Su organización y confluencia están siendo un modélico ejemplo de empoderamiento popular. Motivados por diferentes sensibilidades y cargando en su mochila variadas  experiencias de lucha social,  este amplio sector ciudadano irrumpió en nuestro escenario hace ya varios años. Fueron, en un primer momento, grupos  aislados que se desconocían. Urgidos por parecidos desafíos y coincidentes en parecidas batallas, establecieron entre sí coordinaciones territoriales. En una tercera y fundamental etapa, han configurado un movimiento de alcance nacional; rasgo clave que ha permitido acumular fuerzas y darle a su lucha una proyección más estimulante. Activistas de muchas canas y probada dignidad, han asumido como suya la defensa de las personas mayores; amplia población de riesgo especialmente vulnerable y continuamente espoliada.

Las sucesivas reformas promovidas por el corrupto  Estado español, han esquilmado las frágiles economías de millones de pensionistas para apuntalar con ellas al insaciable capital financiero.  Cambios en la sanidad pública, en el sistema farmacéutico, en la Ley de Dependencia han sido otros tantos zarpazos en las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos. La elevación arbitraria de los años de cotización ha dejado desguarnecidas a miles de personas mayores: el 40% de las pensiones vascas está por debajo de los 600 euros. Situación que roza la miseria y que, en gran medida, tiene rostro de mujer: amas de casa, viudas, quienes cotizaron menos tiempo del ahora requerido… La congelación de las pensiones que comenzó a aplicarse en 2011 ha provocado una continua pérdida de su poder adquisitivo que, según todos los indicios, se irá agudizando. 400 medicamentos han sido retirados del sistema de protección y personas con enfermedades crónicas se ven obligadas a prescindir de sus necesarios tratamientos porque no pueden pagarlos.

Las dentelladas del capital y la conciencia de lucha han lanzado al pensionariado vasco a las calles. En un gesto de dignidad colectiva, pedacearon públicamente la carta de la Ministra Báñez que les anunciaba un incremento del 0,25% en sus pensiones; siguiendo en la brecha, han convocado una manifestación nacional en Bilbao para el 16 de marzo. Se defienden de un Estado esquilmador pero hay quienes van más lejos: reivindican un sistema de pensiones propio ya que no aspiran a sanear España sino a perderla de vista. Consignas como «aquí cotizamos, aquí gestionamos» son un clamor en defensa de la capacidad de decisión; anhelo independentistas reivindicado, también, como salvaguarda de los pocos euros que aún quedan en el Fondo de Pensiones.  

Quienes reclaman un sistema de pensiones propio no sueñan con que los gestores locales les garanticen el reino de Jauja; los pensionistas podemos ser prostáticos pero no tontos. No olvidamos que fueron políticos locales quienes  dilapidaron la hacienda navarra y que el Gobierno de la CAV sigue derrochando fondos públicos para financiar obras faraónicas. Conocedoras de todo ello –y confiando que una gestión cercana será más fácil de controlar– las Plataformas de Pensionistas de Euskal Herria por los Derechos Sociales adoptaron una decisión importante: presentaron tanto al Parlamento Vasco como al de Navarra (¿cuándo seremos uno?) una Propuesta de Iniciativa Legislativa Popular que contempla dos demandas: que el sistema de pensiones esté en manos de los dos Gobiernos territoriales y que la pensión mínima sea, según lo estipula la Mesa Social Europea, de 1080 euros mensuales.

La desigual respuesta a dicha demanda ha permitido radiografiar las distintas sensibilidades que conviven en ambas instituciones. El Parlamento de Navarra le dio entrada y aceptó debatirla. La Mesa del Parlamento Vasco, por el contrario, la rechazó con los votos del PNV, PSE y PP. «El NO al debate, dicen los pensionistas, supuso una decepción; pensábamos  que los mandatarios públicos  tomarían  en cuenta las iniciativas de los grupos sociales». EH Bildu, por su parte, no sólo consideró razonable la propuesta sino que la hizo suya incorporándola a su proyecto de Soberanía Social.

Las Plataformas de Pensionistas no se han doblegado. Confiando en el poder popular, han decidido desborda las prohibiciones y llevar adelante la rechazada ILP (¿no es algo así la desobediencia civil?). Organizados en pequeños grupos y ubicados en lugares estratégicos, recogen firmas para impulsar sus justas demandas. Aunque tres fuerzas reaccionarias hayan intentado cerrarles el paso,  ellos están dispuestos –a pesar de sus artrosis o reúmas– a saltar por encima de los obstáculos. Cualquier persona que se adhiera con su firma a la iniciativa, está apoyando la lucha  del rebelde pensionariado vasco en defensa de unas pensiones justas y unas condiciones de vida dignas.