van a sufrir los efectos perniciosos de las reformas ya comentadas. Muestra de ello son que el sistema de lucha contra la pobreza complementa las pensiones exiguas (de forma insuficiente pero más que en ninguna otra parte del Estado), y que en el debate político hay propuestas de mejora significativa, como las Iniciativas Legislativas Populares por unas pensiones mínimas de 1080 euros o la propuesta de destinar 340 millones más al complemento de pensiones bajas que se discute en el Parlamento de Gasteiz.

No obstante, no debe rehuirse la cuestión de la viabilidad financiera, que es importante. En primer lugar, debe indicarse que la insuficiencia de ingresos en este sistema no es exclusiva de las cuentas vascas, también afecta al conjunto del Estado. Y al igual que en el Estado, el déficit surge hace pocos años. Aunque si la llamada hucha de pensiones en lugar de crearse en el año 2000 hubiera recogido todos los superávits generados décadas atrás y que se destinaron a los presupuestos generales, no estaríamos hablando de este tema porque habría financiación suficiente para cubrir los déficits previstos hasta el año 2046. En segundo lugar, la economía vasca tiene plena capacidad de hacer frente a este déficit, porque dispone de unas cuentas públicas más equilibradas y menos endeudadas, porque al igual que otros países que cubren hasta un 25% del gasto en pensiones mediante los presupuestos generales, las administraciones vascas lo pueden hacer debido al margen de mejora en la recaudación y en el gasto social si los comparamos con las medias europeas y debido a que yo lo están haciendo en parte a través del sistema de lucha contra la pobreza, y porque la estructura de mayores salarios redunda en mayores cotizaciones, que podrían ser crecientes con una regulación laboral que reequilibre la negociación colectiva a favor de los trabajadores, eleve el salario mínimo, dote de estabilidad a la contratación laboral y readecúe las bases máximas de cotización a la realidad salarial de este país.